Pensamiento contracorriente

Rigoberta Menchú Tum; Servilismo y racismo

rigobertamenchutum@gmil.com

Siglo XXI, 25 julio 2012

El pasado viernes 20 de julio se celebró vista pública relacionada con la inconstitucionalidad total sobre la Ley de Minería requerida por el Consejo de Pueblos de Occidente y de la cual también soy peticionaria al encontrarme debidamente constituida para esos efectos. La calidad de actuante me obliga a estar pendiente del proceso y de todo aquello, relevante o no, que sucede al rededor del mismo. Si bien es cierto que durante la vista pública la Corte se limitó a escuchar para deliberar, de entrada tomó posición, lo cual es tremendamente lamentable y delicado. En principio todo tribunal, y más aún si es constitucional, debe ser absolutamente imparcial y este principio debe reflejarlo en toda su actuación.

La deliberación sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Minería es un acto especialmente relevante. El debate mismo saca a luz los intereses y además da respuesta a las preguntas a qué y a quiénes sirve el Estado cuando legisla y aplica la ley. En ese sentido no pudieron ser más que contundentes los argumentos de la parte indígena, por cierto impecable en la presentación de los mismos a través de sus propios profesionales del derecho, al demostrar que el Congreso de la República violentó la Constitución Política de la República al aprobar la ley en mención. Seguramente sobre el fondo hay mucho que decir. Sin embargo, ahora no lo haré y me referiré, eso sí, a indicar por qué, de entrada, el Tribunal tomó posición.

El primer elemento sobre esta afirmación es que repentinamente, el día 18 de julio, la Corte notifica que la vista pública no se realizaría el 19, como estaba previsto, sino el día 20. Con este cambio repentino lo que se intuye es que se pretendió  tratar de impedir la movilización de las organizaciones y su presencia en la sala de vistas, y por supuesto, en la calle. Ninguna duda queda que si se impedía la movilización se demostraba que los peticionarios no representaban el sentir de la población  y  antes que movimientos son grupúsculos, tal como el poder económico pretende llamarlos, y por lo tanto sus demandas no son legítimas ni representativas.

El segundo elemento, más lamentable todavía, se expresa en dos hechos. Uno  tiene que ver con los privilegios, la sumisión y el servilismo. A los señores feudales del Cacif, ni se les impidió el ingreso, ni se les registró a la entrada. Al contrario, entraron al recinto por la puerta grande y seguramente sus siervos les escucharon antes de la Vista Pública; lo demás, entonces para ellos, fue un asunto de puro trámite. Ojalá me equivoque. El otro, tiene que ver con el racismo presente en la institucionalidad del Estado, con la estigmatización y el desprecio del cual somos objeto los indígenas. Se obstaculizó el ingreso y se impidió el mismo a decenas de representantes de autoridades mayas a un acto eminentemente público, lo cual parece estar en línea con las peticiones de los abogados del sector empresarial, a quienes solo les faltó, en la misma vista pública,  pedir que quienes estaban osando enmendar un asunto  se les enviara de una vez a la cárcel.