Por Andrés Cabanas
La indiferencia de medios de comunicación y actores político-económicos ante el asesinato de dos niños en Monte Olivo, Alta Verapaz, revela la estrecha connivencia entre poderes empresariales, gobernantes y mediadores de opinión, tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, los silencios institucionales alientan la impunidad y facilitan que hechos similares, incluso de mayor gravedad, vuelvan a repetirse.
En el análisis de los asesinatos de Monte Olivo es necesario tener en cuenta al menos cuatro elementos estructurales, que rebasan una visión local e individualizada (agresor en estado ebrio quien, de forma casual, comete un hecho condenable, sin que la empresa y gobernantes tengan responsabilidades).
El primer elemento contextual ubica los asesinatos como consecuencia de una permanente y cada vez más agresiva campaña de persecución de las luchas y de los movimientos en defensa del territorio (en general, de todos los movimientos sociales), a los que sistemáticamente se acusa de criminales, terroristas, aliados con actores espurios (narcotráfico y otros), o se deslegitima al pretender que actúan con desinformación y están cooptados, manipulados, asesorados y financiados por organizaciones de fuera (de la capital e internacionales). En el marco de una dictadura de facto (hipercentralización del poder y gobierno sin apoyo de la ley) se niegan derechos reconocidos constitucionalmente, entre otros la libertad de acción (hacer lo que la ley no prohíbe, artículo 5); los derechos de reunión y manifestación, que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados (artículo 33); el derecho de asociación (artículo 34); el derecho de libre emisión del pensamiento (artículo 35); la legitimidad de la resistencia para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados por la Constitución (artículo 45); el derecho a la consulta.
Al estar alentada desde el gobierno y las empresas, al ser replicada por importantes columnistas y medios de comunicación, la campaña genera un ambiente favorable a la persecución (física) de líderes comunitarios. Si en algunos momentos de los muy violentos pronunciamientos promovidos entre otros por la Fundación contra el Terrorismo (nunca rebatidos por autoridades) nos preguntamos cuándo se pasaría de las declaraciones a los hechos, la respuesta es que ya estamos en esa fase, y que parecen no existir límites en la espiral de agresión.
El segundo elemento analiza los asesinatos en el marco de la violencia estructural utilizada por las empresas para la implantación de su modelo. Este modelo, construido al margen de las voluntades comunitarias, de su identidad, historia y cultura, de su comprensión de la naturaleza como ser vivo y por tanto sujeto (no objeto a explotar), rompe dinámicas históricas y resquebraja las cohesiones (ya de por sí amenazadas) comunitarias y territoriales, así como lleva al límite la capacidad de sobrevivencia de la naturaleza.
A pesar de que empresas y gobierno insisten en que este modelo supone desarrollo para todos, se convierte en la práctica en impositivo, excluyente y violento. Al operar en contextos comunitarios muy adversos, hace imprescindible el uso de la fuerza, al tiempo que utiliza el diálogo de forma táctica y complementaria.
El Estado neoliberal extractivista, oligarca, racista, patriarcal y militar, presente en Monte Olivo
Tercer elemento: la democracia guatemalteca (siempre en construcción) y la lógica de la paz (debilitada-extenuada) se resienten ante el empuje de las empresas, especialmente desde la llegada al poder de los operadores del proyecto oligárquico-militarista: el equipo de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota.
Las dinámicas colectivas se pliegan ante la pulsión de intereses individuales y mercantiles, tanto de empresas extranjeras como de negocios nacionales o, en la mayoría de los casos, interconectados. Los derechos individuales, sobre todo la propiedad privada y la libre locomoción (en general todos los derechos y leyes favorables a la inversión privada inconsulta) dominan sobre los derechos sociales y colectivos.
Sobre este esquema neoliberal extractivista se superponen en Monte Olivo (y en la mayoría de los conflictos alrededor de empresas extractivas) las agendas oligarca y racista con sus correspondientes Estados (Estado neoliberal extractivista, Estado oligarca y Estado racista, siguiendo al intelectual ecuatoriano Alberto Acosta).
El Estado neoliberal promueve la mercantilización incondicional de los territorios. El Estado oligarca considera Guatemala su finca, por lo que no necesita disponer de permisos para actuar en ella. El Estado racista acepta, asume y relativiza la agresión sobre poblaciones indígenas (a las que apenas se otorga actoría social y política). Añadimos que el Estado patriarcal legitima las violencias sobre los cuerpos de las personas (como instrumento de dominación) y, en la Guatemala de hoy, se fortalece el componente militarista como medio y como espacio de acumulación y poder en sí mismo.
¿Y la indignación?
En este clima de mercantilización versus derechos sociales y de los pueblos no tiene cabida la indignación colectiva. “La lógica de mercado y la política extractivista que se aplica en Guatemala, llevan implícita la naturalización de una cultura de muerte. Como sociedad estamos insensibles ante los asesinatos de Hageo Isaac de 13 años y David Estuardo de 1 años”, afirma la escritora feminista Paula Irene del Cid Vargas.
Se pregunta el periodista y escritor Miguel Ángel Sandoval: “la muerte por asesinato de dos niños de la comunidad Monte Olivo, hijos de un líder comunitario, debería ser motivo para un duelo nacional. Pero también, para ver con lupa el trabajo de las empresas privadas de seguridad en los llamados mega-proyectos. ¿Es el reino de la impunidad tolerado?”
Aparente contradicción: el Estado que busca homogeneizarnos, que nos recuerda que todas y todos somos guatemaltecos y nos cobija bajo una misma bandera, se olvida en Monte Olivo de plegar esta bandera en señal de duelo, como mínimo gesto simbólico. Lo visible es la indiferencia institucional y de todos los actores de poder.
Sin esperar otras respuestas oficiales, el reto debe ser la deducción de responsabilidades en los asesinatos, las materiales y las estructurales-intelectuales, independientemente de si se puede demostrar o no que la empresa dio la orden de disparar. Sobre esta cadena de responsabilidades (unas directas, otras indirectas, unas presentes en el momento de los hechos, otras latentes) debe ejercerse el seguimiento político y jurídico a los asesinatos de Monte Olivo, al tiempo que se fortalece la solidaridad entre personas y comunidades, la exigencia de justicia y la solicitud de resarcimiento a las familias afectadas.
Además, es fundamental convertir el dolor y la indignación en “unidad de las luchas”, como propone el dirigente q´eqchi´Melvin Picón, lo que implica la incorporación de ciudadanía pasiva sin derechos a los procesos de concientización y movilización.
La lectura final (cuarto elemento) de lo sucedido en Monte Olivo debe tomar en cuenta la extrema polarización social (manifestada también en el ejercicio de la justicia por mano propia contra el agresor). La polarización deriva de la ofensiva económica violenta de las empresas (falsamente denominada desarrollo y apoyada en los poderes del estado), que no guarda relación con los intereses y demandas de las comunidades.
La reconstrucción, construcción y fortalecimiento de articulaciones entre organizaciones, comunidades, pueblos y personas en lo individual, alrededor de la defensa del territorio, la naturaleza y las personas; la defensa en definitiva de la vida contra todas las formas de violencia y agresiones (sobre la tierra, los cuerpos, la cultura, la memoria, la historia…) es la garantía para detener esta ofensiva depredadora y evitar que la conflictividad –y la historia- se desborden de nuevo.
Nota
El título del articulo se inspira en el documental Todo el dolor de Monte Olivo, elaborado por Marcha Indigena, Campesina y Popular.
Relato del asesinato
El día 14 de agosto tres personas particulares, identificándose como supuestos Policías, llegan al local donde trabaja el líder comunitario David Chen, indicándole que tienen que capturarlo para presentarlo en el juzgado de Cobán. Sin embargo, al requerirles la orden judicial, no la muestran e ingresan a la fuerza al local para someter al líder comunitario y llevárselo secuestrado. Por la intervención de líderes que en ese momento se percatan de la presencia de dichas personas no logran su cometido y huyen del lugar.
El viernes 23 de agosto el señor Guillermo Pacay Bol llega a la casa de habitación del líder comunitario David Chen preguntando por él. Al darse cuenta que no se encuentra, intimida al padre y hermano de David Chen con el arma de fuego, luego acciona el arma y en ese momento causa heridas de gravedad a los niños Hageo Isaac Maas Guitz quien sufre una herida de bala en la tráquea y al niño David Estuardo Pacay Maas herido en el cráneo, en estado grave, es trasladado a la capital al hospital San Juan de Dios. Fallecen los días 27 y 26 de agosto, respectivamente.
Texto completo: http://es.scribd.com/doc/163776547/Historia-Monte-Olivo
Referencias
Todo el dolor de Monte Olivo: http://www.youtube.com/watch?v=aS0depYI7oc
Historia de Monte Olivo, elaborada por organizaciones sociales: http://es.scribd.com/doc/163776547/Historia-Monte-Olivo
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej: http://convergenciawaqibkej.wordpress.com
Marcha Indígena Campesina y Popular: https://www.facebook.com/pages/Marcha-ind%C3%ADgena-campesina-y-popular/207724279334698?fref=ts
No hay comentarios:
Publicar un comentario