Las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez
Ante la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y pueblos en general, en relación al Estado de Excepción decretado para nuestro municipio, manifestamos:
Desde el inicio de la instalación de la Empresa Cementos Progreso en nuestro territorio, hemos solicitado al Estado de Guatemala la realización de una consulta comunitaria para conocer el sentimiento de las comunidades en relación a dicho megaproyecto. Nuestras acciones desde entonces han sido pacíficas y en búsqueda del diálogo para el consenso, recibiendo como reacción del Estado la represión sistemática y persecución política de nuestros líderes y lideresas.
Durante la movilización del 16 y 17 de junio del 2014, se acordó con el Gobierno de Guatemala, la realización de un análisis de la problemática que ha generado en la comunidad la instalación de la empresa cementera y la construcción del anillo regional, para posteriormente abordar la criminalización y persecución de los dirigentes comunitarios. Dicho diálogo no se llevó acabo a pesar de haberse celebrado dos reuniones posteriores a la marcha.
El día 14 de julio del 2014 se le envió al Gobierno de la República de Guatemala, la solicitud de una mesa técnica para discutir y realizar el estudio de impacto ambiental pertinentes a dichos proyectos. Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado a favor ni en contra de dicha petición.
La Empresa Cementos Progreso siempre ha comprado la voluntad de diferentes vecinos de nuestras comunidades hasta emplearlos como parte de su sistema de seguridad, operarios y otros oficios en sus instalaciones, instándolos a convencer a los vecinos de las comunidades a que estén a favor del desarrollo de dichos proyectos; empleando para ello, diferentes mecanismos violentos, intimidatorios y de coacción; hasta nombrar falsas autoridades comunitarias. Siendo éste el origen de la masacre perpetrada los días 19 y 20 de septiembre del presente año.
En ese contexto, el día 22 de septiembre del año en curso, nuestros dirigentes intentaron hablar vía telefónica con el Comisionado Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo, Miguel Ángel Barcárcel para retomar el diálogo abierto a partir de las movilizaciones de junio, sin embargo el señor Barcárcel se limitó a justificar las acciones del ministro de Gobernación y del Estado de Excepción dictaminado en nuestro territorio.
Ante tales situaciones EXPONEMOS:
1. Las consecuencias de las acciones del Gobierno son una clara manifestación de la preferencia por brindar seguridad a las empresas privadas de este país y, poner a disposición los aparatos de seguridad nacional para atemorizar y crear caos social en nuestras comunidades.
2. Condenamos enérgicamente, la posición de favoritismo mostrada por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público al realizar las diligencias del caso solamente tras la orden del Ministerio de Gobernación y no la petición de las comunidades quienes clamaban por restaurar el orden en la comunidad de Los Pajoques.
3. Responsabilizamos al Estado de Guatemala y al Presidente de la República Otto Pérez Molina por proteger los intereses de la oligarquía nacional, en este caso de la familia Novela-Torrebiarte y no cumplir con el mandato constitucional plasmado en el Art. 2 de la Constitución de la República de Guatemala: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.” Y Art. 3 : “El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.” Por esta razón, responsabilizamos al Estado de Guatemala, de todas las secuelas y consecuencias que el Estado de excepción pueda generar en las comunidades de San Juan Sacatepéquez.
4. Manifestamos nuestra anuencia al diálogo y a la construcción colectiva de propuestas, siempre y cuando se escuche la voz mayoritaria de las comunidades y su sentir por la defensa del territorio.
5. Hacemos llamado al Gobierno de la República y al Ministro de Gobernación a retractarse del Establecimiento del Estado de Excepción en el Municipio de San Juan Sacatepéquez y a respetar los acuerdos establecidos durante las movilizaciones realizadas recientemente. El imponer el Estado de Excepción demuestra la incapacidad del Estado de Guatemala para establecer el orden, pues ésta acción debió haber sido el último recurso a emplear.
6. Instamos a los habitantes de San Juan Sacatepéquez a manifestarse en contra del Estado de Excepción pues es una forma empleada por el Estado de Guatemala para coartar los derechos y garantías para las y los vecinos de nuestro municipio y velar por los intereses de las empresas transnacionales.
¡Nuestra resistencia es por la vida de todas y todos!
Representantes de 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez
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