Guatemala. Comunicado del Comité de Unidad Campesino ante los ataques en su contra

EMPRESAS Y FUNCIONARIOS ATACAN A QUIENES
 DEFENDEMOS LOS DERECHOS DEL PUEBLO

 Derecho de Respuesta al Campo Pagado publicado el 26 de enero del 2014
 en la página 7 de El Periódico

 La Sra. Gilda Isabel Aguilar no ha dudado en emitir declaraciones tergiversadas que rechazamos tajantemente. Nuestra presencia en Barillas, que se da a partir del 9 de mayo del 2012, tiene que ver con un principio que está inscrito en nuestro lema: “Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo”. Nuestra organización es solidaria con aquellas personas, comunidades, organizaciones y Pueblos que sufren abusos, arbitrariedades, imposiciones y violación de sus derechos por parte de los poderosos. Nos solidarizamos con los pobladores de Barillas porque tenemos la plena convicción que las demandas de quienes se oponen a la instalación de la hidroeléctrica, son legítimas y justas.

 La solidaridad es un valor fundamental de las comunidades indígenas y campesinas que se vive en distintos momentos: cuando nace un niño o niña, en la muerte de familiares, la siembra, la construcción comunitaria, los desastres, etc.; pero ahora hay quienes quieren hacer de la solidaridad un delito y por eso se nos persigue. Sin embargo, seguimos llamando a solidarizarnos, movilizarnos y unirnos con quienes sufren atropellos y abusos por parte de empresas y gobiernos, porque la fuerza principal del Pueblo está en su unidad y organización.

 Desde hace muchos años, es ampliamente conocido que en Guatemala, hay magistrados o fiscales que han favorecido, están relacionados e influenciados por partidos políticos, empresarios u obscuros grupos de poder. Basta revisar las noticias de los últimos años o los debates que se dieron alrededor de la aprobación de la ley de comisiones de postulación, para comprobar la anterior afirmación. Sin embargo a los poderosos esas relaciones siempre les han parecido normales. Fue hasta que se eligió a una Fiscal General que no sigue sus lineamientos que optaron por oponérsele férreamente, pero convenientemente se olvidan de la influencia y relación de muchos operadores del sistema jurídico que están bajo sus órdenes. Por lo mismo, no es casual que el campo pagado de la Sra. Aguilar haya sido publicado en el contexto de los amparos infundados que se plantearon para retirar antes de tiempo a la Fiscal General y que anómalamente fueron declarados con lugar, tal y como se han hecho con otros casos de impacto histórico y que han sido anulados con anterioridad.

 Cuando los pobladores de Barillas se opusieron a la instalación de una hidroeléctrica, la ex fiscal de Huehuetenango, Gilda Isabel Aguilar, se dedicó a acusar a pobladores que creía totalmente indefensos. Cuando el CUC llega a Barillas, después que se instala el Estado de Sitio, vio a nuestra organización como un obstáculo para hacer prevalecer los intereses empresariales en ese municipio y por ello no le importó incurrir en una serie de ilegalidades:

 1. Declara que las órdenes de captura que anómalamente ella emitió fue contra miembros del CUC en Barillas, sin embargo, ni uno solo de los que fueron acusados por la Sra. Aguilar son miembros del CUC. Nuestra presencia en Barillas se dio junto a la delegación multisectorial que llegó el 9 de mayo del 2012 a constatar las violaciones a los derechos humanos en este municipio. La presencia de esta delegación fue del conocimiento del despacho ministerial de Gobernación, según consta en la carta recibida y sellada en dicho despacho el 7 de mayo de 2012 a las 16:55 hrs. Además el gobierno destacó a funcionarios de COPREDEH para que coincidieran con la delegación mencionada.

 2. Con una ilegal y supuesta “prueba anticipada” trató de inculpar al CUC y a su Coordinador General en los hechos de Barillas, induciendo y prácticamente forzando a uno de los testigos a que declarara en la forma como ella quería. Tenemos las grabaciones donde se puede comprobar esta afirmación y constan en el propio expediente de la investigación.

 3. La Sra. Gilda Aguilar tergiversa los hechos al expresar que la Sala Regional de Apelaciones de Huehuetenango confirmó todo lo actuado. Se le olvida la Sra. Aguilar que la Sala de Apelaciones de Huehuetenango declaró con lugar el amparo presentado por los acusados, debido a “actividad procesal defectuosa” ya que las declaraciones se tomaron sin avisar a los abogados de los detenidos, tal como indica la ley. En septiembre del 2012 el juez de Santa Eulalia, declaró sin lugar la prueba anticipada y las órdenes de captura que ella tramitó, resolución que quedó en firme.

 4. El proceso disciplinario en su contra se debió a que la fiscal, en ese tiempo, Gilda Aguilar, incumplió con los deberes como fiscal porque el Ministerio Público debe de ser objetivo en su investigación y en sus planteamientos ante los juzgados y debe velar, siempre, por la legalidad del proceso no como en este caso que participó en una audiencia de prueba anticipada ilegal.

 5. La Sra. Aguilar pretende que nadie debe emitir opinión sobre sus funciones como fiscal, sin embargo olvida que por derecho constitucional se pueden hacer “denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos” (Art. 35 Constitucional). A su vez, se ha dedicado, sin fundamento, a dar declaraciones en contra del CUC y su dirigencia en entrevistas, programas y publicaciones de quienes le son “afines ideológicamente”.

 Ninguno de los órganos estatales ha favorecido al CUC; al contrario, más de cuarenta compañeros y compañeras, incluyendo niños han sido asesinados desde el año 2000 a la fecha. Lo que hemos conquistado en término de logros, denuncias, apoyos, etc. ha sido por la actividad organizada de las familias indígenas y campesinas, integradas al CUC y por el apoyo y convergencia con diversas comunidades, organizaciones y personas. Sabemos que este sistema favorece a los poderosos, mientras que para las y los guatemaltecos de los sectores populares no hay justicia. Seguiremos denunciando los abusos y reclamando justicia mientras subsista en Guatemala, un sistema jurídico y una ley que en la práctica no es pareja para todas y todos.

 Comité de Unidad Campesina
 CUC
 Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
 de las y los Trabajadores del Campo

 Guatemala, 20 de febrero de 2014.

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