LA ALIANZA PARA DESARROLLO RURAL INTEGRAL – ADRI,
A LA OPINIÓN PÚBLICA EXPRESA
El 2014 es clave para el futuro de varias autoridades de instituciones públicas en Guatemala: Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, Controlaría General de Cuentas, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal están en juego. Estas autoridades son parte fundamental del marco institucional democrático, y sus actuaciones tienen impacto en varias problemáticas como erradicar la impunidad y la corrupción, garantizar la justicia por las atrocidades cometidas en la guerra, combatir el crimen y evitar la persecución de líderes y lideresas sociales. Sólo así será posible el desarrollo rural integral a favor de ciudadanas y ciudadanos campesinos e indígenas en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Expresamos nuestra suma preocupación por la recurrente judicialización de procesos con carácter eminentemente político; como los ataques de la Asociación “Unión de Cañeros del Sur” en 2012 contra la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que posteriormente fueron declarados sin lugar. Es inaceptable que tribunales de cualquier ramo den trámites a amparos mal fundamentados, sin legitimidad y en cuestiones que no son de su competencia; por ejemplo, a favor de personas que incumplen requisitos para ciertos cargos, lo que coadyuva a generar poca certeza jurídica. Estamos consternados por la resolución provisional emitida por la Corte de Constitucionalidad con la cual limitan el periodo de gestión para el cual fuera nombrada la Doctora Claudia Paz y Paz como titular del Ministerio Público.
Este hecho a toda luz ilegal rompe con el orden institucional vigente en el país, y ello nos hará retroceder en los débiles avances que la democracia guatemalteca ha ido desarrollando. Parece ser que las élites económicas, militares y políticas pactaron para concretar no sólo la salida anticipada de la Fiscal General, sino también han emprendido la coptación del total de las instituciones públicas, con el fin de satisfacer y garantizar sus espurios intereses. De tal cuenta que los procesos de las comisiones de postulación requieren de un perfeccionamiento. Hoy por hoy en los punteos parecen resaltarse más cuestiones formales, no estando en condiciones de identificar a las y los candidatos más idóneos. Igualmente nos preocupa la escasa representación de profesionales indígenas y de profesionales mujeres.
Las organizaciones que suscribimos esta declaración aspiramos al fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional, por tanto la ADRI exige:
*) Que la CC corrija de inmediato la interpretación errónea del texto constitucional y emita una resolución definitiva que asegure a la Doctora Claudia Paz y Paz cumpla sus funciones por cuatro años en diciembre próximo.
*) A los profesionales coherentes y de principios éticos, que se involucren y se postulen para los cargos a modo de asegurar suficiente número de candidatas y candidatos idóneos. Al ceder los espacios definitivamente los cargos se le asignarían a quienes representan poderes ocultos.
*) A la población, que se mantenga alerta e informada acerca de los procesos de postulación. Su carácter de transparencia cobra mayor efectividad con la participación de más ciudadanos, en su caso, también con la indignación pública. Democracia es una práctica no un ejercicio teórico.
*) A las comisiones de postulación, considerar adecuadamente señalamientos y oposiciones que se reciban sobre candidatos postulados, a fin de no atribuirle demasiada importancia a asuntos netamente formales.
*) Evitar la judicialización de los asuntos políticos. No entorpecer los procesos políticos con la intromisión de tribunales sin conocimientos en temáticas a tratar.
*) A las autoridades encargadas del nombramiento de la autoridad a partir de las termas elaboradas por las comisiones de postulación, de decidir buscando el bien común, la justicia y el fortalecimiento del proceso democrático.
Guatemala 26 de febrero 2014
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