Adazahira Chávez
LaHaine y Desinformemonos 24 septiembre 2013
Ante la profundización neoliberal, se radicalizarán los movimientos y no se descarta un represión "total", indica el intelectual Gilberto López y Rivas
México. Los primeros diez meses del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder dejan a los mexicanos mensajes muy claros: las reformas estructurales neoliberales se profundizarán a como dé lugar, y quien no se discipline y entre en un relación corporativa con el Estado, será reprimido mediante el aparato judicial, coinciden el antropólogo Gilberto López y Rivas, el abogado mixteco Francisco López Bárcenas y José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh). “Asistimos al pleno despliegue del PRI”, apunta López y Rivas.
López Bárcenas, quien ha estudiado las reformas referidas a la tierra, aguas y minas, señala que vivimos un profundización del desmantelamiento del Estado nacional “para convertirlo en una empresa al servicio de los capitalistas”. El antropólogo López y Rivas señala que lo que el Estado busca es “imponer a como dé lugar las reformas estructurales neoliberales”, independientemente de quién ocupa el titular del ejecutivo. Lo que sí distingue al gobierno peñista, destaca, es la forma de hacerlo, pues fue totalmente intencional sacar primero la laboral, seguir con la educativa-laboral y luego con la hacendaria, “para que quede todo instalado para la gran reforma: la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el secuestro de la renta petrolera”.
Entrevistado por Desinformémonos, López y Rivas resalta un continuismo en las políticas de imposición de reformas neoliberales desde Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta la fecha, sin importar el partido que esté en la silla presidencial. Coincide el intelectual mixteco Francisco López Bárcenas, quien señala que lo que vivimos es la profundización de lo que Carlos Tello Macías llamó “La revolución de los ricos”. José Rosario Marroquín agrega que las reformas estructurales son impuestas sin consultar a la población y afectan sus derechos.
“Hay ciclos de desmantelamiento del Estado y del futuro de México como nación. Comenzaron dando incentivos fiscales a las empresas, después le vendieron las paraestatales a la iniciativa privada, luego adecuaron el Estado a sus intereses, posteriormente facilitaron la intromisión del capital transnacional a través de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la modificación de leyes e instituciones mexicanas, y ahora vemos una profundización” que el Partido Acción Nacional (PAN), por inexperiencia, no pudo realizar, informa el autor de El fuego y las cenizas.
López y Rivas, quien renunció en al año 2003 al Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su “alejamiento de sus principios éticos”, agrega que otro punto de continuidad con los gobiernos anteriores es la política relacionada con el crimen organizado, de “connivencia, simulación y persecución de los mecanismos comunitarios que luchan contra él”, así como la falta de respuesta a la seguridad de los ciudadanos, “abandonados en manos de distintos cárteles”. La diferencia, precisa, es que ahora ya no se usa el término “guerra”, que el panista Felipe Calderón lanzó al inicio de su gestión.
Derechos humanos, sólo en el papel
En la parte oficial del gobierno, señala José Rosario Marroquín, hay una intención se señalar que hay preocupación por los derechos humanos, “pero en la práctica no se traduce en un compromiso claro. Por ejemplo, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo se convocó a las organizaciones defensores de derechos humanos, pero el tema quedó en mínimo y para nada transversal. Se habla mucho de derechos humanos, dicen que es eje rector de la política, se argumentan logros, pero en lo cotidiano no se traduce en un mayor respeto y protección de los derechos”.
Marroquín habla de retrocesos en la materia. Un caso, apunta, son los intentos por restringir la reforma constitucional en materia de derechos humanos hecha por Calderón, uno legislativo y otro a través de la Suprema Corte. Otros temas de preocupación son la impunidad en las violaciones a derechos humanos, y la desvinculación de las políticas públicas de este enfoque, tanto de seguridad como en programas como la Cruzada contra el Hambre. Pero el retroceso más grave, indica, es con respecto al derecho de los colectivos a encontrar canales de manifestación y que sus voces sean escuchadas.
Un papel destacado en la cerrazón gubernamental la tiene el Pacto por México, “que no tiene un lugar claro en la estructura gubernamental pero parece ser la instancia máxima del país, con metas ya fijadas de antemano y sin consulta previa. Se dan reformas que no toman en cuenta las necesidades de los diversos sectores sociales, especialmente de aquellos en marginación”, indica el defensor de derechos humanos. Estos caminos cerrados “nos dejan como opción protestar y expresarnos por todos los medios que consideramos derechos nuestros. Ahí se ha dado una situación de represión”.
El primer episodio represivo del sexenio tuvo lugar precisamente el día de toma de posesión de Peña Nieto, durante las protestas convocadas por el movimiento #YoSoy132 y otras organizaciones sociales. Desde ese momento y como resultado del disparo de proyectiles lacrimógenos, el artista Francisco Kuykendall permanece en un estado de salud muy delicado; tres meses después, desapareció Teodulfo Torres Soriano, amigo del artista y quien videograbó el instante en que el gas impactó a Kuykendall. Integrantes de su colectivo, quienes piden omitir su nombre por seguridad, consideran el episodio como desaparición forzada, relacionada con la participación de Torres como testigo de la averiguación sobre las heridas a Kuykendall.
Pueblos indios, ignorados
La estrategia hacia los pueblos indios es el despojo, aclara López Bárcenas, y la política es ignorarlos. “Hace décadas que en México no hay un gobierno nacional, se desmanteló el Estado y lo que hay son administradores de los intereses de las empresas. Los gobiernos facilitan que se haga el despojo porque no les interesan los ciudadanos, sino proteger los privilegios de los grandes empresarios”. El intelectual agrega que si se revisa a los altos cargos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), se trata de “gente que nunca ha luchado por los pueblos; en el mejor de los casos, son indígenas que han vivido del discurso de lo indígena”.
El despojo no solamente se refiere a territorio y recursos, aclara López Bárcenas, sino también a su capacidad de gestionar su desarrollo, organizarse ellos mismos, y aceptarlos con su diversidad cultural e ideas sobre el futuro.
López Bárcenas contrasta esta indiferencia con el resurgimiento de las demandas centrales de los pueblos indígenas, como la defensa del territorio y recursos naturales, y el autogobierno, a las que no se les da un seguimiento serio. “Lo que se ha hecho con ellos es reprimir o mediatizar, y eso habla de una ignorancia de los pueblos como sujetos de derecho y de la ausencia de una política de Estado de garantizar que se respeten sus derechos”.
Negociación y garrote
El 12 de septiembre de 2013, el Primer Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación negó el reconocimiento de inocencia para el preso tzotzil Alberto Patishtán. Al día siguiente, desalojó con violencia a los profesores, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantuvieron un plantón en el Zócalo capitalino en exigencia de que se derogue la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución que, señalan, privatizará la educación y afectará su estabilidad laboral, y para pedir una audiencia directa con el presidente Peña Nieto. Estos hechos, sumados al lanzamiento del paquete de reformas (laboral, educativa, hacendaria y el anuncio de la energética), dan un ejemplo claro de la operación del Revolucionario Institucional y sus aliados, consideran los entrevistados.
López y Rivas resalta el manejo “más retórico” de los conflictos: “Se trata de la simulación de negociación y el garrote que caracterizan al PRI. Negocian para que no dé resultado, como en el caso de los maestros -que los llevaron a los foros sin ningún resultado y sin tomar en cuenta sus opiniones para la reforma. Eso se liga con la represión posterior”.
Un ejemplo de la política priista de negociación simulada-represión, abunda el antropólogo y ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, se encuentra en Jaime Martínez Veloz, comisionado de la secretaría de Gobernación para los pueblos indígenas, “que va por el país ofreciendo migajas pero no cambia nada. Hay demagogia, hay retórica y hay Martínez Veloz. Lo mismo es en el caso de Osorio Chong (secretario de Gobernación) con los maestros”.
Francisco López Bárcenas incluye a las reformas estructurales, la respuesta gubernamental a la CNTE y el fallo que le negó la libertad a Patishtán como parte de la política de despojo que se aplica en toda la nación: “Los maestros protestan por la reforma constitucional y la evaluación, ligada al despido, detrás de lo cual existe un modelo educativo de mercantilizar el conocimiento. No es casualidad que sean los privados –como Claudio X. González y Televisa- quienes estén en contra del movimiento magisterial. Con Patishtán, comprobado, no cometió ningún delito, pero el Estado necesita escarmentar en alguien y dar ejemplo de qué le puede pasar a los que protesten”.
“El mensaje es muy congruente: que las reformas se impondrán pese a quien le pese y que el aparato judicial será usado como medio represivo, a juicio del ejecutivo y de manera discrecional”, abunda López y Rivas. Para el académico, el manejo discrecional del aparato de justicia incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “que no es ni suprema ni de justicia”. Advierte que la oposición será castigada a partir de acusaciones judiciales con todo tipo de delitos, “incluyendo un modernización del delito de disolución social. El regreso del viejo PRI es el mismo en cuanto a impunidad total y represión”. Llama la atención sobre el uso del término de “limpieza” del Zócalo en el operativo de desalojo, una “terminología racista y clasista, que anuncia un régimen de limpieza social y étnica”.
Para el colectivo de Teodulfo Torres, el mensaje tras la desaparición del activista “es decir, estense quietos, no se metan, pues tengo todo el poder para agredir”, valoran. Torres “era un tipo muy tranquilo, gente de trabajo, sencillo y con ganas de cambiar al mundo”.
El fallo sobre Patishtán, apunta Marroquín, director del Prodh, “envía el mensaje de que los caminos institucionales no bastan para hacer justicia, y que lo único que nos queda es no comportarnos como ciudadanos que exigen derechos, sino más bien en la vieja relación clientelar entre el poder y la sociedad: la gente tendrá beneficios en la medida en que se sujete a lo que desde el poder se determine. En el ámbito de la justicia penal, se trata de que quien no se discipline y no forme parte de este proyecto de sociedad, le espera toda esta serie de obstáculos”.
En el caso de la desaparición de Teodulfo Torres, la Procuraduría General de la República se negó a tipificar el caso como desaparición forzada. El colectivo del desaparecido Torres considera que el gobierno “no se quiere investigar a sí mismo”, pero vincula claramente el episodio con la grabación que hizo de la agresión a Kuykendall, pues “documentó una violación a derechos humanos flagrante por parte del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal”. La Procuraduría “investiga todo menos los hechos del 1 de diciembre, aunque reconocen que El Tío declararía como testigo justo el día que desapareció, en la demanda de la familia de Kuy contra el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y Manuel Mondragón y Kalb”.
Grupo dominante de todos los partidos
El viejo aparato priista es el que opera todas las estrategias de Peña Nieto, indica López y Rivas. “Echaron a un lado la basura del PAN que no le servía, y los usan para operar el Pacto por México, al igual que la parte de la estructura del PRD que se acercó limosneando secretarías de Estado, como en el caso de Rosario Robles, Graco Ramírez, el gobernador de Tabasco y el de Guerrero”, en una clara complicidad para imponer reformas y reprimir en la que “Mancera juega el papel del policía bueno”.
La política hacia los pueblos indios la opera el grupo del secretario de Gobernación, Osorio Chong, en dos sentidos: la directora de la CDI es gente de su equipo e impulsa las políticas de seguridad, y por el otro lado está el Comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, que estructuralmente es su subordinado, y que más que un diálogo, hace una labor de desactivar los conflictos, explica López Bárcenas. Desde antes del regreso del PRI al poder se comenzó a notar “un especie de política de contrainsurgencia, en el sentido de cómo desactivar las policías, comunitarias, con el apoyo del general colombiano Oscar Naranjo -quien llegó a decir que casi eran un para-Estado”.
No todo sale bien
López y Rivas considera que aunque están imponiendo las reformas, incluyendo la petrolera, “las cosas no les salen conforme lo planeado”, pues hay un gran descrédito público. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a pagar “el precio que sea” para imponerse. La represión en el Zócalo levantó simpatías de gente que estaba bajo la campaña mediática de odio, explica el académico, “lo que se reflejó en la ceremonia del Grito de la Independencia en el desfile militar, a los que debieron traer hordas de gente de estado de México y familiares de todo el aparato represivo del Estado para llenar las calles”.
Los desastres naturales, indica López y Rivas, son usados para echarle agua al conflicto magisterial, “pero la economía está en un impasse que no pueden negar, lo que trae un desgaste en la legitimidad y credibilidad a pesar de los esfuerzos de la dictadura mediática”. El antropólogo agrega a sectores medios “que empiezan a darse cuenta del enorme hueco que ocasionarán las reformas hacendaria y energética, y que empiezan a mostrar sensibilidad respecto al magisterio que resiste heroicamente toda la fuerza del Estado”.
El antropólogo vislumbra un escenario de incertidumbre total, gran confrontación social y dimensiones catastróficas de lo que llama el desastre nacional. “Se ve la limitación de la opción electoral -con la repulsa light de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) como única forma de resistencia, personalizada en Andrés Manuel López Obrador, y las contradicciones en el PRD y Morena, con dirigencias colaboracionistas y demasiado gentiles con el sistema como para tener éxito”. El político predice que se radicalizarán los movimientos, y no descarta un represión “total” por parte del gobierno peñista, pues “es la madera que mostró en Atenco”.
Para López Bárcenas, si alguien defenderá a México serán los pueblos indígenas, “no tanto porque sean nacionalistas, sino porque en ello les va la existencia. Y con ellos, muchos sectores progresistas que creen en México como nación”. El problema es que cada sector tiene diferentes formas de reaccionar, apunta, “pero lo que falta es articularse en un gran proyecto que les dé una fortaleza importante para oponerse a las políticas estatales. Sabemos qué sí y que no queremos, pero nos falta el cómo”.
Para representar el sentir nacional, indica López y Rivas, no servirá la demanda del magisterio, centrada en lo laboral y la pérdida de derechos, ni “personalidades moderadas que piden permiso para protestar, sino el conjunto de las luchas”. El académico considera que “muchas organizaciones entienden que es necesaria una coordinación más allá de personalidades, oportunismos electoreros y gremialismo”, indica.
“Cada sector tienen que superar su corporativismo, porque por sí solo no puede llevar adelante una oposición con éxito. Tiene que ser conjunto de luchas que se superen a sí mismas y unifiquen a los sectores damnificados”, valora el antropólogo, quien señala que quienes tengan esa capacidad podrán representar ese sentir nacional. “Si no, serán barridos en la dinámica de cooptación, atomización, regionalización de los movimientos”.
El escenario para los cinco años y dos meses que quedan de esta presidencia es de “más luchas, más conflictos, más represión y más manifestaciones”. Salir adelante, valora, depende de que el pueblo mexicano “tenga capacidad reflexiva y para aglutinar sus luchas”.
López Bárcenas indica que, por un lado, está el capital financiero que quiere apoderarse de todo; por otro, un gobierno que se lo facilita; y en su oposición, los pueblos y la ciudadanía que resisten.
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