LOS
SINDICATOS AUTÓNOMOS Y GLOBALES ANTE ANUNCIO DEL REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL PANEL ARBITRAL DR-CAFTA
SIN RESPETO A LOS DERECHOS
LABORALES, GUATEMALA NO PUEDE INSERTARSE
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
El
18 de septiembre, el Embajador Michael
Froman anunció que Estados Unidos seguirá adelante con la controversia contra Guatemala
por incumplimiento del capítulo laboral
del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica
y Estados Unidos, lo cual implica dar paso a la etapa de conformación del Grupo
Arbitral previsto en el Capítulo XX del (CAFTA-DR).
La
decisión obedece a que el Gobierno de los Estados Unidos entiende que el Plan
de Ejecución firmado en abril de 2013, en sus aspectos sustantivos, no ha sido
cumplido por Guatemala a pesar de las sucesivas prórrogas otorgadas.
Ante
ello, los sindicatos de Guatemala manifestamos:
En el tratado DR-CAFTA, los
objetivos económicos, comerciales, sociales y laborales constituyen un todo
inescindible y todo su contenido es de obligatorio cumplimiento. Los
compromisos asumidos en materia laboral como ambiental, no son temas accesorios
o secundarios del acuerdo, sino rubros cuya buena marcha incidirán en los demás
aspectos contemplados en el tratado, entre ellos, el comercial y el acceso a
los mercados.
El
Estado de Guatemala, asumió compromisos en materia laboral e incluso aún antes
de la entrada en vigencia del DR-CAFTA sus autoridades reconocieron varios de
los cambios necesarios a realizar y recibieron cooperación de Estados Unidos
para hacerlo.
El
tratado señala que cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan
normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente
reconocidos, (derecho de asociación, negociación colectiva, trabajo forzoso,
trabajo infantil, condiciones aceptables de trabajo, respeto a salarios
mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional). Además, los países
firmantes se comprometen a no dejar de aplicar efectivamente su legislación
laboral, de una manera que afecte el comercio entre las Partes (Art. 16.2.1)
Es
decir que, el Estado de Guatemala se comprometió a respetar su propia
legislación contenida en la Constitución Política, en los Convenios
Internacionales que ha ratificado y en la legislación nacional y a asegurar
mecanismos administrativos y judiciales adecuados para que las personas
trabajadoras accedan a procedimientos justos y transparentes. Sin embargo, ha incumplido severamente y por
mucho tiempo estas elementales obligaciones. De acuerdo al Capítulo 20 del DR-CAFTA, el Estado de Guatemala asumió
las consecuencias de que el incumplimiento
sostenido o recurrente de su propia legislación laboral, puede
provocarle sanciones monetarias importantes e incluso suspensión de beneficios
arancelarios.
Desde el año 2008 se
presentaron varios casos en lo que se
señala que Guatemala ha dejado de aplicar efectivamente su legislación laboral
interna con respecto a la libertad sindical, el derecho a organizarse y
negociar colectivamente, y las condiciones aceptables de trabajo. Luego de un
largo proceso de promesas de los Gobiernos de turno de realizar los cambios
necesarios para atender los compromisos asumidos en el DR-CAFTA, el 9 de agosto de 2011, los Estados Unidos
solicitaron el establecimiento de un panel arbitral en virtud del artículo 20.6
en relación con la falta de aplicación efectiva de la legislación laboral de
parte del gobierno guatemalteco.
El nulo avance producido
desde esa fecha, llevó a que el 26 de abril de 2013, los gobiernos de Estados
Unidos y Guatemala firmaron el Plan de Ejecución de 18 puntos, que incluye acciones concretas con plazos específicos que Guatemala debía
cumplir en un plazo de seis meses para mejorar la aplicación de la legislación
laboral.
Entre otros compromisos, Guatemala se ha
comprometido a reforzar las inspecciones laborales, agilizar y simplificar el
proceso de sancionar a los empleadores, aumentar el cumplimiento de la
legislación laboral por las empresas exportadoras, a mejorar la supervisión y
el cumplimiento de las órdenes de los tribunales de trabajo, reinstalar a los
trabajadores despedidos por intentar organizar sindicatos, publicar información
y legislación laboral, y establecer mecanismos para asegurar que los
trabajadores se les pague lo correspondiente cuando las fábricas cierran.
Los sindicatos hemos hecho propuestas concretas y
factibles para avanzar en la protección de los derechos laborales y colocar al
país en mejor situación de cara al respeto de las responsabilidades
internacionales asumidas. Destacamos que en enero del año 2013, presentamos las
“Recomendaciones del movimiento Sindical Guatemalteco al Plan de Acción
elaborado entre los gobiernos de
Guatemala y Estados Unidos dentro de la queja en el DR-CAFTA”.
Sin embargo, a 17 meses de la firma del Plan
de Ejecución y habiéndose vencido largamente el plazo asumido para cumplirlo,
en esencia, los principales compromisos, relacionados con dotar al país de un adecuado marco legal
e institucional para la protección de los derechos laborales individuales y
colectivos, no se han cumplido.
Al contrario, las cifras estadísticas
publicadas por las mismas autoridades nacionales señalan con toda claridad el
alto índice de incumplimiento de derechos básicos como el pago de salarios
mínimos o la reinstalación de trabajadores despedidos por intentar organizarse
sindicalmente en el marco de los mecanismos regulados por la legislación
vigente. Paradójicamente, el Gobierno promueve más beneficios fiscales y
disminución de los salarios mínimos para aquellas empresas que precisamente se
encuentran dentro de los sectores notoriamente incumplidores de la legislación
laboral nacional.
Ahora se abre una nueva etapa en el marco del
DR-CAFTA.
Los sindicatos estaremos atentos al devenir
de los acontecimientos en torno al Grupo Arbitral el que podrá concluir con
sanciones económicas contra Guatemala e inclusive con pérdidas de beneficios
comerciales.
Sin embargo, el tema de fondo sigue siendo el
mismo: la necesidad que el país realice los cambios necesarios para que los y
las trabajadoras vean cumplidos sus derechos laborales y sindicales. Ello
permitiría mejorar sensiblemente las condiciones de vida de buena parte de la
población guatemalteca y crearía condiciones para una mejor inserción
internacional de Guatemala.
En ese sentido, los sindicatos reiteramos
nuestra voluntad y disposición a colaborar para encontrar las soluciones a los
problemas planteados, tal y como lo hemos hecho permanentemente conscientes que
sin la participación de los trabajadores organizados ninguna propuesta es
viable ni sostenible.
Guatemala, septiembre del año 2014
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