Estudiantes críticos tienen algo qué decir

Estudiantes críticos tienen algo qué decir

La capacidad de quienes dirigen el Ministerio está  cuestionada.

Rosalinda Hernández Alarcón
 
El Períódico, 13 de julio 2012


La prepotencia impide ver a las personas como actoras, por ello las califica de manipulables.

 Cualquier gobernante que pretenda relacionarse solo con una ciudadanía obediente, callada, no crítica, se autoengaña. Pero no solo ello, además niega las prácticas democráticas, ya que en todos los ámbitos sociales siempre hay personas con capacidad de análisis crítico y de propuesta. En este orden de ideas, hay estudiantes de magisterio que tienen algo qué decir y suficientes argumentos para rechazar la reforma planteada por el Ministerio de Educación. No por ello, son delincuentes ni marionetas.

 Descalificar verbalmente a las corrientes opositoras no es nuevo, aquí sucede de manera reiterada, como igual ocurre en otros países. Lo grave del asunto es cuando se convierte en una clara criminalización de las mismas, al grado de realizar campañas de deslegitimación de las voces y acciones de resistencia o de abrir procesos judiciales contra algunos dirigentes de movimientos sociales para sofocar protestas. A esto se le conoce como “mano dura”, porque cierra las posibilidades de diálogo.

 La capacidad de quienes dirigen el Ministerio de Educación Pública está bastante cuestionada, no solo por carecer de instrumentos dialogantes, sino porque se comprobó que su iniciativa de reforma magisterial carece de una proyección presupuestal, indispensable para que la misma pueda hacerse realidad. Ello representa una gran limitante, aparte de las debilidades en su contenido que han señalado especialistas.

 La ministra Cynthia del Águila podrá recibir muchos halagos y respaldo del jefe del Ejecutivo, pero lo cierto es que fue incapaz de diseñar y llevar a cabo –sin intermediación de otros organismos– un plan de consulta de la iniciativa para aumentar el número de años de estudio para quienes aspiran a ser maestros.

 Al cabo de seis meses, se hace evidente cómo entienden los integrantes del Organismo Ejecutivo, entre ellos, el ministro de Gobernación, el manejo de la gestión pública, por ciento muy distante de la llamada gobernabilidad democrática que contempla la comunicación entre representantes de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, así como promover la participación de mujeres y hombres de todas las edades, etnias y lugares del país.

 Si existieran diálogos y no imposiciones, si se abrieran cauces para la consulta ciudadana, si se tomaran en cuenta las opiniones de las personas que están siendo directamente afectadas por iniciativas gubernamentales o de capital privado, seguramente no habría tantas expresiones de resistencia. Si se evitaran las prácticas de “mano dura”, desde semanas atrás los funcionarios de Educación Pública estarían programando cómo mejorar la calidad de la enseñanza magisterial, cómo dar mantenimiento a los inmuebles educativos, cómo contar con profesores bien preparados, cómo garantizar una educación que aliente el pensamiento crítico y el conocimiento científico a fin de erradicar los fundamentalismos.