Atilio Borón, América Latina: temas urgentes de la coyuntura geopolítica



Es preciso revertir una peligrosa tendencia que se sintetiza en una consigna rayana en el suicidio: “al enemigo no se lo estudia sino que se lo combate.”
  

El viernes pasado concluyeron en La Habana las deliberaciones de la Primera Conferencia sobre Estudios Estratégicos organizado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional dependiente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Fueron tres días de productivas discusiones en los cuales se pasó revista a distintos aspectos de la coyuntura geopolítica internacional y el papel que en la misma juegan los países de América Latina y el Caribe.

Algunas reflexiones preliminares habían sido expuestas en un posteo anterior; a continuación se exponen algunas de las conclusiones más relevantes de la conferencia:

a) Necesidad de una respuesta mucho más tajante de nuestros países en relación a la agresión informática, el espionaje y los ciberataques lanzados por diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos. De hecho, cuando Google, Yahoo, Skype, Facebook y otras grandes compañías del mundo de la Internet reconocieron públicamente que transferían sus archivos a los organismos de espionaje y seguridad de Estados Unidos todos esos programas deberían haber sido eliminados inmediatamente de los organismos gubernamentales de la región y reemplazados, en la medida en que ello fuera posible, por sucedáneos del software libre. 

Paralelamente tendría que haberse lanzado una gran campaña para desalentar su empleo en las organizaciones no-gubernamentales y el público en general, cosa que apenas se está haciendo en Brasil, víctima preferencial de esos ataques junto con Alemania y Francia, según recientes revelaciones. Varios expertos coincidieron en señalar que los programas convencionales de anti-virus revisan y limpian todos los archivos de computadoras localizadas en tanto en El Cairo como Buenos Aires o Bangalore, pero que la labor se hace en Estados Unidos y que simultáneamente con la remoción o no de los virus esos archivos son copiados y mantenidos en gigantescos servidores controlados por el gobierno de Estados Unidos, donde son almacenados y revisados primeros por robots informáticos y, cuando aparecen contenidos, emisores o destinatarios sospechosos, por humanos. Conclusión: se impone acelerar el tránsito hacia el software libre y, además, desechar todas las computadoras hechas en Estados Unidos o por firmas norteamericanas radicadas en terceros países, de donde se desprende la importancia de desarrollar una industria latinoamericana de producción de hardwares de diverso tipo (computadoras de mesa, laptops, tabletas, etcétera).

b) Otra de las conclusiones se focalizó sobre La silenciosa y permanente agresión militar del imperialismo y el papel de la UNASUR. Uno de los graves problemas que enfrenta la región es que pese a estar cercada por 76 bases militares estadounidenses los gobiernos de la UNASUR no han sido capaces hasta ahora de consensuar una hipótesis de conflicto realista para la región.

 Hipótesis que debe responder a una pregunta bien simple: ¿quién es nuestro más probable agresor o quién es el que ya nos está amenazando? No obstante la abrumadora presencia de tantas instalaciones militares estadounidenses diseminadas a lo largo y a lo ancho de toda América del Sur esa respuesta todavía no ha sido siquiera esbozada y continúa siendo un tema tabú al interior de la UNASUR. Obviamente que la heterogeneidad del mapa sociopolítico sudamericano conspira contra una tal iniciativa. Hay gobiernos que han asumido como su misión convertirse en los “Caballos de Troya” del imperio y obedecer incondicionalmente las directivas emanadas de Washington: en Sudamérica tal es la situación de Colombia, Perú y Chile, con la muy probable adición a esta lista del gobierno del Paraguay. Hay otros que pugnan por asegurar su autodeterminación y resistir a los designios y presiones del imperialismo: casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

Y otros, como Argentina, Brasil y Uruguay, que navegan a media agua: apoyan tibiamente a los segundos en sus proyectos continentales pero comparten con los primeros su vocación de instaurar en sus países un “capitalismo serio”, engañoso oxímoron que enturbia la conciencia de gobernantes y gobernados por igual. El resultado es la enorme dificultad de llegar a un acuerdo para, por ejemplo, exigir algo tan fundamental como el retiro de las bases militares extranjeras de América del Sur; o para mantener a esta parte del continente como una zona libre de armas nucleares, cosa que ahora es imposible de certificar. ¿Cómo saber cuáles son las armas que el Pentágono instala en sus bases? Hay sospechas muy fundadas de que en algunas que posee en Colombia, como Palanquero, o en la de la OTAN en Malvinas (base que cuenta con apoyo logístico y presencia militar estadounidense) puede haber armas de destrucción masiva. Pero la verificación in situ ha probado ser, al menos hasta ahora, imposible porque ni siquiera existe un acuerdo sobre la necesidad o conveniencia de llevar a cabo una inspección.

 La silenciosa pero muy efectiva injerencia de Washington sobre las fuerzas armadas latinoamericanas se traduce también en la insólita continuidad de los programas de “formación y adiestramiento” de militares y -¡cuidado con esto!- de fuerzas policiales en la región. Incluso en gobiernos claramente enfrentados con el imperialismo norteamericano la inercia de tantas décadas de formación en la Escuela de las Américas y otras del mismo tipo torna difícil sustraerse a la presión militar para continuar con esos programas. Pero cuando la costumbre y los incentivos crematísticos no son suficientes la Casa Blanca apela a la extorsión. Si un país decide no enviar sus oficiales a tomar cursos de formación en Estados Unidos en represalia Washington puede interrumpir el suministro de equipo militar a los países del área, sea bajo la forma de donaciones o ventas subsidiadas. 

De ese modo el gobierno desobediente podría después ser acusado de “no colaboración” en la guerra contra el narcotráfico o el terrorismo, entre otras cosas por no contar con los equipos y armamentos adecuados para la tarea. Y es lógico pensar que quien se adiestra en Estados Unidos es entrenado para combatir a quienes ese país considere como sus enemigos. Y ya sabemos quienes son éstos para el imperio: precisamente los gobiernos y las fuerzas antiimperialistas de la región. En suma: los cursos, las armas y las doctrinas militares conforman una trinidad inseparable. Los países que envían a sus oficiales a entrenarse en Estados Unidos están también dejando en manos de ese país decidir quienes son los enemigos a combatir y cómo hacerlo.

 En la misma línea debe señalarse la absurda sobrevivencia del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca desahuciado en los hechos por la colaboración brindada por Washington a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas; o la continuidad de las periódicas reuniones de los Comandantes en Jefe o de la Junta Interamericana de Defensa; o la realización de operaciones conjuntas con fuerzas de Estados Unidos, siendo que éste es el único enemigo regional a la vista. Todo lo anterior se complementa, en el plano jurídico, con la aprobación en casi todos nuestros países de una legislación antiterrorista sólo inspirada en la necesidad de proteger la sigilosa ocupación de los Estados Unidos del territorio latinoamericano y de criminalizar a las fuerzas políticas y movimientos sociales que se oponen a los avances del imperialismo.

c) También surgió de la conferencia la necesidad de estudiar sistemáticamente al imperialismo norteamericano. Es preciso revertir una peligrosa tendencia muy presente en las fuerzas políticas y los movimientos antiimperialistas de la región y que se sintetiza en una consigna rayana en el suicidio: “al enemigo no se lo estudia sino que se lo combate.” Se exalta el fervor militante, lo que está bien, pero se subestima la necesidad de conocer científicamente, minuciosamente, al imperialismo, lo que está mal. 

Sin estudiar a fondo a Estados Unidos como centro nervioso del sistema imperialista; sin conocer cómo funciona; sin saber cuáles son los dispositivos mediante los cuales establece su predominio a escala mundial y quiénes son sus agentes operativos en los planos de la economía, la política y la cultura; desconociendo cuáles son sus estrategias y tácticas de lucha, sus artificios propagandísticos y sus concepciones ideológicas, y quiénes sus peones locales se torna casi imposible librar una batalla exitosa contra su dominación. Por eso tenía razón José Martí, uno de los grandes héroes de nuestras luchas antiimperialistas, cuando para fundamentar su diagnóstico sobre los ominosos designios de Estados Unidos le dijo a su amigo Manuel Mercado que “viví en el monstruo, y le conozco las entrañas.”

 Pero el desconocimiento del imperio no es atributo exclusivo de la militancia antiimperialista. Lamentablemente en la academia de nuestros países el estudio de los Estados Unidos es una materia que brilla por su ausencia. Se cuentan con los dedos de una mano los centros de investigación que se dedican a estudiar a nuestros opresores, mientras que en Estados Unidos son alrededor de trescientos los centros y/o programas de enseñanza e investigación que tienen por objeto investigar nuestras sociedades. Estas preocupantes realidades deberían suscitar una rápida reacción de las fuerzas antiimperialistas de la región, recordando lo que con tanta razón observara Lenin al decir que “nada hay más práctico que una buena teoría”. 

Una buena teoría sobre el imperialismo contemporáneo que debe articular la tradición clásica, sobre todo la teoría leninista del imperialismo, con las novedades que asume el fenómeno un siglo después de que el revolucionario ruso escribiera su libro sobre el tema. Novedades entre las cuales no es precisamente la menor el desplazamiento del centro del sistema imperialista desde las potencias coloniales europeas a los Estados Unidos; novedades, también conviene subrayarlo, que lejos de refutar las previsiones y los análisis de Lenin no hicieron sino ratificarlos pero bajo nuevas formas que no pueden ser ignoradas si lo que se pretende es librar un eficaz combate contra tan perverso sistema. [1]

 Necesidad, por lo tanto, de estudiar seriamente el funcionamiento del “complejo militar e industrial” norteamericano, y su insaciable voracidad. Es este entramado de gigantescos oligopolios lo que constituye el corazón de la clase dominante norteamericana y, por extensión, de la burguesía imperial. Para el “complejo militar e industrial” la paz equivale a la bancarrota: sin guerras no hay ganancias y sin ganancias no se puede financiar a la clase política de Estados Unidos. Perversa articulación entre la rentabilidad de la industria armamentística –una industria que sólo provoca destrucción y muerte- y las necesidades de los políticos norteamericanos de costear sus carreras políticas que inevitablemente terminan colocando a los vencedores al servicio de sus financistas. No sorprende, por lo tanto, constatar que las ventas de las industrias del “complejo militar-industrial” hayan aumentado en un 60 % entre 2002 y 2012, desde el comienzo de la gran contraofensiva militar después del 11-S hasta nuestros días.

 Dato adicional: ¿se acuerdan que hace unos seis meses parecía que el mundo enfrentaba un inminente ataque atómico lanzado por Corea del Norte? ¿Qué pasó con eso? ¿Ahora los norcoreanos ya no ponen en jaque al planeta? Después se dijo que parecía que la obstinación de Irán de continuar con su programa nuclear ponía en peligro la paz muncial, y más tarde el problema de las “armas químicas” de Siria parecía colocarnos, otra vez, al borde de una Tercera Guerra Mundial. Conclusión: para la rentabilidad de sus negocios el “complejo militar-industrial” necesita garantizar que siempre haya crisis, y si no las hay las inventa, y si no las inventa las construye mediáticamente. Para eso está la prensa hegemónica que, cual la puta de Babilonia, se presta solícita a difundir esas patrañas que amedrentan a la población al paso que estimulan la producción de nuevos y cada vez más letales armamentos.

d) Diversas ponencias de la conferencia señalaron la continuidad de la política de la Casa Blanca hacia América Latina y el Caribe. En este sentido hubo un consenso prácticamente unánime en señalar la identidad existente entre las políticas latinoamericanas de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, razón por la cual conviene dejar de utilizar ese nombre —“administración”— y hablar mejor del “régimen de Washington”, para señalar de este modo la sistemática violación de la legalidad internacional y los derechos humanos practicada por el gobierno norteamericano, de cualquier signo. [2] En lo que toca a Cuba si algo hizo el “régimen” norteamericano fue intensificar el bloqueo financiero, comercial y económico contra la isla, ajustando aún más los controles establecidos por la legislación estadounidense. No deja de ser sorprendente que no haya todavía surgido una queja universal en contra de la ilegal e inmoral extraterritorialidad establecida por la Enmienda Torricelli a la Ley Helms-Burton. 

Según esta monstruosidad jurídica -diseñada exclusivamente para perjudicar a un solo país en el mundo: Cuba- el gobierno de Estados Unidos está autorizado para aplicar sanciones a cualquier empresa nacional o de un tercer país (por ejemplo, una británica, japonesa o sueca) por el sólo hecho de comerciar con Cuba o iniciar emprendimientos económicos con la Isla, por ejemplo, en la explotación del petróleo. En otras palabras, Estados Unidos “legaliza” al imperialismo mediante la despótica imposición de la ley estadounidense por encima de la de todos los países del globo. ¡Imaginemos lo que ocurriría sin país cualquiera pretendiera hacer algo igual, por ejemplo, universalizar su legislación prohibitoria de la pena de muerte y sancionara a aquél que, como Estados Unidos, aún la aplicara! Para quienes todavía dudan de que vivimos bajo un sistema imperial los ejemplos anteriores bastan y sobran para convencerlos de lo contrario.

 Otro rasgo que demuestra la enfermiza persistencia de la agresión en contra de Cuba está dado por el hecho de que Washington continúa utilizando transmisiones ilegales de radio y televisión convocando al pueblo de la Isla a subvertir el orden constitucional vigente y a rebelarse en contra de su gobierno, con el objeto de lograr el largamente acariciado “cambio de régimen”. Dichas transmisiones no sólo divulgan propaganda sediciosa sino que, además, interfieren en el normal funcionamiento de las emisoras de radio y televisión cubanas. Se estima que el costo de estas actividades ilegales patrocinadas por Washington se eleva a unos 30 millones de dólares anuales. 

Un informe reciente de la Auditoría del Gobierno estadounidense referido exclusivamente a las actividades de la USAID y el Departamento de Estado reveló además que entre 1996 y el 2011 esas agencias destinaron 205 millones de dólares para promover el derrocamiento del gobierno cubano. Muchos millones más fueron seguramente apropiados por la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia y otras instituciones afines para promover tan siniestros objetivos. Por lo visto le asistía toda la razón a Noam Chomsky cuando interrogado a fines del 2008 sobre su pronóstico acerca de la inminente inauguración del “régimen de Obama” respondió sarcásticamente que éste sería apenas el tercer turno de la Administración Bush. Tenía razón, como lo demostró la historia, aunque se quedó corto: si se computa el número de muertes civiles ocasionadas por los aviones no tripulados norteamericanos, los “drones”, el inverosímil Premio Nobel de la Paz superó con creces el saldo luctuoso de su predecesor. ¡Ah!, a seis meses de las elecciones presidenciales venezolanas el muy distraído Obama todavía parece no haberse enterado que el triunfador de esa contienda fue el candidato chavista Nicolás Maduro y sigue sin reconocer oficialmente su victoria y alentando, de ese modo, los planes desestabilizadores de la oposición fascista en la República Bolivariana de Venezuela.

 Y los cuatro luchadores antiterroristas cubanos que purgan en las cárceles del imperio su osadía de pretender desmontar la máquina terrorista instalada en Miami -y protegida por el “régimen de Washington” – podrían ser puestos inmediatamente en libertad si Obama ejerciera las atribuciones del perdón presidencial que le confiere la constitución. Pero no lo hace. En cambio, sigue apadrinando a terroristas como Luis Posada Carriles o el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya extradición es solicitada por la justicia de ese país por su responsabilidad en la masacre de 67 personas durante las jornadas de protesta popular que provocaron su caída.

1 Sobre el tema consultar dos obras de nuestra autoría, de descarga gratuita en la web: Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (Buenos Aires: CLACSO, 5º edición, 2004, “Premio Extraordinario de Ensayo de “Casa de las Américas”), especialmente el capítulo 8 y la compilación que efectuara con el título de Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales (Buenos Aires: CLACSO, 2004), po. 133-154. Pueden encontrarse el primero de estos libros en: https://docs.google.com/file/d/0Bx2YC3gJbq2TMjExMTU0MGUtMjY2ZC00ZDg0LTljOWUtODIyMDZkNzM4YTRh/edit?usp=drive_web Y el segundo se encuentra en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20120507124307/nuevah.pdf

2 Ver la nota en nuestro blog: www.atilioboron.com.ar o también en http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/09/19/the-obama-regime/

Cuba:Discurso de Bruno Rodríguez en ONU: Es bárbaro e insólito que 53 años después persista la misma política


29 octubre 2013 Cubadebate


Sesión del 68 período de la Asamblea de la ONU en Nueva York durante la intervención del Canciller cubano. Foto: Massiel Rivero/ Representación de Cuba en ONU

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA, BRUNO RODRÍGUEZ PARRILLA EN EL 68 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, EN EL TEMA: “NECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA CUBA”. NUEVA YORK, 29 DE OCTUBRE DE 2013.

Señor Presidente:

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha puesto como condiciones para emitir una licencia que autorice cualquier suministro de equipos, dispositivos o medicamentos, al Cardiocentro Pediátrico William Soler de La Habana, el uso exclusivo de estos en pacientes cubanos, monitorear su destino final, que no se utilicen en actos de tortura, en violaciones de derechos humanos, en producciones biotecnológicas, ni sean re-exportados. En el Apéndice E del formulario de la licencia, pide numerosos datos para cerciorarse de que el Cardiocentro no tiene vínculos con la producción de armas químicas y biológicas, con tecnologías de misiles, ni armas nucleares.

Decenas de prestigiosos especialistas, al menos cinco reconocidos hospitales estadounidenses y muchos otros en el planeta conocen bien esta institución especializada en Cardiología y Cardiocirugía pediátricas, que desde el 2010, ha operado del corazón a 1 101 niños y atendido a decenas de miles de pequeños pacientes.Sin embargo, el Cardiocentro continúa siendo catalogado por el Departamento de Comercio como “Hospital Denegado”.

Como consecuencia, las niñas y niños cubanos no pueden ser tratados con el dispositivo Amplatzer para curar la comunicación interauricular o cerrar el cortocircuito vascular en el conducto arterioso del corazón, ni con los dispositivos utilizados en el cateterismo intervencionista, o recibir medicamentos de mejor calidad para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, anti-arrítmicos y antibióticos de última generación.

Por esa razón, decenas de menores sufrieron cirugías toráxicas que pudieron ser evitadas. Otros ciento dos niños operados, con hipertensión pulmonar, no pudieron ser tratados con gas óxido nítrico, que es una de las mejores terapéuticas disponibles.

De igual manera, el Instituto de Cirugía Cardiovascular carece de piezas de repuesto, contraste y software avanzado para realizar eco-cardiografías. El Hospital Ortopédico Frank País no puede sustituir la Cámara Gamma SOPHA, necesaria para el diagnóstico de afecciones tumorales malignas, infecciones óseas y articulares.

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí no puede acceder al antiviral en solución oral infantil Kalestra, al no tener licencia del Departamento del Tesoro para su importación. Este medicamento inhibe la replicación del virus en niños nacidos con SIDA, aumenta su inmunidad y previene las enfermedades oportunistas.

Los daños humanos que produce el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos impuesto a Cuba son incalculables. Provoca sufrimientos y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. El 76% de los cubanos han vivido bajo sus efectos devastadores desde su nacimiento.

El bloqueo califica como un acto de genocidio, según el artículo II de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; y también como un acto de guerra económica, de acuerdo con la Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada en 1909.

El Departamento de Estado miente y manipula datos de remesas de la emigración y de las pequeñas donaciones de organizaciones no gubernamentales, que él mismo obstaculiza, para presentar a su gobierno como un donante de ayuda humanitaria a nuestra nación.

El memorando del subsecretario asistente de Estado Lester Mallory, escrito el 6 de abril de 1960 y desclasificado 30 años después, dice, cito:

“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro […] No existe una oposición política efectiva [...] El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno [al gobierno] es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...] Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica [...] negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Fin de la cita.

Es bárbaro e insólito que 53 años después, persista la misma política.

Señor Presidente:

Los daños económicos acumulados en medio siglo debido al bloqueo ascienden a un billón 157 mil millones de dólares, más de un millón de millones.

Hemos alcanzado resultados innegables en la eliminación de la pobreza y el hambre, en índices de salud y educación que son de referencia mundial, en la promoción de la igualdad de género, en la libertad y el bienestar equitativo, en el consenso social, en la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, en la reversión del deterioro ambiental, y en el desarrollo de la cooperación internacional con un centenar de países del Tercer Mundo, ¿cuánto más no habríamos podido hacer sin este colosal obstáculo a nuestro desarrollo y los enormes costos humanos y financieros que nos han impuesto?.

Durante el gobierno del presidente Obama, el bloqueo ha sido recrudecido, en particular en el sector financiero.

Históricamente, Estados Unidos ha empleado en la persecución y vigilancia de nuestras transacciones financieras y relaciones económicas el enorme poderío tecnológico de su sistema masivo de espionaje global recientemente denunciado.

Desde enero de 2009 hasta septiembre de 2013, se han impuesto multas a 30 entidades norteamericanas y extranjeras, cuyos montos totalizan más de 2 mil 446 millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países.

En diciembre del 2012, el banco británico HSBC, fue multado, por la misma razón, en un monto de 375 millones de USD y el banco japonés Tokio-Mitsubishi UFJ con 8,6 millones.

En marzo del 2013, la agencia Reuters suspendió los servicios de información bancaria y financiera.

El cerco económico se ha apretado y su impacto está presente en las carencias y dificultades que sufre la familia cubana en todos los aspectos de su vida.

Estados Unidos no es un socio comercial de Cuba, como afirman desvergonzadamente sus representantes, porque no puede serlo el Estado al que no se puede exportar ni comprar productos o servicios, ni usar el dólar en nuestras transacciones; de cuyas subsidiarias en terceros países no se nos permite adquirir medicinas ni alimentos debido a la Ley Torricelli, que también prohíbe entrar en sus puertos, durante 180 días, a los barcos de todo el mundo que atraquen en la isla; que impide a otras naciones vendernos todo lo que tenga más de un 10% de componentes estadounidenses o exportar aquí cualquier producto que contenga materias primas cubanas. No lo es el Estado en que rige la Ley Helms-Burton, que amplió de forma inédita las dimensiones extraterritoriales del bloqueo y codificó integralmente el “cambio de régimen” y la ulterior intervención en Cuba, ni el Estado que invoca la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, solo aplicable a situaciones de guerra y únicamente vigente para Cuba.

Nuestra pequeña isla no es una amenaza para la seguridad nacional de la superpotencia. Entonces, ¿por qué los norteamericanos no pueden acceder a productos cubanos de primera calidad, a nuestros medicamentos de última generación? ¿Por qué sus empresarios pierden oportunidades? ¿Por qué no se abren negocios que crearían empleos en tiempos de crisis? ¿Por qué las compañías norteamericanas no pueden acceder a la nueva Zona Especial de Desarrollo del Mariel?

Las sanciones permanecen intactas y se aplican con todo rigor. No es un asunto bilateral. El bloqueo es agresivamente extraterritorial y una violación del Derecho Internacional que lacera la soberanía de todos los Estados. Es una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación. La cruel inclusión de medicinas y alimentos quebranta el Derecho Internacional Humanitario. Es un acto hostil y unilateral que debe cesar unilateralmente.

Señor Presidente:

El bloqueo es el principal obstáculo al más amplio acceso a internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones, al restringir el ancho de banda de la isla, encarecer la conectividad e impedir la conexión a los cables submarinos cercanos.

Las sanciones limitan gravemente los contactos entre ambos pueblos y los que permite, los condiciona con propósitos de “cambio de régimen” y desestabilización interna.

A pesar de que Washington ha autorizado muy selectivamente algunos intercambios culturales, académicos y científicos, estos continúan sujetos a severas restricciones y múltiples proyectos de este tipo no pudieron realizarse debido a las negativas de licencias, visas y otras burocráticas autorizaciones.

Cuba es el único destino en el planeta, prohibido a los viajes de los ciudadanos estadounidenses. Es un asunto constitucional relevante que, en esta materia, los ciudadanos norteamericanos no sean iguales ante la ley, según sean o no de origen cubano.

El Equipo Nacional de Beisbol no ha podido cobrar los pagos adeudados por su participación en el II y III Clásicos Mundiales de 2009 y 2013. Se denegó la licencia a 300 corredores norteamericanos para participar en el maratón Marabana, en 2012.

Más de 300 músicos, que participaron en decenas de proyectos artísticos en este país, no han podido recibir remuneración.

La emigración cubana sufre medidas discriminatorias. La respuesta a la reforma de la ley migratoria cubana, de enero de 2013, ha sido la persistencia en la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y en la política “pies secos-pies mojados” que alientan la emigración ilegal e insegura y el tráfico de personas, las cuales provocan pérdidas de vidas humanas.

Curiosamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) embargó los fondos de una Organización No Gubernamental británica, destinados a adquirir y distribuir en el Reino Unido el libro “La guerra económica contra Cuba” de un autor europeo, producido por la editorial Monthly Review Press, basada en Nueva York.

Durante tres meses, fueron retenidos los fondos del Consejo Latinoamericano de Iglesias previstos para costear su VI Asamblea General en La Habana.

La cooperación humanitaria, principalmente médica y educativa, que brindamos a decenas de pueblos también es objeto de represión.

El bloqueo es un acto inculto que impide el libre movimiento de las personas, el flujo de la información, el intercambio de ideas y el desarrollo de vínculos culturales, deportivos y científicos.

La política estadounidense contra Cuba sufre absoluto aislamiento y descrédito mundial y carece de sustento ético o legal. Así lo demuestran los más de 180 votos en esta Asamblea General, los discursos de decenas de Jefes de Estado y Gobierno en el Debate General y los argumentos de los Estados Miembros y las Organizaciones Internacionales expuestos en el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

El Presidente Obama podría utilizar sus amplias facultades constitucionales, aun sin pasar por el Congreso, para generar una dinámica que cambie la situación. En definitiva, los norteamericanos dicen que fue elegido para el cambio. ¿Qué se gana con la inercia de una política vieja, obsoleta, propia de la confrontación bipolar, enferma y éticamente inaceptable, que no ha funcionado durante 50 años? ¿Por qué no escuchar la opinión crecientemente mayoritaria en la sociedad norteamericana y en la emigración cubana, incluso en La Florida, que apoya la normalización de relaciones bilaterales y se opone al bloqueo y a la prohibición de viajar?

¿Por qué no aceptar que somos una Nación y un Estado independiente, igualmente soberano? ¿No será mejor renunciar pragmáticamente a la obcecación ideológica, heredada de dos generaciones anteriores de políticos estadounidenses, que no ha funcionado y dejar de gastar los dólares de los contribuyentes para intentar, infructuosamente, cambiar al gobierno cubano?

La persistencia del Departamento de Estado en designar a Cuba, de manera arbitraria e infundada, como Estado patrocinador del terrorismo internacional, lastra la credibilidad de los Estados Unidos, precisamente desde cuyo territorio se organizaron, financiaron y ejecutaron actos terroristas contra Cuba que provocaron 3478 muertos y 2099 discapacitados. En Miami, tiene cómodo refugio el conocido terrorista internacional Posada Carriles, mientras se mantiene en injusta y prolongada prisión a cuatro de los Cinco luchadores antiterroristas cubanos. ¿Qué impide al gobierno de EE.UU. ponerlos en libertad como acto humanitario o de justicia?

Señor Presidente:

El gobierno de Cuba, con el apoyo ampliamente mayoritario y la participación activa del pueblo, sigue enfrascado en un profundo proceso de transformaciones económicas, dirigidas a hacer más eficiente nuestra economía socialista, mejorar el nivel de vida de la población y preservar las conquistas sociales de la Revolución.

Estas transformaciones gozan de un amplio reconocimiento internacional y cuentan con la creciente cooperación de muchas naciones, en particular, de la región de América Latina y el Caribe, con lo cual se fortalecen diversas formas de integración.

Los fundamentos de la política norteamericana hacia Cuba se mantienen inamovibles, anclados en la Guerra Fría.

Señor Presidente:

Los peligros que amenazan la existencia de nuestra especie son graves e inminentes. Para preservar la vida humana hay que salvaguardar la paz y para ello es indispensable un cambio profundo en la manera de tratar y resolver los problemas del mundo y los conflictos, mediante el diálogo y la cooperación, sin el egoísmo y la filosofía del despojo que llevan a la guerra, al uso de la fuerza y a las medidas económicas coercitivas que, silenciosamente, también hieren y matan.

Es cierto que entre ambos gobiernos existen grandes diferencias, pero el único camino productivo es encontrar una manera civilizada de relacionarnos, reconociendo que somos Estados vecinos pero distintos y que solo a cada pueblo corresponde dirimir sus propios asuntos, su sistema político y decidir sobre su economía, según sus legítimos intereses. Por tanto, habría que hacer prevalecer el diálogo, la negociación e, incluso, la cooperación en lo que sea posible y conveniente, en beneficio de ambos pueblos y de las relaciones hemisféricas.

La reciente reanudación de las conversaciones migratorias y sobre correo postal, así como el desarrollo de contactos acerca de otros temas de interés mutuo, como las operaciones de respuesta a derrames de hidrocarburos, los procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico, y la seguridad aérea y de la aviación, demuestran que ello es posible y útil.

El Gobierno de Cuba, como expresión de su voluntad de paz y convivencia respetuosa, reitera su disposición a avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales y ratifica su disposición para establecer un diálogo serio, constructivo, en condiciones de igualdad y pleno respeto a nuestra independencia.

Señor Presidente:

Una vez más, a nombre del abnegado, heroico y solidario pueblo de Cuba, solicito a los representantes de los Estados Miembros votar a favor del proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Muchas gracias.

Argentina: Entrevista con Claudia Katz y Eduardo Lucita por parte de Franck Gaudichaud


Entrevista con Claudio Katz y Eduardo Lucita : “Un nuevo escenario con la izquierda”

 31 de octubre  

El domingo pasado se realizaron elecciones de medio término en Argentina sus resultados pueden tener importantes consecuencias para el país y la región. Entrevistamos a Claudio Katz y Eduardo Lucita, integrantes del colectivo EDI (Economistas de Izquierda) y referentes de todo un sector de la izquierda radical en ese país.

¿Cómo evalúan el resultado de las recientes elecciones?

 CK: Fue una elección sin sorpresas porque las recientes primarias previas anticiparon el retroceso del oficialismo y la imposibilidad de una re-reelección de Cristina. La presidenta se ha quedado sin margen para definir la candidatura del próximo presidente como hizo Lula con Dilma en Brasil. Sin embargo con el 32% de los votos a nivel nacional sigue siendo la primera minoría y conservará el quórum en las dos cámaras. Lo más importante es la aparición de un fuerte eje de sucesión derechista, el Frente Renovador (FR), 43% de los votos en la estratégica Provincia de de Buenos Aires (37% del padrón), encabezado por un intendente del conurbano bonaerense, Sergio Massa, e integrado por un amplio equipo de ex kirchneristas y sectores del Partido Justicialista (PJ) y del sindicalismo tradicional. Al conseguir una distancia de 12 puntos sobre el candidato del gobierno se proyecta a nivel nacional en la perspectiva del recambio presidencial del 2015.

EL: En el nuevo escenario surgido de las primarias el gobierno asumió en los últimos meses buena parte de la agenda de la derecha, archivando los slogans de confrontación de “elegir” y “profundizar el modelo”. Se sometió a la conducción de su aliado derechista Daniel Scioli, asumiendo un discurso de mano dura en el delicado tema de la seguridad, mientras silencia la connivencia del aparato estatal con el narcotráfico. En el plano económico comenzó, además, un viraje hacia el re-endeudamiento, con los pagos al CIADI, acuerdos con el BM y el FMI. Veremos si es el prolegómeno del ajuste que demanda la clase dominante o le traspasa este paquete al futuro presidente. Estas dos alternativas dependerán de una elección estratégica. El kirchnerismo puede remodelarse al interior del peronismo aceptando el giro conservador o puede apostar a su propia construcción imaginando algún retorno futuro de Cristina. Hasta ahora emite señales en las dos direcciones

¿Cómo ven el panorama en relación al 2015?

 CK: Es evidente que ya comenzó en el Justicialismo la disputa por el 2015 entre Massa (FR) -un advenedizo intendente- que reclutó a las principales líderes de la industria, los bancos y el agro y Scioli, que exhibe credenciales de vicepresidente y gobernador. Este se presenta como garante de una transición ordenada, muy apreciada por el establishment, que no olvida el tormentoso fin de las administraciones de Alfonsín, Menen y De la Rúa.

EL: También hay que observar como intervendrá la derecha de Macri (Unión-PRO) en esas componendas, luego de la consolidación que lograron en la Capital Federal ( 39% y casi un 8% a nivel nacional), según que alianzas haga puede inclinar la balanza a favor de una u otra variante del PJ. No hay que descartar a priori el papel que pueden jugar los candidatos del pan-radicalismo, una suerte de centro-derecha republicana, como Binner (socialista triunfó con el 42% en su provincia-Santa Fé)) y Cobos (radical, ganó con el 48% en la Prov. de Mendoza)). Si finalmente el peronismo se presentara dividido es muy posible el ballotage. La elección del domingo ratificó este convulsivo escenario, con el novedoso ingrediente de un gran avance de la izquierda anticapitalista.

Me interesa especialmente este punto: ¿cuál fue la magnitud de ese avance y a qué obedece?

EL: Con los datos que conocemos hasta ahora, los comicios cerraron hace unas diez horas, la izquierda sumada tal vez alcance 1.400.000 votos. Este caudal fue ampliamente capitalizado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) que recogió 1.250.000. Hay que recordar que varias fuerzas previamente no pasaron las primarias. Este gran salto fue preanunciado primero por el casi millón de votos que obtuvo el FIT en las primarias e inmediatamente después por ciertas elecciones provinciales, como Salta-Capital donde obtuvieron el 20%. En el medio hubo elecciones universitarias en la UBA, allí el FIT también ratificó su ascenso, ganando en la mayoría de los centros estudiantiles. La suma de votos que se ha logrado supera ampliamente las importantes elecciones que hicieron en otros tiempos el Frente del Pueblo (FREPU) y la Izquierda Unida (IU) -alianzas del MAS y el PC- o Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora). El resultado es que el FIT obtuvo tres diputados nacionales, otros dos no ingresaron por muy poco, un diputado provincial y representantes en siete legislaturas, pero es muy temprano para tener un cuadro definitivo. Adicionalmente en la sureña provincia de Tierra del Fuego, un enclave de la industria electrónica y electrodomestica, un dirigente metalúrgico con pasado militante en la izquierda clasista, que se presentó con partido propio como candidato de los trabajadores, logró el 22% de los votos y la diputación nacional.

CK: Se ha registrado la mayor presencia electoral de la izquierda desde el pre-peronismo, Salta a la vista la importancia de este dato y la consiguiente creación de un nuevo escenario con la izquierda. Lo novedoso se ubica en el terreno electoral y no en la existencia de la izquierda militante, que ha sabido mantener una significativa presencia en el plano sindical y estudiantil en los momentos de mayor predominio político del kirchnerismo.

Yo interpreto este importante voto a izquierda como un mandato de lucha. Recibió ese caudal de apoyo frente a la intuición popular de un próximo ajuste y la expectativa de lograr una defensa de los conquistas en la calle. Un sector importante de la población no quiere, además, que la experiencia kirchnerista termine en un giro pendular hacia la derecha. Hay un cambio en los niveles de conciencia que particularmente se verifica en el interior. Durante décadas la única posibilidad de la izquierda era colocar un diputado por la Capital o por Prov. de Buenos Aires (regiones de mayor politización), ahora se ha extendido esa pretensión al interior (por lo general más conservador), dónde los vínculos entre el gobierno y las oligarquías provinciales han sido muy estrechos. Allí el kirchnerismo no es la expresión de sectores más progres (como los intelectuales de Carta Abierta o el programa de la TV oficial 6, 7, 8), sino de gobernadores conservadores y del justicialismo ortodoxo.

EL: Debemos considerar otro factor determinante del avance de la izquierda, como ha sido la abrupta erosión de la centroizquierda anti-K que se diluyó en el Pan-radicalismo, o la debilidad del progresismo mas genuino que buscando ocupar el espacio abandonado por la centroizquierda anti-K, no presentó objetivos más radicales. Los que quisieron penalizar al gobierno desde una óptica progresista sólo tuvieron como opción a la izquierda anticapitalista.

Sin embargo la izquierda se presentó muchas veces a elecciones y nunca logró estos resultados…

CK: Ciertamente. Esta vez el FIT hizo una campaña electoral centrada en demandas precisas (eliminación del impuesto al salario, denuncia de Chevron, salario igual a la canasta familiar, 82% móvil para los jubilados…), que contrastó con el vago mensaje de los partidos tradicionales, que apelaron a la felicidad, a la sonrisa y a la familia, como si estuvieran vendiendo dentífrico. La izquierda partidaria modificó sus viejas intervenciones en los comicios. No hicieron eje en el gobierno de los trabajadores o en el cuestionamiento a los candidatos patronales. Comprendieron que en un estudio de televisión no se habla igual que en un mitin y que la involución socialdemócrata no transita por el uso de la corbata. Incluso apelaron al voto útil, resaltando la necesidad de sentar diputados en el Congreso junto al resto de las bancadas. Esta maduración hubiera sido descalificada en otra época como una expresión de “parlamentarismo democratizante”.

EL: Hay que recordar también que la construcción de figuras electorales es un largo proceso con poca renovación y grandes oscilaciones. Esta persistencia ha premiado a Altamira (FIT) y Zamora (AyL), cuya instalación pública fue potenciada además por grandes hechos como las jornadas del 2001 o el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra. Los grandes medios cumplieron además un papel clave al no hostilizar a la izquierda, puesto que apostaron a debilitar primero a su adversario inmediato que es el kirchnerismo. Trabajaron a favor de las opciones derechistas pero sin atacar a la izquierda. En un contexto de escasa movilización social suspendieron coyunturalmente el típico mensaje despectivo o atemorizador, que retomarán a pleno apenas resurjan los piquetes y movilizaciones.

De todas formas, en mi opinión personal, considero hay una carencia en el discurso de la izquierda y es que está ausente una crítica antisistema. Nuestra participación en el marco institucional no es solo un problema de levantar reivindicaciones sentidas por los sectores obreros y populares, sino también utilizar esas instancias para hacer docencia, para explicar que la principal traba para erradicar los males que el capitalismo nos produce, es el propio sistema del capital.

¿Este avance de la izquierda quiebra el dominio político tradicional del peronismo?

CK: Es casi un 6% a nivel nacional, con muy buenos resultados en zonas obreras y populares (por ejemplo en zona petrolera del sur del país obtuvo el 15% de los votos). Yo creo que por el momento erosiona ese dominio. La izquierda vuelve a despuntar en un contexto de crisis peronista, repitiendo una constante de la historia argentina. Se ha reabierto una oportunidad que puede consolidarse o diluirse. La izquierda ya despuntó varias veces en el pasado y no pudo afianzarse como alternativa. Lo consiguió en los años ‘70 con el clasismo y quedó neutralizada por el retorno de Perón, lo repitió al final de la dictadura y quedó opacada por la avalancha de Alfonsín, volvió a lograrlo a fines de los ‘80 con IU y el FREPU y se diluyó en divisiones, irrumpió con fuerza después del 2001 y no pudo construir colectivamente.

EL: Agregaría a lo anterior que ahora emerge una nueva generación buscando un canal de ruptura política y no sólo sindical con el peronismo. Un dato muy promisorio ha sido la primera intervención electoral significativa de la izquierda independiente, que ha provocado un interesante y útil debate en sectores que comenzaron a superar la paralizante tradición de autonomismo anti-electoral.

Pero en Rebelión hemos publicado más de un documento donde ustedes han sido muy críticos del FIT ¿Mantienen esa postura?

CK: Si, especialmente en tres planos. La errónea caracterización del kirchnerismo como una suerte de continuidad del menemismo (y consiguiente neutralidad ante los conflictos que lo enfrentaron con la derecha y los grupos concentrados); la reducción de toda la izquierda a un frente trotskista ortodoxo y la descalificación de los procesos radicales de América Latina. Pero estas diferencias no nos impiden reconocer la nueva realidad política que se está gestando en torno a la izquierda partidaria. Este cambio obliga a deponer prejuicios y viejas rencillas y nos exige buscar nuevos ejes de confluencia. Nos parece que el FIT debería abrirse más allá de las organizaciones que actualmente lo componen y el resto de la izquierda debería converger con esa apertura, a través de un proceso de mutua comprensión y aprendizaje.

EL: Hay ya demasiadas evidencias, que en un proceso de politización creciente, como viene pasando en nuestro país en los últimos años, hay que asumir con la claridad un alianza explícita con la izquierda orgánica, aún con las diferencias que indudablemente existen. En nuestro caso con banderas latinoamericanistas, no sectarias y proponiendo desde este alineamiento un terreno de acción común con el progresismo consecuente.

CK: Me parece indispensable trabajar desde ahora en la preparación de una candidatura común para el 2015. Gran parte de los votantes de la izquierda comienzan a pensar: ¿Como sería un gobierno de este signo? ¿Qué haría si ganan la presidencia? La respuesta a esa expectativa es un enlace estratégico entre el acceso electoral al gobierno y la batalla por el poder, a partir de un programa que debemos elaborar colectivamente.

Ciertamente que las generalizaciones son insuficientes. Debemos precisar nuestro camino para resolver los problemas del país, con medidas precisas en los delicados problemas de la deuda, los impuestos, el control de precios, las nacionalizaciones, el petróleo, el manejo del control de cambios.

EL: Precisamente desde el EDI ya estamos preparando un Taller-debate sobre la situación económica que esperamos desarrollar con toda la izquierda, para precisar el diagnóstico y las alternativas en juego.

Finalmente: ¿Cómo puede este impactar este resultado en las relaciones con Venezuela, Bolivia y Ecuador?

CK -Como ha sido una elección de medio término que no modifica la presidencia, en lo inmediato no debería traducirse en cambios significativos de la política exterior. Pero debemos registrar el tono fuertemente anti-chavista que los medios y la oposición derechista desplegaron durante la campaña electoral para fijar una agenda futura de realineamiento con Estados Unidos. Dirigentes de la derecha y centro derecha como Macri, Carrió y Binner apoyan abiertamente a Capriles y Scioli se inclina hacia el mismo campo. La crítica a Venezuela es la forma de presión que ha elegido el establishment para imponer un giro económico neoliberal.

Fuente: Rebelion

Eric Toussaint:Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir?



 31 de octubre  por Eric Toussaint , Patrick Saurin , Thomas Coutrot 

Con ocasión de la publicación de dos libros importantes, Dette, 5000 ans d’ histoire y Le Capital au XXième siècle, Mediapart tuvo la feliz idea de convocar a sus respectivos autores, David Graeber y Thomas Piketty, para un encuentro de debate. Éste se puede consultar en la web del diario digital |1|.

Cómo salir de la deuda es una cuestión crucial, puesta como preámbulo a este diálogo, se encuentra también en el núcleo de nuestras reflexiones y de nuestras actividades militantes respectivas. Y esa es la razón por la que quisimos darle una prolongación constructiva a ese debate, proponiendo el texto siguiente. Texto que es fruto de una reflexión colectiva que explicita, comenta, cuestiona y critica los puntos de vista y los argumentos de los dos autores.

¿Anular la deuda o gravar al capital?

El debate entre Thomas Piketty y David Graeber gira esencialmente alrededor de la consideración de los respectivos méritos del impuesto sobre el capital y del repudio de la deuda pública. Graeber, apoyándose en una hermosa erudición histórica y antropológica, subraya que la anulación total o de una parte de la deuda, tanto privada como pública, es una idea reiterada de la lucha de clases desde hace 5.000 años. Considerando que la deuda es un mecanismo central de la dominación capitalista en la actualidad, Graeber no ve ninguna razón de que cambie este enfoque en el futuro.

Thomas Piketty por su parte cree que se puede obtener un alivio considerable del peso de las deudas mediante un mecanismo fiscal de imposición a las grandes fortunas que sería más justo socialmente, ya que evitaría perjudicar a los pequeños y medianos inversores, tenedores (por medio de los fondos comunes de inversiones gestionados por los bancos y las aseguradoras) de una gran parte de la deuda pública.

Sin que lo expliciten los dos interlocutores, se puede atribuir sus diferencias a dos presupuestos filosóficos y políticos opuestos. Para Graeber, de tradición anarquista, la anulación de la deuda es preferible porque no supone necesariamente remitirse al Estado nacional, y todavía menos a un Estado o a una institución supranacional: puede resultar de una acción directa de los deudores (cf. El proyecto de «strike debt» propuesto por Occupy Wall Street en Estados Unidos), o bien debido a una presión popular que impone esta decisión a un gobierno. Para Piketty, de tradición social-demócrata, una fiscalidad mundial sobre el capital es necesaria, y en el plano nacional, las medidas fiscales propuestas por los gobiernos permitirían avanzar en el buen camino.

A la vista de los argumentos de los dos autores, pensamos que no es necesario optar entre imposición al capital o anulación de la deuda, sino que lo juicioso sería poner en marcha ambas medidas simultáneamente.

Anular la deuda, ¿es una medida socialmente injusta?

Thomas Piketty rechaza las anulaciones de deuda debido a que los acreedores serían en su mayoría pequeños ahorradores, siendo injusto de que recayera sobre ellos esa anulación, mientras que los muy ricos sólo habrían invertido una pequeña parte de su patrimonio en títulos de la deuda pública. Pero le objetamos que la auditoría de la deuda que preconizamos no sólo tiene la vocación de identificar la deuda legítima (es decir la deuda al servicio del interés general) de la que no lo es, sino también identificar precisamente a los tenedores de esas deudas para poderlos tratar en forma diferenciada según su calidad y la suma de deuda que poseen. En la práctica, la suspensión de pago es la mejor manera de saber exactamente quién posee y qué posee puesto que los tenedores de los títulos se verán forzados a salir del anonimato.

Según el Banco de Francia, en abril de 2013, la deuda negociable del Estado francés estaba en un 61,9 % en manos de no residentes, esencialmente inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de pensión, fondos mutuales…). El 38,1 % restante, estaba en manos de residentes, aunque la mayor parte corresponde a los bancos, que poseen el 14 % de la deuda pública francesa, a las aseguradoras y a otros gestores de activos |2|. Los pequeños tenedores de deuda (que gestionan directamente su cartera de títulos) sólo representan una ínfima parte de los tenedores de deuda pública. Con ocasión de la anulación de deudas públicas, sería conveniente proteger a los pequeños ahorradores que colocaron sus economías en títulos de deuda pública así como a los asalariados y a los pensionistas que vieron cómo las instituciones o los organismos gestores colocaron una parte de sus cotizaciones sociales (jubilación, desempleo, enfermedad, familia) en títulos de deuda.

La anulación de las deudas ilegítimas debe ser soportada por las grandes instituciones financieras privadas o las familias más ricas. El resto de la deuda debe ser reestructurado de manera que se reduzca drásticamente tanto el stock como la carga de la deuda. Esta reducción/reestructuración puede apoyarse en particular sobre el impuesto al patrimonio de los más ricos, como postula Thomas Piketty |3|. La anulación de deudas ilegítimas y la reducción/reestructuración del resto de las deudas deben ir a la par. Mediante un amplio debate democrático se debe decidir sobre la frontera entre los pequeños y medianos ahorradores, a los que se debe indemnizar, y los grandes, a los que se puede expropiar. Entonces se podrá instaurara un impuesto progresivo sobre el capital, que afecte con dureza a las grandes fortunas, aquellas del 1 % más rico, que Piketty mostró que poseen actualmente más de un cuarto de la riqueza total en Europa y en Estados Unidos |4|. Esta tasa, cobrada en una sola vez, permitiría terminar de esponjar el conjunto de deudas públicas. Además, una fiscalidad fuertemente progresiva sobre los ingresos y el capital bloquearía la reconstitución de las desigualdades patrimoniales, de las que Piketty cree, con justicia, que son antagonistas de la democracia.

Anulación de la deuda: ¿en provecho de quién?

Si bien no podemos estar de acuerdo con Piketty cuando afirma que la anulación de la deuda «no es de ninguna manera una solución progresista», en cambio tiene razón en cuestionar el tipo de anulación parcial de deudas concebido por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) para Grecia en mayo de 2012. Esta anulación ha sido condicionada por medidas que constituyeron violaciones a los derechos económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego y que hundieron aún más a Grecia en una espiral descendente. Se trataba de un timo que tenía como fin permitir que los bancos privados extranjeros (principalmente franceses y alemanes) se liberaran con unas pérdidas limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a cargo del Tesoro Público, y permitía a la Troika reforzar su influencia sobre Grecia. Mientras que la deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en 2009, y el 157 % en 2012 después de la anulación parcial de la deuda, alcanzó un nuevo pico en 2013: ¡el 175 %! La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se eleva al 27 % en 2013 (y llega al 50 % entre los menores de 25 años). De acuerdo con Thomas Piketty nosotros también rechazamos ese recorte propugnado por el FMI, que sólo tiene un objetivo: mantener a las víctimas con vida para poder seguir chupando su sangre, y cada vez más. La anulación o suspensión de pagos de la deuda la debe decidir el país deudor, con sus propias condiciones, para recibir un verdadero balón de oxígeno (como lo hizo Argentina en 2001 y 2005 y Ecuador en 2008-2009).

La deuda y la desigualdad de la riqueza no son los únicos problemas

Graeber y Piketty tienen posiciones opuestas al determinar cuál es el blanco político prioritario: la deuda o la desigualdad de los patrimonios. Pero para nosotros, los problemas de nuestras sociedades no se limitan al de la deuda pública o a la desigualdad engendrada por las fortunas privadas. En principio, es bueno recordar —y Graeber lo hace sistemáticamente— que existe una deuda privada mucho más importante que la deuda pública |5|, y que el brutal aumento de esta última desde hace cinco años se debe en buena parte a la transformación de deudas privadas, principalmente la de los bancos, en deudas públicas. Por lo tanto, y sobre todo, hay que recolocar la cuestión de la deuda en el contexto global del sistema económico que la genera y de la que sólo es uno de sus aspectos.

Para nosotros, la imposición al capital y la anulación de las deudas ilegítimas deben formar parte de un programa mucho más amplio de medidas complementarias que permitan lanzar una transición hacia un modelo poscapitalista y posproductivista. Tal programa, que debería tener una dimensión europea y podría comenzar por ponerse en práctica en uno o varios países del continente, comprendería, en especial, el abandono de las políticas de austeridad, la reducción generalizada del tiempo de trabajo con contratos compensatorios y mantenimiento del salario, la socialización del sector bancario, una reforma fiscal total, medidas para garantizar la igualdad hombre-mujer y la puesta en marcha de una política determinada de transición ecológica.

Graeber pone el acento en la anulación de la deuda ya que cree, como nosotros, que se trata de un objetivo político movilizador, pero no pretende que esta medida sea suficiente y el mismo se sitúa en una perspectiva radicalmente igualitaria y anticapitalista. La crítica fundamental que se le puede hacer a Thomas Piketty es que piensa que su solución puede funcionar aunque se mantenga el sistema actual. Propone un impuesto progresivo sobre el capital para redistribuir las riquezas y salvaguardar la democracia, pero no se cuestiona las condiciones en las que estas riquezas se originaron ni las consecuencias que resultan de ese proceso. Su respuesta sólo remedia uno de los efectos del funcionamiento del sistema económico actual, sin atacar la verdadera causa del problema. En primer lugar, admitamos que logramos, mediante un combate colectivo, una imposición al capital, sin embargo la recaudación generada por este impuesto corre el riesgo de ser succionada por el reembolso de deudas ilegítimas, si no actuamos para que se anulen. Pero sobre todo no nos puede satisfacer un reparto más equitativo de las riquezas, si éstas son producidas por un sistema depredador que no respeta ni las personas ni los bienes comunes, y acelera la destrucción de los ecosistemas. El capital no es un simple «factor de producción» que «juega un papel útil» y merece, por lo tanto, «naturalmente» un rendimiento del 5 %, como lo dice Piketty, es también, y principalmente, una relación social que se caracteriza por la influencia de los que poseen sobre el destino de las sociedades. El sistema capitalista en tanto que modo de producción está en el origen no sólo de las desigualdades sociales, cada vez más insostenibles, sino también del peligro que corre nuestro ecosistema, del saqueo de los bienes comunes, de las relaciones de dominación y de explotación, de la alienación en los mercados, la lógica de acumulación que reduce a nuestra humanidad a mujeres y hombres incapaces de transformar sus pulsiones, obsesionados por la posesión de bienes materiales y despreocupados por lo inmaterial, que sin embargo es la base de nuestra vida.

La gran cuestión que Piketty no se plantea pero que salta a la vista de quien observa las relaciones de poder en nuestras sociedades y la influencia de la oligarquía financiera sobre los Estados, es la siguiente: ¿Qué gobierno, qué G20 decidirá gravar al capital con un impuesto progresivo sin que unos potentes movimientos sociales hayan previamente impuesto el desmantelamiento del mercado financiero mundial y la anulación de las deudas públicas, que son los principales instrumentos del poder actual de la oligarquía?

Al igual que David Graeber, pensamos que será necesario imponer la anulación de las deudas bajo «el impulso de los movimientos sociales». Esta es la razón por la que actuamos en el marco del Colectivo de auditoría ciudadana (CAC) con el fin de que la anulación de la deuda ilegítima resulte de una auditoría, en la que la ciudadanía participe como actora. De todas maneras tenemos nuestras dudas frente a la idea de que «el modo de producción actual está fundado sobre principios morales que no son solamente económicos», puesto que «el neoliberalismo privilegió la política y la ideología sobre lo económico». Para nosotros, no hay oposición entre estos tres campos sino que hay un sistema, el neoliberalismo, que los articula a su manera. El capitalismo neoliberal no ha privilegiado la política o la ideología sobre lo económico, las ha utilizado y puesto al servicio de la búsqueda del máximo beneficio, con un cierto éxito hasta ahora, si tomamos en cuenta los datos proporcionados por el libro de Piketty. Por supuesto que este sistema ha engendrado monstruosos desequilibrios —por ejemplo las deudas privadas y públicas— y es incompatible con una futura sociedad emancipada, pero en lo inmediato su dominación se perpetúa.

Más allá de las divergencias —secundarias con Graeber, más profundas con Piketty— que acabamos de explicar, estamos listos, por supuesto, a emprender juntos el camino de la anulación de las deudas ilegítimas y del impuesto progresivo sobre el capital. Cuando lleguemos a un cruce, en que una de las vías nos indique la salida del capitalismo, tendremos, todos y todas juntos, que retomar el debate considerando las lecciones sacadas de la experiencia del camino recorrido.

Neoliberalismos y trayectorias de los feminismos latinoamericanos


Alainet, Sonia E. Alvarez

El desarrollo neoliberal, patriarcal, racista y colonialista ha permitido, facilitado o incluso fomentado ciertas formas o tipos de discursos y prácticas feministas. Pero al mismo tiempo, ha limitado, circunscrito o hasta reprimido o criminalizado otros. Para mostrar esto, quiero analizar la relación entre el desarrollo neoliberal, racista y  patriarcal y los movimientos de mujeres y feministas en América Latina en tres momentos diferentes.

El primero coincide con el inicio del neoliberalismo, lo que algunos llaman la fase del fundamentalismo de mercado, donde el mercado es considerado un dios y resolverá todo; y el régimen de Pinochet en Chile, tal vez puede expresar su cristalización máxima.  El segundo momento, algunos lo han denominado neoliberalismo multicultural con "rostro humano", en el cual la intensa explotación de los más pobres, con la intensificación del hambre, por ejemplo, comienza a amenazar al propio capitalismo.  En esta fase, empiezan a aparecer las políticas dirigidas específicamente a la población que vive en la miseria, por debajo de la línea de pobreza.  Y finalmente, un tercer momento (el actual) que algunos llaman, todavía con cuestionamientos, de post-neoliberalismo, o si se quiere, de neo-desarrollismo, que se conjuga, en algunos casos, con el regreso del nacionalismo popular (popular ahora a menudo entendido como multiétnico e intercultural) y que también muchas veces muestra continuidades significativas con el modelo de acumulación capitalista por desposesión.

“Ejército invisible”

Durante la primera fase del neoliberalismo, la del fundamentalismo de mercado, las mujeres, especialmente las pobres y pertenecientes a grupos raciales subalternos, constituían una especie de "ejército invisible" que garantizó la supervivencia de las familias y las comunidades frente a la dramática caída de los salarios populares y de los servicios públicos provocada por el ajuste estructural.  Como sabemos, las políticas de ajuste llevaron a las mujeres de la clase trabajadora y a los pueblos indígenas y afrodescendientes a organizar y dirigir luchas comunitarias por la supervivencia y contra el proceso de acumulación brutal y militarista del capitalismo de esta primera fase, en especial durante la llamada "década perdida" de los años 80.

El militarismo de esa primera fase también llevó a las mujeres a liderar las luchas por los derechos humanos en toda nuestra región. Las semillas de los feminismos populares que hoy se extienden por América Latina ya estaban en esas luchas de las mujeres y los grupos raciales subalternos de los años 70 y 80.  Estas luchas populares, como otros feminismos que (re) surgen durante esta fase, evidentemente, se negaron a tener cualquier relación con el Estado militarizado.

A su vez, el neoliberalismo en su primera etapa tenía solamente utilidad instrumental para los movimientos de mujeres, sustentándose en las mujeres de clases populares para implementar los llamados programas sociales de "emergencia", que intentaban absorber la resistencia a la doble dictadura: la dictadura política y de mercado.  La gran mayoría de militantes feministas y de movimientos populares, no obstante, se unió a las filas de la oposición al autoritarismo y al modelo de crecimiento orientado al mercado.

Neoliberalismo con “rostro humano”

La segunda fase del neoliberalismo coincide en muchos países de la región latinoamericana, con las llamadas "transiciones democráticas", que colocan en el poder a sectores de centro-derecha de oposición a las dictaduras militares, pero que, en general, continuaban abrazando la dictadura del mercado.  En ese momento se produjo un intenso debate entre militantes feministas que decidieron participar en el Estado neoliberal democratizado en un intento por promover políticas favorables a las mujeres y otras que se afianzaron en la oposición, reprobando las continuidades político-económicas y culturales entre los gobiernos post-autoritarios neoliberales y las dictaduras que les precedieron.

Esta disputa fue especialmente feroz, dada una especie de "angustia estratégica" o verdaderas "paradojas políticas" generadas por lo que, siguiendo a Evelina Dagnino (2004), podríamos llamar como "confluencia perversa" entre, por una parte, las conquistas reales de algunos elementos de la agenda feminista en América Latina y por otra, la "Nueva Agenda de Lucha contra la Pobreza" (New Poverty Agenda), promovida por las instituciones financieras internacionales en este segundo momento del neoliberalismo global.

La Agenda Neoliberal contra la Pobreza consideraba que un enfoque tecnocrático "con perspectiva de género" sería crucial para aumentar el "capital social" de las mujeres, especialmente las mujeres pobres y racializadas.  Y el capital social femenino, a su vez, pasó a ser visto como esencial para integrar a las mujeres a un "desarrollo de mercado" más eficaz y eficiente (palabras clave del neoliberalismo II).  Fue una época de proliferación de políticas enfocadas a los llamados grupos "vulnerables" –como las mujeres pobres, los grupos subalternos racializados–.

Así, los programas sociales de emergencia "focalizados" pasaron a ser permanentes en este segundo momento.  Y es precisamente en esta coyuntura que el neoliberalismo va a usar una máscara más "humana", multicultural y participativa.  Y llama a las "organizaciones de la sociedad civil" –incluyendo algunas organizaciones feministas profesionalizadas– a ser "socias en el desarrollo y la democratización".  Y, en su calidad de "especialistas en género" (o generólogas...), muchas pasaron a administrar los proyectos dirigidos a las mujeres consideradas más "vulnerables" por el neoliberalismo globalizado.

En muchos países de la región, podemos decir que estos sectores del feminismo se consolidaron y se volvieron dominantes, si no hegemónicos, durante esta segunda fase del neoliberalismo.  Y los feminismos y otros sectores de los movimientos de mujeres y populares que continuaron levantando críticas cada vez más contundentes a lo que en Chile se llamó "el modelito" perdieron visibilidad política y sus prácticas y discursos críticos quedaron cada vez más circunscritos y deslegitimados, como famosamente los llamó FHC (Fernando Henrique Cardoso, entonces presidente de Brasil), "neobobismos".  Entre los deslegitimados y silenciados estaban importantes sectores de los movimientos indígenas y negros, que actuaban hacía varias décadas en la región, pero que en realidad proliferaron y ganaron espacio social y cultural durante los años 90.  Por esta razón, el neoliberalismo, en su segunda fase, también muchas veces se declaró "multicultural".

En un intento por apaciguar lo más combativo y transgresor en estos movimientos, el neoliberalismo promueve, en esta etapa, algunas políticas para "integrar" mejor a los pueblos indígenas y afrodescendientes a la "ciudadanía de mercado" (o la ciudadanía mercantilizada, como la llama la Marcha).  Es decir, algunas de las conquistas reales, producto de estas luchas antirracistas también "convergieron perversamente" con la mercantilización de la ciudadanía multicultural promovida por el neoliberalismo en su segunda fase.

Por lo tanto, esta fase permitió la articulación de demandas más "civiles" o cívicas por algunos sectores de movimientos indígenas, por ejemplo, especialmente aquellos que encarnaron o por lo menos "performaron"[1] lo que Hale y Millamán han llamado el "indio permitido", "una categoría identitaria que resulta cuando los regímenes neoliberales reconocen activamente y abren espacio para la presencia indígena colectiva", mientras que separan "los derechos admisibles de aquellos prescritos, aquellos aceptablemente moderados de aquellos que amenazarían una transformación social radical" (2006, 284 y 301).

Quiero enfatizar que no estoy proponiendo un binarismo rígido entre lo permitido y lo no permitido.  Simplemente quiero señalar dos caras del activismo que a veces encontramos en una misma persona, dos caras que se mezclan y entrelazan en una misma militante, una misma organización, un mismo movimiento.

Feminismo 2.0

En el momento actual, está claro que vivimos una reconfiguración de los campos políticos y de los movimientos sociales, lo que genera nuevas angustias estratégicas y nuevas paradojas políticas.  Por un lado, tenemos la expansión geométrica de los feminismos populares, negros, indígenas, lésbicos, trans, jóvenes, etc.  Un feminismo cada vez más "de masas", un "feminismo 2.0", como dice el sitio web de la Marcha en Brasil.  Y por otro lado, vemos la consolidación de proyectos y gobiernos democrático-populares, de izquierda y de centro-izquierda, y de feminismos que se articulan con estos proyectos populares muchas veces a través de la "auto-organización" de las mujeres en los más diversos movimientos y espacios políticos.

En la coyuntura actual, quiero sólo destacar algunas preguntas que tal vez puedan ser aprovechadas en los debates de la Marcha.  En primer lugar, parecería que la proliferación de gobiernos de izquierda o de centro-izquierda en la región, desde finales de los años 90, habría aumentado el espacio político para los sectores de los feminismos y movimientos de mujeres que quedaron invisibilizados y hasta criminalizados durante el segundo momento neoliberal.  Y en algunos casos, como en Bolivia, también se abrió espacio a las organizaciones de mujeres vinculadas a los movimientos indígenas.  Sin embargo, algunas militantes y observadoras académicas insisten en que estos proyectos y gobiernos muchas veces todavía comparten las suposiciones maternalistas que guiaron las políticas "con perspectiva de género" de la segunda fase neoliberal y por lo tanto continúan patriarcales al mismo tiempo que absorben algunas de las demandas feministas que serían más consonantes con el modelo post- neoliberal y/o neo-desarrollista.

Se plantean las siguientes cuestiones en la coyuntura actual: ¿hay "confluencias" entre las agendas de algunas corrientes feministas, los diversos sectores de los movimientos populares, negros e indígenas, y los gobiernos democrático-populares de hoy en día?  ¿Aparecen nuevas "perversidades" en función de esas confluencias?  ¿Cuáles son las principales "virtudes" que podemos identificar en las confluencias actuales entre los feminismos, los movimientos étnico-raciales, y los gobiernos de (centro) izquierda y democrático-populares?  ¿Qué angustias estratégicas y paradojas políticas caracterizan la militancia en este tercer momento?  ¿Qué discursos y prácticas feministas son permitidas y no permitidas en el momento actual?  ¿Cómo superar estos aparentes binarismos políticos y enfrentar nuestras inevitables paradojas con más contundencia?

Quiero terminar subrayando que enfrentar nuestras paradojas –en lugar de la práctica mucho más común que consiste en camuflarlas o anularlas– es vital para los movimientos feministas y de mujeres, al igual que para todos los movimientos sociales, porque las contradicciones y los conflictos que generan muchas veces pueden ser muy productivos, provocando auto-reflexiones y reflexiones críticas que con frecuencia revitalizan y fortalecen los movimientos.  Propongo, por último, que las paradojas son lo que realmente hace a los movimientos moverse.
(Traducción: Carmen Diaz Alba)

- Sonia Álvarez es doctora en ciencia política, profesora de la Cátedra Leonard J. Horwitz de Políticas y Estudios de América Latina y directora del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de Massachusetts en Amherst (EEUU).

Referencias Citadas

Dagnino, Evelina. 2004. "Conflência perversa, deslocamentos de sentido, crise discursiva." In La cultura en las crisis latinoamericanas, editado por Alejandro Grimson. Buenos Aires: CLACSO.

Hale, Charles R. , and Rosamel  Millamán. 2006. "Cultural Agency and Political Struggle in the Era of the Indio Permitido." In Cultural Agency in the Americas, editado por Doris Sommer, 281-304. Durham, NC: Duke University Press.


Artículo publicado en la revista América Latina en Movimiento No. 489 de octubre de 2013, titulada "Feminismo popular para cambiar el mundo" http://alainet.org/publica/489.phtml

URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/67658


[1] NdT: En el sentido de interpretar, actuar, representar.

Publicado en América Latina en Movimiento, No. 489: http://alainet.org/publica/489.phtml

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: violencia sexual contra mujeres q´eqchís en Guatemala(i)

31 de Octubre 2013

 Luz Méndez Gutiérrez(ii)

En este artículo se narran y se analizan las historias de lucha por la justicia que han emprendido dos grupos de mujeres indígenas del pueblo q´eqchí de Guatemala, quienes viven el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El primer grupo está conformado por quince mujeres de la comunidad Sepur Zarco, que interpusieron en el sistema de justicia de Guatemala una demanda penal por esclavitud sexual en un destacamento militar durante el conflicto armado. El segundo grupo lo integran once mujeres de la comunidad Lote Ocho, quienes presentaron en Canadá una demanda legal contra una empresa minera transnacional, por violaciones sexuales perpetradas por sus agentes de seguridad en Guatemala.

 Elementos del contexto

 Los acontecimientos que se relatan en este artículo tuvieron lugar en la región del Valle del Río Polochic, la cual abarca varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el nororiente de Guatemala. Esta región es rica en recursos naturales, como fértiles tierras, abundante agua, petróleo, níquel y otros minerales. En esta región se vive actualmente un proceso de reconcentración de la tierra para la producción de agro combustibles, tales como la palma africana y la caña de azúcar, así como la intensificación de la extracción minera. Dichas actividades se han impulsado a costa de nuevos despojos de tierras a la población campesina, generando conflictividad social, violencia y profundización de la aguda desigualdad en la estructura de tenencia de la tierra. Según el último censo agropecuario, el 57% de la tierra se halla en poder del 2% de propietarios, mientras que, en el otro extremo, el 3% de la tierra corresponde al 45% de propietarios (INE, 2004).

 Al finalizar el conflicto armado, que duró más de 30 años, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, reveló que durante ese período, en el marco de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror, en grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (CEH, 1998: 13)

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 hubo avances importantes en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Para los movimientos sociales esto significó la apertura de espacios para la participación ciudadana y la incidencia política, que ha dado como resultado la construcción de un marco legal favorable a los derechos humanos. Sin embargo, durante los años recientes se ha dado un proceso de involución, afectando especialmente al sistema de seguridad. Actualmente uno de los grandes problemas que afronta la ciudadanía son los altos índices de violencia delincuencial. En esto inciden viejos problemas socioeconómicos, políticos e institucionales no resueltos, así como el incremento de la economía criminal, particularmente el narcotráfico. En ese contexto, el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres se han incrementado.

Los hechos de violencia sexual contra mujeres q´eqchís

Las mujeres de Sepur Zarco. En el marco del conflicto armado, mujeres del pueblo q´eqchí de varias aldeas de Izabal y Alta Verapaz fueron víctimas de esclavitud sexual en el destacamento instalado por el ejército en la aldea Sepur Zarco. En agosto de 1982 las mujeres fueron violadas sexualmente por los soldados, en sus casas, frente a sus hijos e hijas. Unos días antes miembros del ejército habían secuestrado y desaparecido de manera forzosa a los esposos de las mujeres. Ellos eran campesinos que se habían organizado para obtener los títulos de propiedad de sus tierras. A partir de ese momento las mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante períodos que van de seis meses a seis años. Organizadas por “turnos”, ellas fueron forzadas a presentarse cada dos días al destacamento, en el cual fueron violadas en forma sistemática y múltiple. A la esclavitud sexual se sumó la esclavitud doméstica, ya que tenían la obligación de preparar la comida y lavar los uniformes de los soldados. La explotación económica llegó al extremo de ser forzadas a proporcionar el maíz y el jabón, lo cual implicó que los hijos de las mujeres fueron sometidos a niveles extremos de pobreza y hambre (Méndez, 2012).

Las mujeres de Lote Ocho. El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fue víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. La CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera transnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.

 Los dos grupos de mujeres fueron víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos. A las mujeres de Sepur Zarco, además de la violencia sexual y el asesinato o desaparición forzada de sus esposos, los soldados les destruyeron sus casas, cosechas y otros bienes materiales. Lo mismo ocurrió en la comunidad Lote Ocho donde los guardias de la CGN y los agentes del Estado quemaron las casas y las siembras. Mujeres de ambos grupos fueron forzadas a refugiarse en las montañas para escapar de la represión. Durante el desplazamiento murieron varios hijos e hijas de mujeres de Sepur Zarco, producto de enfermedades y la falta de alimentos.

Las secuelas

 Las secuelas de la violación sexual son profundas y de larga duración. Entre las consecuencias físicas, las mujeres protagonistas de estas historias tuvieron abortos, embarazos forzados, incapacidad de volver a concebir, dolores que les han durado por muchos años, así como otras enfermedades.

 Entre las secuelas psicosociales destacan el impacto del silencio y la estigmatización. Las mujeres de Sepur Zarco guardaron silencio durante 25 años sobre la violencia sexual vivida. Las mujeres de Lote Ocho también callaron durante varios años sobre la violación sexual. El tener que mantener en silencio hechos de tan profundo impacto en sus vidas, ha sido una pesada carga para ellas. La estigmatización social, que ha afectado a los dos grupos, ha tenido una especial crudeza para las mujeres de Sepur Zarco. El rechazo y los señalamientos contra ellas en su propia comunidad, en donde incluso han sido calificadas como “las mujeres malas”, les ha causado gran sufrimiento.

 La violación sexual es el único crimen por el cual socialmente la vergüenza y la culpa recaen en los hombros de las propias víctimas y no en los perpetradores. Allí se halla la principal raíz del silencio forzado y la estigmatización social. Además, tales impactos son resultado del hecho que la violación sexual no se interpreta como una violación a los derechos humanos, como un problema social y político, sino como algo que corresponde al ámbito de la esfera privada.

Pasado-presente: el continuo de violencia sexual contra mujeres indígenas

 La investigación en curso sobre acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas, revela la existencia de patrones similares en la violencia sexual perpetrada contra mujeres q´eqchís en el pasado y el presente. Aún cuando median treinta años entre unos hechos y otros, las mujeres de los dos grupos fueron violadas en forma atroz, masiva y múltiple. Para comprender este continuo de violencia es necesario analizar la forma en que se entrelazaron en la vida y los cuerpos de las mujeres la opresión de género, el racismo contra los pueblos indígenas, así como la conflictividad agraria, que para el grupo de Sepur Zarco se expresó en el contexto del conflicto armado.

 El despojo de tierras y la violación sexual de mujeres indígenas son dos problemas estructurales que han estado íntimamente entrelazados en la historia de Guatemala. Este vínculo despojo de tierras-violación sexual se halla en la base de las violaciones sexuales contra las mujeres de Sepur Zarco y Lote Ocho. Las mujeres de los dos grupos identifican que las condiciones contextuales que dieron origen a la violencia sexual que sufrieron están íntimamente vinculadas a las luchas comunitarias por la defensa de sus tierras. Las mujeres de Sepur Zarco explican que la violencia sexual de la cual fueron objeto es resultado de la represión contra los campesinos indígenas que se organizaron para obtener los títulos de propiedad de sus terrenos. La violencia vino porque luchamos por la tierra. (SZ.1-9). Para las mujeres de Lote Ocho el despojo de tierras y la violación sexual son dos violaciones a los derechos humanos que sufrieron de forma simultánea. Durante el segundo desalojo fue cuando nos hicieron el daño, en este segundo desalojo fue cuando fuimos violadas (L8.3-1).

En efecto, durante los hechos de violencia contra las mujeres de Lote Ocho y Sepur Zarco la violación sexual fue utilizada como mecanismo de control y sometimiento, como un medio de intimidación y castigo hacia las mujeres y sus comunidades, las cuales se habían organizado para defender sus tierras ancestrales. En ambos casos la violación sexual fue una herramienta para el despojo de tierras a la población campesina indígena. Además, la violencia sexual de la cual fueron objeto las mujeres de Sepur Zarco fue utilizada como arma de guerra en el marco de la política contrainsurgente del Estado durante el conflicto armado.

 La dominación de género o sistema patriarcal jugó un papel central durante los hechos de violencia contra los dos grupos de mujeres, ya que aportó una ideología, así como un conjunto de normas y prácticas sociales que asignan a las mujeres una condición social de subordinación, mientras que otorga a los hombres una posición de supremacía. La violencia contra las mujeres constituye un componente estructural del sistema de dominación de género. Una de las características distintivas de este tipo de violencia es que se halla no sólo legitimada sino también normalizada socialmente.

 En los imaginarios patriarcales los hombres socialmente tienen el derecho de poseer y controlar a las mujeres, para lo cual el repertorio de mecanismos utilizados incluye la utilización de la violencia. La lógica patriarcal de concebir a las mujeres como propiedad de los hombres fue funcional a la política contrainsurgente durante el conflicto armado. El cuerpo femenino, que también se interpreta como territorio, fue utilizado para afirmar dominio y demostrar poder sobre otros hombres. La misma lógica aplica respecto a las violaciones sexuales contra las mujeres durante los desalojos de tierras en la época actual.

 El racismo contra los pueblos indígenas ha facilitado la perpetración de la violencia sexual contra las mujeres indígenas, al profundizar su condición de inferioridad social. En Guatemala el 41% de los habitantes se identifica como indígenas y el 59% como no indígenas (INE, 2002). Los pueblos indígenas están compuestos por 23 grupos etnolingüísticos, mayoritariamente provenientes del pueblo maya. Una de las mayores riquezas de Guatemala es su diversidad étnica, cultural y lingüística. Sin embargo, históricamente estos pueblos han sido sometidos a un acendrado racismo, el cual se halla especialmente arraigado en la elite económica dominante. No obstante, el racismo ha penetrado todas las clases y grupos sociales, llegando a naturalizarse de tal manera que incluso las clases subalternas lo utilizan como elemento de recreación de su propia identidad (Casaúz, 2008: 20).

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia

 Las mujeres de los dos grupos buscaron justicia por senderos diferentes. En ese caminar las principales estrategias que han utilizado han sido la organización de grupos de mujeres –lo que les permitió contar con un espacio de confianza para hablar sobre la violencia sexual–, así como la construcción de alianzas con organizaciones feministas y de derechos humanos, a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones han trabajado conjuntamente con los dos grupos de mujeres, desde una visión de transformación social.

 Las mujeres de Sepur Zarco, en el marco de la justicia transicional, participaron en un proceso de construcción de memoria histórica y tomaron parte en el Primer Tribunal de Conciencia sobre violencia sexual durante el conflicto armado. Además, en 2011 presentaron una demanda penal en el sistema de justicia de Guatemala por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas por agentes del Estado durante el conflicto armado.

 Por su parte, las mujeres de Lote Ocho acudieron a cortes canadienses para obtener resarcimiento y justicia por los delitos de violación sexual perpetrados por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), que era subsidiaria de la transnacional canadiense HudBay Minerals cuando ocurrieron los hechos de violencia contra las mujeres. Ellas presentaron la demanda conjuntamente con la viuda de un profesor que fue asesinado y un joven que fue herido y dejado parapléjico por guardias privados de la CGN durante otros desalojos violentos de tierras. Se trata entonces de tres demandas presentadas en el sistema de justicia de Canadá.

 A la fecha los dos grupos de mujeres han tenido avances importantes en la búsqueda justicia. Un juzgado de Guatemala aceptó dar curso a la querella penal presentada por las mujeres de Sepur Zarco y un tribunal de alto riesgo escuchó los testimonios de las demandantes, en calidad de prueba anticipada, durante 2012. Por otro lado, un tribunal de Ontario, Canadá emitió en 2013 un fallo aceptando conocer la demanda legal presentada por las mujeres de Lote Ocho, así como los otros demandantes, contra HudBay Minerals.

 Los dos grupos de mujeres son protagonistas de procesos legales sin precedentes. Con sus luchas estas mujeres q´ueqchís están abriendo brecha para el acceso de las mujeres a la justicia, en los ámbitos nacional e internacional. La relevancia del caso de Sepur Zarco se halla en que es la primera vez que un tribunal nacional conoce crímenes de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Casos de otros países han sido conocidos en cortes internacionales. Esto constituye un valioso aporte a las luchas para poner fin a la violencia sexual durante conflictos armados, una de las más generalizadas y más silenciadas violaciones a los derechos humanos en situaciones de guerra. El significado del fallo de la Corte de Justicia de Canadá proviene del hecho que es la primera vez en la historia legal de ese país que se admite juzgar a una empresa canadiense por su conducta en otros países. Con esto se lanza un fuerte mensaje para impedir que empresas extractivas transnacionales canadienses violen los derechos humanos en Guatemala y otros países.

 Los procesos legales aquí expuestos aún no han concluido. Son muchos los obstáculos y retos que las mujeres enfrentan en el camino que emprendieron para alcanzar justicia. En primer lugar se halla el contexto de violencia y conflictividad agraria en la región donde viven. Además, las mujeres de Sepur Zarco se sienten permanentemente amenazadas por el hecho de que conviven en las mismas comunidades con varios de los perpetradores de la violencia sexual que vivieron. Por su parte, las mujeres de Lote Ocho están siendo sometidas a enormes presiones y chantajes por parte de la Compañía Guatemalteca del Níquel con el fin de que retiren la demanda legal en Canadá.

 No obstante, lo avanzado hasta ahora por estos grupos de mujeres, renueva las esperanzas de que es posible organizarse y construir alianzas para romper el silencio y luchar para poner fin a la impunidad por violación sexual y otros graves crímenes cometidos contra las mujeres y sus comunidades. En el largo plazo lo que se busca es construir una sociedad justa, con respeto a los derechos humanos y sin violencias de ningún tipo. 

(i) Artículo publicado en el boletín internacional Múltiples No. 20, octubre 2013, Just Governance Group, Canadá. Este artículo refleja algunos de los hallazgos de la investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.

 (ii) Luz Méndez Gutiérrez es investigadora y activista social, cuyo trabajo se enfoca en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la plena participación de las mujeres en procesos de justicia y paz. Tiene una maestría en administración pública y especialización en estudios de género. Actualmente coordina el proyecto de investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala, una iniciativa colaborativa entre el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–, en Guatemala, así como la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en Colombia. 

Bibliografía:

 Casaús Arzú, Marta Elena (2008). Genocidio, ¿la máxima expresión de racismo en Guatemala? Guatemala: F&G editores.

 Comisión de Esclarecimiento Histórico 6–CEH– (1998). Memoria del Silencio, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. Tomo III, Guatemala.

 Méndez, Luz (2012). No me quiero morir sin alcanzar justicia. Esclavitud sexual durante el conflicto armado en Guatemala. Programa de las Américas. http://www.cipamericas.org/es/archives/8127

 Instituto Nacional de Estadística –INE (2002). XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala. Instituto Nacional de Estadística –INE (2004). IV Censo Nacional Agropecuario, Tomo I. Guatemala.

www.albedrio.org