31 de octubre 2013
Alianzabolivariana.org
Organizaciones sociales y políticas en Paraguay se enfrentan a un proyecto de ley que avanza en la privatización de bienes, servicios y recursos públicos. Con media sanción en Senadores, la norma de Participación Pública-Privada espera obtener su sanción la semana entrante bajo la atenta presión del presidente Horaco Cartes. Los sectores populares denunciaron enajenación y discrecionalidad a favor de los capitales privados.
Está en pie una convocatoria de movilización para el próximo lunes en el que se tratará la aprobación de la ley en Diputados y se realizará una manifestación nacional frente al Parlamento con organizaciones sociales, políticas y gremiales de todo el país. El jueves pasado, las organizaciones protestaron en las puertas del Congreso donde también se entregaron decenas de miles de firmas en repudio a la embestida.
En todos los casos se exige el rechazo de la norma de Participación Público-Privada (PPP), eufemismo para esconder privatizaciones y extranjerizaciones de servicios, bienes y recursos públicos. El proyecto de la ley hoy impulsado por el Gobierno de Horacio Cartes prevé el otorgamiento de concesiones por plazos de 30 años que pueden ser prorrogados por diez años más.
A su vez, las organizaciones políticas denuncian que la norma le otorga al Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en el momento de otorgar los bienes públicos bajo la potestad de obviar la instancia legislativa. Es decir, el presidente podría acordar concesiones sin previa discusión en las Cámaras Representativas. En consonancia, se crearía un “fondo de garantía” con dinero público para indemnizar a las empresas en caso de “mala inversión”, de modo tal que todos los riesgos serían asumidos por el Estado.
Según detalló el Gobierno Nacional, con la nueva norma esperan captar alrededor de 30 mil millones de dólares en los próximos cinco años. “La ley de alianza público-privada representa un paso para responder a la demanda ciudadana de aumento y creación de empleo, infraestructura y la creación de más oportunidades”, sostuvo el presidente Cartes. A continuación esgrimió la habitual cantinela neoliberal para justificar el medio –la enajenación- , a través del fin: los derechos básicos de los pobladores. “El flujo de inversiones privadas será liberado para combatir la pobreza con más inversiones en salud, vivienda y educación”, argumentó.
La PPP contempla un amplio espectro de privatizaciones: electricidad, telecomunicaciones, agua, navegación, rutas, entre otros. En el primer borrador del proyecto de ley alcanzaba sólo a las obras de infraestructura, pero el Senado incluyó servicios y bienes bajo la presión de Cartes.
En una Audiencia Pública llevada a cabo días atrás en la Cámara Baja, representantes gremiales y de movimientos sociales rechazaron los argumentos del Gobierno y sus aliados políticos. Bajo la denuncia de “privatización encubierta” hicieron hincapié en que una concesión de 40 años significaría enajenación y saqueo.
Las líneas de apoyo argumentan que el capital privado es necesario para “el desarrollo del país”. En cuanto al concierto partidario, los diputados colorados adelantaron que respaldarán la ley en Diputados, tal como hicieron en Senadores para alcanzar la media sanción. Hasta el momento, cuenta con el rechazo del Frente Guasú y el Partido Demócrata Progresista.
En cuanto a las organizaciones que se enfrentan al avance neoliberal, se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, el Frente Social y Sindical, la Coordinadora de Organizaciones sociales e indígenas de Paraguay y la Central Nacional de Trabajadores.
En ese marco de resistencia, uno de los casos más resonantes en Paraguay es la lucha de los trabajadores en contra de la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, iniciativa del ex presidente de facto Federico Franco. A partir de una reforma al Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico se pretende desmonopolizar la Administración Nacional y dar paso al protagonismo de capitales privados.
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