Defensores en la mira
Nos negamos a creer que exista una política estatal de represión.
Publicado en El Periódico
12 de julio 2012
Un defensor de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, políticos o ambientales, puede ser cualquier ciudadano que toma conciencia del deterioro de las condiciones de vida de la población de escasos recursos, y que le indigna que a partir del Estado, en vez de emprender cambios estructurales que sienten las bases de un futuro país y una sociedad justa, se arremeta contra quienes protestan, exigen sus derechos o defienden los recursos naturales del país.
A pesar de los hechos, nos negamos a creer que exista una política estatal de represión a los y las defensoras y sus organizaciones, pero las declaraciones amenazantes, la omisión, y en varios momentos la acción de las fuerzas de seguridad, nos llevan a pensar que, además de la militarización acelerada para “combatir el crimen organizado”, está el control social, el meter miedo con la presencia y, cuando no se logra el objetivo, con la acción violenta contra defensores. Los hechos hablan por sí solos sin que las autoridades abran la boca o realicen acciones para contener los atentados.
No hace mucho fue Yolanda Oquelí quien se salvó de morir después del atentado no esclarecido. Ayer, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej, condenó el allanamiento, a las 11 de la noche, de la casa del dirigente campesino indígena Domingo Hernández Ixcoy y la intimidación en su contra al dejar una nota que decía: “dejen esta nota sobre el cadáver”, quizá si lo hubieran encontrado lo asesinan. Ayer mismo, el sindicato de trabajadores de la salud, denunció el atentado contra Melvy Lizeth Camey Rojas, vocal de la filial de Santa Rosa, quien se encuentra gravemente herida. En ese atentado perdió la vida el abogado Ricardo Morataya. Ya antes había sido asesinado el dirigente Ovidio Ortiz y en noviembre pasado el abogado César Elfidio Carrillo Barrera.
El 4 de julio, después de una manifestación en Santa Cruz, Quiché, en defensa de los recursos naturales, hombres armados interceptaron a un grupo de mujeres, las agredieron y preguntaban por la dirigente Lolita Chávez, miembro del Consejo de Pueblos K’iche’s. Cuatro de ellas resultaron heridas. Ya el 12 de junio había sido asesinado José Tabico Tzunun, también del Consejo Maya. El espacio no da para narrar ampliamente los hechos ni todo lo que ha sucedido en estos seis meses de gobierno. Nuestra pregunta es: ¿Se impondrá la razón o la fuerza?, se respetará la vida y los derechos ciudadanos o se continuará atentando y girando órdenes de captura para la dirigencia comunitaria y organizaciones sociales. Si no son las fuerzas de seguridad las responsables ¿quiénes son? ¿Serán los grupos armados de la oligarquía o de las transnacionales?
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