Buenos días. Gracias a todas y todos por su presencia hoy, día en que concluye mi visita a Guatemala.
Quiero agradecer al Gobierno por su hospitalidad, así como por su disponibilidad al diálogo. Durante mi visita, me reuní con el Presidente Otto Pérez Molina, los Ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como con el Presidente de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos. Tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente del Congreso y el Procurador de los Derechos Humanos. Al finalizar esta conferencia, me reuniré con la Fiscal General.
Igualmente importantes fueron las reuniones que tuve con víctimas de violaciones de derechos humanos, defensoras y defensores de los derechos humanos, autoridades, organizaciones, lideresas y mujeres indígenas, así como organizaciones de la sociedad civil. Agradezco a todas y todos por su tiempo y apertura para compartir conmigo sus dificultades y aspiraciones en el respeto y disfrute de los derechos humanos.
Al final de mi misión, quiero compartir algunas de las conclusiones derivadas de estas fructíferas reuniones. En términos generales, quisiera empezar reconociendo avances importantes en temas centrales para la población del país, como la lucha contra los altos índices de desnutrición a través del Programa Hambre Cero, a pesar de las múltiples dificultades que se están registrando, la promoción de la economía campesina a partir de la implementación del Plan de Acción de la Política de Desarrollo Rural, y el fortalecimiento de la justicia especializada para la atención de la violencia en contra de las mujeres. Igualmente saludo el compromiso del Estado para mantener su política de puertas abiertas a las visitas de los relatores especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, en particular las solicitudes en curso de los Relatores Especiales contra la Tortura, Libertad de Asociación y del Derecho a la Verdad, Justicia y Reparación, así como el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios. A continuación abordaré algunos temas más específicos que fueron objeto de particular atención durante mi visita.
Lucha contra la impunidad
Como se ha reconocido en el último informe de la Alta Comisionada, durante los últimos años Guatemala dio pasos sin precedente en la lucha contra la impunidad, en casos relacionados con el crimen organizado, tráfico de drogas, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. El compromiso del personal del Ministerio Público, particularmente bajo el liderazgo de Claudia Paz y Paz, y la efectiva coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Ciencias Forenses –INACIF- han sido claves en dichos avances. Preservar y dar continuidad a estos logros es una prioridad y confiamos en que el Estado en su conjunto así lo asuma.
Sigue siendo preocupante la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones. En este sentido, saludo la iniciativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la creación de los juzgados y tribunales contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, y reitero la importancia de continuar con la expansión de los mismos, para asegurar el acceso a la justicia de todas las mujeres víctimas de violencia.
Tuve la oportunidad de reunirme con víctimas de violaciones graves cometidas durante el conflicto, así como con víctimas de violaciones de derechos humanos recientes. Me ha afectado mucho su sufrimiento, pero también me inspira su ánimo y su valor para buscar justicia. Guatemala no puede permitirse dar un paso atrás en la lucha contra la impunidad, tanto en casos del pasado como del presente. Ante el reciente nombramiento de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, resalto la importancia de continuar avanzando en la lucha contra la impunidad. En particular, destaco la necesidad de fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos con el fin de que se esclarezcan los casos de violaciones a derechos humanos, incluyendo las agresiones a defensores. Asimismo enfatizo la necesidad de mantener un control estricto de los casos seguidos y del personal que trabaja en la Unidad de Métodos Especiales de Investigación con el propósito de que no se vulneren las garantías judiciales del debido proceso. Reitero nuestra voluntad de continuar trabajando lado a lado con el Ministerio Público, en el marco del mandato de la Oficina, en la persecución de este objetivo.
La lucha contra la impunidad abarca muchos aspectos y es una responsabilidad del Estado en su conjunto. En este sentido, me complace constatar el compromiso del Congreso de la República para aprobar este año las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Llamo también a que se priorice la discusión de iniciativas de reformas a la Ley de Amparo y de Antejuicio, así como reformas a la Ley de Orden Público. Otras medidas esenciales para acabar con la impunidad incluyen: continuar con el fortalecimiento de los Tribunales con competencia en casos de mayor riesgo; ampliar la cobertura de los tribunales especializados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y fortalecer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y dotarlo con los recursos adecuados.
Quisiera igualmente saludar la reciente elección por el Congreso de los Relatores del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, que constituye un aporte muy valioso para contribuir a que las personas privadas de libertad puedan vivir libres de tortura y malos tratos. Es necesario aprobar su presupuesto, para que pueda comenzar sus labores a la brevedad. Asimismo saludo que se haya emitido dictamen favorable a la iniciativa para reformar la Ley de la Carrera Judicial, que se espera sea aprobada próximamente por el pleno del Congreso.
Es preciso resaltar la importancia del rol que tiene el Congreso, desde su ámbito de competencia, para garantizar que el marco jurídico nacional esté en armonía con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos; en particular en lo que respecta a la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, así como el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en estos casos.
Me permito también recordar que el Congreso tendrá un papel fundamental en el proceso final de elección, como órgano competente para elegir a los magistrados y magistradas, con base en las nóminas de candidatos que le presenten las comisiones de postulación. En este contexto, como le comenté al Presidente del Congreso, preocupa que las exhortaciones al Organismo Judicial que recientemente hizo el Poder Legislativo, sobre el tema de la “consolidación de la paz”, a través del Punto Resolutivo 3-2014, afecten el principio de independencia e imparcialidad judicial y puedan incidir en dicho proceso. Igualmente quisiera subrayar que esta resolución puede incidir en la plena independencia de poderes, que constituye el pilar de un Estado democrático.
En el contexto de la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, tuve la oportunidad de escuchar las voces de mujeres indígenas que fueron víctimas de violencia sexual en el destacamento militar de Sepur Zarco. Su valentía sin duda es un ejemplo para todos. En este sentido, aliento y animo a las organizaciones que las apoyan a que continúen con su labor; y exhorto al Ministerio Público y al sistema judicial, a continuar los esfuerzos para esclarecer estos hechos, y reparar el daño causado.
Es importante recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, los derechos a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Quisiera destacar que la reconciliación no debe concebirse como una alternativa a la justicia. No se puede construir la paz y el desarrollo en el país con base en la impunidad. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos.
Quiero reiterar el compromiso de la Oficina de la Alta Comisionada de seguir apoyando a todos aquellos que buscan justicia. Guatemala tiene un sistema judicial que ha demostrado tener capacidad para hacer justicia; como lo dijo la Alta Comisionada en su visita a Guatemala en 2012, sólo se necesita de suficiente voluntad política para hacerla realidad.
Comisiones de postulación
Las comisiones de postulación tienen la responsabilidad primordial de garantizar que profesionales de indiscutible idoneidad, capacidad e integridad sean seleccionados para integrar la nómina final de candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Para cumplir con esta importante misión, reitero las recomendaciones de la Alta Comisionada en procesos anteriores respecto a la necesidad de asegurar una discusión y valoración con base en criterios objetivos, en forma razonada y pública, incluyendo el requisito de la reconocida honorabilidad. Igualmente, insto a las Comisiones que se integrarán próximamente a asegurar la inclusión equitativa de aspirantes mujeres e indígenas.
Saludo los esfuerzos de la sociedad civil en su participación activa en el monitoreo y seguimiento de estos procesos y confío en que sus observaciones sean consideradas por las Comisiones de Postulación.
Pueblos indígenas
Coincidimos con el Presidente en que la superación de la discriminación estructural y el racismo es uno de los principales desafíos para Guatemala. A pesar que los pueblos indígenas constituyen
la mayoría de la población, ser indígena en Guatemala continúa implicando una negación de sus derechos en varios ámbitos, incluido el acceso a servicios básicos, a la propiedad de la tierra, a la educación, salud, justicia, participación y a condiciones de trabajo decentes.
Las autoridades indígenas de Chichicastenango, Nebaj (Quiché), Sololá, los 48 Cantones de Totonicapán, entre otros, describieron en detalle el gran desafío que enfrentan en el fortalecimiento de su autonomía en el marco del ejercicio de sus funciones. Hago un llamado al Estado en su conjunto para que se reconozca su contribución al mantenimiento de la paz, la seguridad y gobernabilidad en el país. La necesidad de fortalecer los mecanismos tradicionales de diálogo y toma de decisiones comunitarias es urgente, como también lo es el fortalecer una mayor participación de las mujeres indígenas dentro de estas estructuras.
En mi visita a Izabal, pude conocer los esfuerzos de las comunidades indígenas para reivindicar sus derechos de acceso a la tierra, reconocimiento de la propiedad colectiva y participación en la toma de decisiones de políticas públicas a través de demandas judiciales. Llamo a que se adopte el marco legal adecuado al derecho internacional que reconozca las formas tradicionales de tenencia, posesión y propiedad colectiva de la tierra por parte de las comunidades indígenas.
Me preocupa sobremanera constatar que el otorgamiento de licencias para proyectos extractivos y energéticos sigue generando tensión social. El respeto por parte del Estado de su deber de consultar a los pueblos indígenas, así como la construcción de espacios de diálogo con base en los principios de buena fe, constituyen el camino para prevenir y responder efectivamente a los desafíos en este país. El procedimiento de consulta previa debe desarrollarse de acuerdo a los estándares internacionales e incorporar las formas tradicionales de consulta y toma de decisión utilizados por las comunidades indígenas. En este marco, hago un llamado a un modelo de desarrollo incluyente, en el que los pueblos indígenas tengan la oportunidad de ser socios legítimos, participando en los procesos de toma de decisión y reparto de beneficios.
Defensores de los derechos humanos
A través de los testimonios que pude recibir por parte de un amplio grupo de defensoras y defensores que trabajan a favor de la justicia, de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y del medio ambiente, pude comprender el difícil contexto en el que desempeñan su labor y los enormes riesgos a los que están expuestos. Con preocupación recibí información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio a que están sujetos. Incluso, según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), durante 2013 se habrían registrado 18 asesinatos de defensores y defensoras.
También pude conocer casos en los que parece haber un patrón en el cual, frente a la defensa de los derechos humanos en el contexto de explotación de recursos naturales, se accionan procesos penales ante las fiscalías locales. Se utilizan tipos penales desproporcionados a los hechos denunciados, tales como asociación ilícita, terrorismo o secuestro, los cuales corresponden a la lógica del combate al crimen organizado, y no al abordaje de la demanda de los movimientos sociales.
Otro elemento de preocupación son las acciones y campañas de desprestigio y estigmatización en contra de las y los defensores, que se articulan utilizando como plataforma diversos medios de comunicación. Para contrarrestar esta tendencia es necesario que las autoridades eleven aún más el reconocimiento público sobre la legitimidad de la labor que desempeñan las y los defensores de derechos humanos.
En este sentido, el Gobierno me compartió información sobre importantes iniciativas y espacios que están en proceso de fortalecimiento para garantizar la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo. Quisiera destacar, particularmente, los esfuerzos para concretar un mecanismo de protección para periodistas. Es importante que se cree un mecanismo similar para proteger a las y los defensores de derechos humanos, así como realizar las investigaciones relativas a los ataques que han recibido. Acabar con la impunidad es la mejor forma de brindarles protección.
Seguridad
Soy consciente de los esfuerzos que el Gobierno de Guatemala ha realizado para reducir el número de muertes violentas, aunque sigue siendo preocupante el alto número de éstas, incluyendo mujeres, niñas y niños. Valoro el lanzamiento de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, así como el aumento en el número de agentes de policía que a finales de año se ha proyectado a 35.000 efectivos. Confío en que este aumento de las fuerzas policiales permitirá, como conversado con el Presidente Otto Pérez Molina, el retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana.
Procurador de los Derechos Humanos
Cuando la Alta Comisionada visitó Guatemala en 2012, el Congreso estaba próximo a seleccionar un nuevo Procurador de Derechos Humanos. Me complace ahora reconocer los notables esfuerzos liderados por el Dr. Jorge De León Duque en el fortalecimiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y, particularmente, de las 36 auxiliaturas que cubren los 22 departamentos del país. La PDH sigue siendo la institución de referencia para las y los ciudadanos que sienten que sus derechos humanos han sido vulnerados. La confianza de la gente en la institución es el primer paso para garantizar la protección de sus derechos humanos. La labor de promoción de una cultura de derechos humanos y de fiscalización de la función de la administración pública son aspectos centrales en el fortalecimiento de espacios democráticos tanto a nivel local, como en el nivel nacional. Reitero la disposición de nuestra Oficina para seguir acompañando y brindando asistencia técnica a la PDH.
Finalmente, quiero agradecer al Gobierno por la renovación del Acuerdo para que la Oficina siga presente en Guatemala por tres años más. Esto nos anima, y quiero reiterar y reafirmar nuestro compromiso de continuar en el país y de apoyar los esfuerzos para asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las guatemaltecas y guatemaltecos.
Muchas gracias
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