31 de Octubre 2013
Luz Méndez Gutiérrez(ii)
En este artículo se narran y se analizan las historias de lucha por la justicia que han emprendido dos grupos de mujeres indígenas del pueblo q´eqchí de Guatemala, quienes viven el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El primer grupo está conformado por quince mujeres de la comunidad Sepur Zarco, que interpusieron en el sistema de justicia de Guatemala una demanda penal por esclavitud sexual en un destacamento militar durante el conflicto armado. El segundo grupo lo integran once mujeres de la comunidad Lote Ocho, quienes presentaron en Canadá una demanda legal contra una empresa minera transnacional, por violaciones sexuales perpetradas por sus agentes de seguridad en Guatemala.
Elementos del contexto
Los acontecimientos que se relatan en este artículo tuvieron lugar en la región del Valle del Río Polochic, la cual abarca varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el nororiente de Guatemala. Esta región es rica en recursos naturales, como fértiles tierras, abundante agua, petróleo, níquel y otros minerales. En esta región se vive actualmente un proceso de reconcentración de la tierra para la producción de agro combustibles, tales como la palma africana y la caña de azúcar, así como la intensificación de la extracción minera. Dichas actividades se han impulsado a costa de nuevos despojos de tierras a la población campesina, generando conflictividad social, violencia y profundización de la aguda desigualdad en la estructura de tenencia de la tierra. Según el último censo agropecuario, el 57% de la tierra se halla en poder del 2% de propietarios, mientras que, en el otro extremo, el 3% de la tierra corresponde al 45% de propietarios (INE, 2004).
Al finalizar el conflicto armado, que duró más de 30 años, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, reveló que durante ese período, en el marco de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror, en grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (CEH, 1998: 13)
Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 hubo avances importantes en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Para los movimientos sociales esto significó la apertura de espacios para la participación ciudadana y la incidencia política, que ha dado como resultado la construcción de un marco legal favorable a los derechos humanos. Sin embargo, durante los años recientes se ha dado un proceso de involución, afectando especialmente al sistema de seguridad. Actualmente uno de los grandes problemas que afronta la ciudadanía son los altos índices de violencia delincuencial. En esto inciden viejos problemas socioeconómicos, políticos e institucionales no resueltos, así como el incremento de la economía criminal, particularmente el narcotráfico. En ese contexto, el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres se han incrementado.
Los hechos de violencia sexual contra mujeres q´eqchís
Las mujeres de Sepur Zarco. En el marco del conflicto armado, mujeres del pueblo q´eqchí de varias aldeas de Izabal y Alta Verapaz fueron víctimas de esclavitud sexual en el destacamento instalado por el ejército en la aldea Sepur Zarco. En agosto de 1982 las mujeres fueron violadas sexualmente por los soldados, en sus casas, frente a sus hijos e hijas. Unos días antes miembros del ejército habían secuestrado y desaparecido de manera forzosa a los esposos de las mujeres. Ellos eran campesinos que se habían organizado para obtener los títulos de propiedad de sus tierras. A partir de ese momento las mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante períodos que van de seis meses a seis años. Organizadas por “turnos”, ellas fueron forzadas a presentarse cada dos días al destacamento, en el cual fueron violadas en forma sistemática y múltiple. A la esclavitud sexual se sumó la esclavitud doméstica, ya que tenían la obligación de preparar la comida y lavar los uniformes de los soldados. La explotación económica llegó al extremo de ser forzadas a proporcionar el maíz y el jabón, lo cual implicó que los hijos de las mujeres fueron sometidos a niveles extremos de pobreza y hambre (Méndez, 2012).
Las mujeres de Lote Ocho. El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fue víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. La CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera transnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.
Los dos grupos de mujeres fueron víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos. A las mujeres de Sepur Zarco, además de la violencia sexual y el asesinato o desaparición forzada de sus esposos, los soldados les destruyeron sus casas, cosechas y otros bienes materiales. Lo mismo ocurrió en la comunidad Lote Ocho donde los guardias de la CGN y los agentes del Estado quemaron las casas y las siembras. Mujeres de ambos grupos fueron forzadas a refugiarse en las montañas para escapar de la represión. Durante el desplazamiento murieron varios hijos e hijas de mujeres de Sepur Zarco, producto de enfermedades y la falta de alimentos.
Las secuelas
Las secuelas de la violación sexual son profundas y de larga duración. Entre las consecuencias físicas, las mujeres protagonistas de estas historias tuvieron abortos, embarazos forzados, incapacidad de volver a concebir, dolores que les han durado por muchos años, así como otras enfermedades.
Entre las secuelas psicosociales destacan el impacto del silencio y la estigmatización. Las mujeres de Sepur Zarco guardaron silencio durante 25 años sobre la violencia sexual vivida. Las mujeres de Lote Ocho también callaron durante varios años sobre la violación sexual. El tener que mantener en silencio hechos de tan profundo impacto en sus vidas, ha sido una pesada carga para ellas. La estigmatización social, que ha afectado a los dos grupos, ha tenido una especial crudeza para las mujeres de Sepur Zarco. El rechazo y los señalamientos contra ellas en su propia comunidad, en donde incluso han sido calificadas como “las mujeres malas”, les ha causado gran sufrimiento.
La violación sexual es el único crimen por el cual socialmente la vergüenza y la culpa recaen en los hombros de las propias víctimas y no en los perpetradores. Allí se halla la principal raíz del silencio forzado y la estigmatización social. Además, tales impactos son resultado del hecho que la violación sexual no se interpreta como una violación a los derechos humanos, como un problema social y político, sino como algo que corresponde al ámbito de la esfera privada.
Pasado-presente: el continuo de violencia sexual contra mujeres indígenas
La investigación en curso sobre acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas, revela la existencia de patrones similares en la violencia sexual perpetrada contra mujeres q´eqchís en el pasado y el presente. Aún cuando median treinta años entre unos hechos y otros, las mujeres de los dos grupos fueron violadas en forma atroz, masiva y múltiple. Para comprender este continuo de violencia es necesario analizar la forma en que se entrelazaron en la vida y los cuerpos de las mujeres la opresión de género, el racismo contra los pueblos indígenas, así como la conflictividad agraria, que para el grupo de Sepur Zarco se expresó en el contexto del conflicto armado.
El despojo de tierras y la violación sexual de mujeres indígenas son dos problemas estructurales que han estado íntimamente entrelazados en la historia de Guatemala. Este vínculo despojo de tierras-violación sexual se halla en la base de las violaciones sexuales contra las mujeres de Sepur Zarco y Lote Ocho. Las mujeres de los dos grupos identifican que las condiciones contextuales que dieron origen a la violencia sexual que sufrieron están íntimamente vinculadas a las luchas comunitarias por la defensa de sus tierras. Las mujeres de Sepur Zarco explican que la violencia sexual de la cual fueron objeto es resultado de la represión contra los campesinos indígenas que se organizaron para obtener los títulos de propiedad de sus terrenos. La violencia vino porque luchamos por la tierra. (SZ.1-9). Para las mujeres de Lote Ocho el despojo de tierras y la violación sexual son dos violaciones a los derechos humanos que sufrieron de forma simultánea. Durante el segundo desalojo fue cuando nos hicieron el daño, en este segundo desalojo fue cuando fuimos violadas (L8.3-1).
En efecto, durante los hechos de violencia contra las mujeres de Lote Ocho y Sepur Zarco la violación sexual fue utilizada como mecanismo de control y sometimiento, como un medio de intimidación y castigo hacia las mujeres y sus comunidades, las cuales se habían organizado para defender sus tierras ancestrales. En ambos casos la violación sexual fue una herramienta para el despojo de tierras a la población campesina indígena. Además, la violencia sexual de la cual fueron objeto las mujeres de Sepur Zarco fue utilizada como arma de guerra en el marco de la política contrainsurgente del Estado durante el conflicto armado.
La dominación de género o sistema patriarcal jugó un papel central durante los hechos de violencia contra los dos grupos de mujeres, ya que aportó una ideología, así como un conjunto de normas y prácticas sociales que asignan a las mujeres una condición social de subordinación, mientras que otorga a los hombres una posición de supremacía. La violencia contra las mujeres constituye un componente estructural del sistema de dominación de género. Una de las características distintivas de este tipo de violencia es que se halla no sólo legitimada sino también normalizada socialmente.
En los imaginarios patriarcales los hombres socialmente tienen el derecho de poseer y controlar a las mujeres, para lo cual el repertorio de mecanismos utilizados incluye la utilización de la violencia. La lógica patriarcal de concebir a las mujeres como propiedad de los hombres fue funcional a la política contrainsurgente durante el conflicto armado. El cuerpo femenino, que también se interpreta como territorio, fue utilizado para afirmar dominio y demostrar poder sobre otros hombres. La misma lógica aplica respecto a las violaciones sexuales contra las mujeres durante los desalojos de tierras en la época actual.
El racismo contra los pueblos indígenas ha facilitado la perpetración de la violencia sexual contra las mujeres indígenas, al profundizar su condición de inferioridad social. En Guatemala el 41% de los habitantes se identifica como indígenas y el 59% como no indígenas (INE, 2002). Los pueblos indígenas están compuestos por 23 grupos etnolingüísticos, mayoritariamente provenientes del pueblo maya. Una de las mayores riquezas de Guatemala es su diversidad étnica, cultural y lingüística. Sin embargo, históricamente estos pueblos han sido sometidos a un acendrado racismo, el cual se halla especialmente arraigado en la elite económica dominante. No obstante, el racismo ha penetrado todas las clases y grupos sociales, llegando a naturalizarse de tal manera que incluso las clases subalternas lo utilizan como elemento de recreación de su propia identidad (Casaúz, 2008: 20).
Abriendo brecha en la búsqueda de justicia
Las mujeres de los dos grupos buscaron justicia por senderos diferentes. En ese caminar las principales estrategias que han utilizado han sido la organización de grupos de mujeres –lo que les permitió contar con un espacio de confianza para hablar sobre la violencia sexual–, así como la construcción de alianzas con organizaciones feministas y de derechos humanos, a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones han trabajado conjuntamente con los dos grupos de mujeres, desde una visión de transformación social.
Las mujeres de Sepur Zarco, en el marco de la justicia transicional, participaron en un proceso de construcción de memoria histórica y tomaron parte en el Primer Tribunal de Conciencia sobre violencia sexual durante el conflicto armado. Además, en 2011 presentaron una demanda penal en el sistema de justicia de Guatemala por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas por agentes del Estado durante el conflicto armado.
Por su parte, las mujeres de Lote Ocho acudieron a cortes canadienses para obtener resarcimiento y justicia por los delitos de violación sexual perpetrados por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), que era subsidiaria de la transnacional canadiense HudBay Minerals cuando ocurrieron los hechos de violencia contra las mujeres. Ellas presentaron la demanda conjuntamente con la viuda de un profesor que fue asesinado y un joven que fue herido y dejado parapléjico por guardias privados de la CGN durante otros desalojos violentos de tierras. Se trata entonces de tres demandas presentadas en el sistema de justicia de Canadá.
A la fecha los dos grupos de mujeres han tenido avances importantes en la búsqueda justicia. Un juzgado de Guatemala aceptó dar curso a la querella penal presentada por las mujeres de Sepur Zarco y un tribunal de alto riesgo escuchó los testimonios de las demandantes, en calidad de prueba anticipada, durante 2012. Por otro lado, un tribunal de Ontario, Canadá emitió en 2013 un fallo aceptando conocer la demanda legal presentada por las mujeres de Lote Ocho, así como los otros demandantes, contra HudBay Minerals.
Los dos grupos de mujeres son protagonistas de procesos legales sin precedentes. Con sus luchas estas mujeres q´ueqchís están abriendo brecha para el acceso de las mujeres a la justicia, en los ámbitos nacional e internacional. La relevancia del caso de Sepur Zarco se halla en que es la primera vez que un tribunal nacional conoce crímenes de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Casos de otros países han sido conocidos en cortes internacionales. Esto constituye un valioso aporte a las luchas para poner fin a la violencia sexual durante conflictos armados, una de las más generalizadas y más silenciadas violaciones a los derechos humanos en situaciones de guerra. El significado del fallo de la Corte de Justicia de Canadá proviene del hecho que es la primera vez en la historia legal de ese país que se admite juzgar a una empresa canadiense por su conducta en otros países. Con esto se lanza un fuerte mensaje para impedir que empresas extractivas transnacionales canadienses violen los derechos humanos en Guatemala y otros países.
Los procesos legales aquí expuestos aún no han concluido. Son muchos los obstáculos y retos que las mujeres enfrentan en el camino que emprendieron para alcanzar justicia. En primer lugar se halla el contexto de violencia y conflictividad agraria en la región donde viven. Además, las mujeres de Sepur Zarco se sienten permanentemente amenazadas por el hecho de que conviven en las mismas comunidades con varios de los perpetradores de la violencia sexual que vivieron. Por su parte, las mujeres de Lote Ocho están siendo sometidas a enormes presiones y chantajes por parte de la Compañía Guatemalteca del Níquel con el fin de que retiren la demanda legal en Canadá.
No obstante, lo avanzado hasta ahora por estos grupos de mujeres, renueva las esperanzas de que es posible organizarse y construir alianzas para romper el silencio y luchar para poner fin a la impunidad por violación sexual y otros graves crímenes cometidos contra las mujeres y sus comunidades. En el largo plazo lo que se busca es construir una sociedad justa, con respeto a los derechos humanos y sin violencias de ningún tipo.
(i) Artículo publicado en el boletín internacional Múltiples No. 20, octubre 2013, Just Governance Group, Canadá. Este artículo refleja algunos de los hallazgos de la investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.
(ii) Luz Méndez Gutiérrez es investigadora y activista social, cuyo trabajo se enfoca en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la plena participación de las mujeres en procesos de justicia y paz. Tiene una maestría en administración pública y especialización en estudios de género. Actualmente coordina el proyecto de investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala, una iniciativa colaborativa entre el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–, en Guatemala, así como la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en Colombia.
Bibliografía:
Casaús Arzú, Marta Elena (2008). Genocidio, ¿la máxima expresión de racismo en Guatemala? Guatemala: F&G editores.
Comisión de Esclarecimiento Histórico 6–CEH– (1998). Memoria del Silencio, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. Tomo III, Guatemala.
Méndez, Luz (2012). No me quiero morir sin alcanzar justicia. Esclavitud sexual durante el conflicto armado en Guatemala. Programa de las Américas. http://www.cipamericas.org/es/archives/8127
Instituto Nacional de Estadística –INE (2002). XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala. Instituto Nacional de Estadística –INE (2004). IV Censo Nacional Agropecuario, Tomo I. Guatemala.
www.albedrio.org
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