Guatemala: Santa Cruz Barillas: Los intereses detrás de un Estado de Sitio
Diálogo No. 43, FLACSO Guatemala
Julio 2012
Revista completa disponible en www.flacso.edu.gt
La política energética y las hidroeléctricas
Luis
Solano1
El Ministerio de Energía y Minas(MEM)
programó para el mes de julio la presentación de la Política Nacional de Energía 2012-2027. El 19 de
junio, el ministro Erick Archila, se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio Guatemalteco-
Americana (AmCham), a quienes ofreció detalles de la Política Energética que impulsará el
gobierno de Otto Pérez Molina.
De acuerdo con un comunicado de prensa del MEM, “En área de Energía, (Archila) señaló
el
potencial energético que tiene
el país en recursos renovables, especialmente el recurso hídrico
en la generación de energía
eléctrica por medio de centrales hidroeléctricas…”. Al igual que los dos últimos gobiernos, el de Pérez Molina mantiene una Política Energética basada en el fomento y desarrollo de inversiones privadas, que favorece a capitales nacionales y extranjeros. Se mantiene
el objetivo de transformar la matriz
energética para que en el 2022, al
menos el 60% de la energía eléctrica que se produzca en el país provenga de las hidroeléctricas.
Según el MEM, “con
ello se busca
no solo generar mayor energía
limpia, sino que además reducir el precio de la tarifa
eléctrica, tener mayor
competitividad y desarrollo del área rural, que mejore la
calidad de
vida de los guatemaltecos.” Sus
proyecciones establecen que parael 2027, la matriz energética estará compuesta
de la siguiente manera: 8% de generación con gas natural, 2% con geotérmica, 2% de
térmicas con diésel, 13% con búnker, 13% con biomasa, 12% con carbón y 50% con
hidroeléctricas. Varios factores influyen para que el MEM continúe impulsando el plan energético de las
administraciones (SIEPAC), en el cual Guatemala tiene un papel estratégico.
Esos factores hacen del sector eléctrico uno de los más ambicionados para
invertir, dada la rentabilidad que ofrece. Las exportaciones de electricidad
dentro del contexto del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá –PPP–) y
los tratados de libre comercio son el principal aliciente para las inversiones
en hidroeléctricas y Ésta es una de las premisas fundamentales para invertir en
las actividades del sector económico que ha respaldado a los últimos gobiernos, o en los nuevos negocios
que se están dinamizando en el territorio guatemalteco:industria textil,
maquilas,plantaciones de monocultivos de palma africana y caña de azúcar,
la minería a cielo abierto y la construcciónde edificios de gran calado
para centros comerciales y/o zonasresidenciales de alto costo. Paratodas esas
áreas de inversión es fundamental la implementación de grandes proyectos de
infraestructura:aeropuertos, carreteras,
puertos industriales, hidroeléctricas,grandes plantas de
generaciónde energía y telecomunicaciones. Es un “círculo perfecto”porque, al mismo tiempo,
estos megaproyectos requieren de lapreciada energía eléctrica para concretarse y
operar.
Para impulsar todo este proceso, las últimas tres
administraciones han fortalecido estratégicamente un andamiaje institucional de la mano de los sectores
económicos más fuertes, creando bastiones para las inversiones de ese tipo:el Programa Nacional de
Competitividad(Pronacom), la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa (Invest In
Guatemala),y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).Mientras tanto, se
estrechan las relaciones entre los ministeriosde Ambiente y Recursos
Naturales(MARN) y el MEM, donde se crea el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible para lograr la “licencia social” de esos proyectos. Todo esto es
resultado de la privatización del sector de la generación anteriores basado en
la promoción de hidroeléctricas. La volatilidad de precios
internacionales del petróleo, que encarecen la generación de electricidad con
ese combustible o sus derivados, es uno de ellos. Pero igualmente pesa la
participación del país en el Sistema de Interconexión Eléctrica para América
Central otras plantas de generación de electricidad. También pesa el
propósito de abaratar sus costos para favorecer a industriales y
agroexportadores y crear las condiciones para atraer capitales foráneos que requieren de un recurso eléctrico más barato
como incentivo para asentarse en el país. de energía, proceso que se observó a partir de la década de
1990. Es en este marco histórico en el que también entra la construcción de
hidroeléctricas como la de Xalalá, y del porqué la opinión de la población y los costos sociales y
ambientales cuentan muy poco. La finalidad de romper con la dependencia de los
hidrocarburos para la generación eléctrica es una decisión que tiene enormes repercusiones
sociales, económicas, políticas y ambientales.
La proliferación de proyectos hidroeléctricos que se observa
en el último lustro también se explica en los múltiples incentivos, legales,fiscales y económicos
que reciben los inversionistas para estimular inversiones millonarias rápidas, que tienen como
característica principal su recuperación en el corto y mediano plazo. Ellose debe fundamentalmente, a
que la principal “materia prima”, el agua, es “gratis”.La Ley de Incentivos para el Desarrollo de
Proyectos de Energía Renovables, Decreto No. 52- 2003, es la base fundamental
para atraer esos capitales. Entre los principales incentivos a la exención se
encuentran: Artículo 5.a) Exención de los derechos arancelarios de importación,IVA, Cargas y Derechos consulares
en la importación de equipo y materiales, para las etapas de preinversión y ejecución.b)
Exención del pago del Impuesto sobre la Renta– ISR-, por 10 años, para la etapa
de operación comercial.
En resumen, estos proyectos hidroeléctricos son construidos
con “dinero del Estado”, con impuestos
que nunca llegaron a las arcas nacionales, y que final
permiten jugosas ganancias, con altos costos sociales, ambientales y políticos.
No están planificados para resolver las necesidades eléctricas de las
comunidades sino para abaratar los costos de consumo de electricidad y
garantizar el suministro del servicio a largo plazo a los grandes
consumidores de electricidad: industriales y grandes centros comerciales y
compañías de distribución de electricidad. Buscan garantizar una alta tasa de
ganancia al inversionista de hidroeléctricas, a sabiendas que la mayoría de la
población comunitaria no tiene capacidad de pago para solventar la factura
eléctrica. Y más aún, se insertan en modelos de desarrollo que imponen formas
diferentes a las que histórica y culturalmente se han aplicado para reproducir y desarrollar la vida comunitaria,
excluyéndolas y eliminándoles muchas veces su derecho a la autodeterminación.
Hidro
Santa
Cruz: el poder de la
impunidad
Andrés Cabanas*
Una sentencia del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG), de 23 de junio de 2011, documenta las
irregularidades de los proyectos emprendidos por los hermanos Castro Valdivia,
propietarios de Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz.1 Ante una demanda contra la anulación de
tres contratos de minicentrales interpuesta por Energías del Deza, una de las
empresas familiares, el TSXG argumenta que dichos proyectos carecen de “un estudio de sinergias donde se evalúen los efectos de la instalación de
estos nuevos aprovechamientos; no se hizo la descripción de los métodos en
orden a conocer la repulsa o aceptación social de este proyecto; no se incluye
el estudio comparado de la situación ambiental”, entre otras
anomalías. La sentencia confirma una larga historia de ilegalidades
cometidas por este grupo empresarial. Medios de comunicación y organizaciones sociales
de Galicia y España denuncian desde 2005 la constitución de una “maraña”
integrada por decenas de “sociedades extensas y opacas, empresas pantalla de
recientísima creación, formadas con capital inicial muy escaso, y sin soporte
material, personal ni técnico para el desarrollo de sus actividades”. Estas empresas,
o la misma empresa con nombres diferentes, desarrollan sus negocios a partir de
“ocultamiento de personas, concesiones irregulares, incompatibilidades, falsificación de registros, corrupción,trámites
administrativos exprés,declaraciones ambientales a la medida”, en un marco de
desinterés y desprecio (“ninguneo”) por la opinión de las
comunidades. Encontramos así
empresas adjudicatarias, creadas un mes antes de la concesión; transferencia de
titularidad y cesión de derechos entre sociedades del grupo, con el objetivo de
superar barreras legales; sociedades públicas municipales convertidas en
empresas privadas; modificación de los términos de la concesión después de
aprobada la misma, aunque estos cambios exijan nuevos estudios ambientales;
realización de proyectos en lugares protegidos o de alto valor ambiental y
cultural. Este conjunto de prácticas identifica, más allá de una actividad
empresarial, una trama energética: una red de sociedades con un modo de actuación oscuro, impositivo y frecuentemente
ilegal.
La trama
económica
Estas prácticas son conocidas cuando Hidralia Energía
inaugura su oficina en Guatemala, en septiembre de 2008, y cuando inicia
actividades en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por medio de Hidro Santa
Cruz. Sin embargo, no constan advertencias ni reservas de las autoridades e
instituciones guatemaltecas sobre este punto, ni tampoco prevenciones de la
Embajada de España, la que al menos debió informar sobre la historia de
ilícitos del grupo empresarial. Por
el contrario, los silencios legitiman el accionar fraudulento de la empresa,
que irrumpe con fuerza en el mercado energético guatemalteco. En menos de cuatro años,
una empresa recién creada, sin experiencia ni capacidad demostradas, de
identidad voluble y cambiante (se presenta de forma equívoca como entidad
guatemalteca) multiplica su actividad: desarrolla la hidroeléctrica en Santa
Cruz Barillas; impulsa los proyectos Pojom I, Pojom II y
Bella Linda, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; ofrece
asesorías y consultorías para el impulso de energías renovables en
Huehuetenango y Alta Verapaz, con Fundación Solar; obtiene la Carta de
Aprobación de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio, paso previo para
acceder a la venta de bonos de carbono. El crecimiento económico va de la mano
de un oscuro accionar, similar al desarrollado en el Estado español: la empresa
genera confusión a partir de las múltiples identidades societarias; oculta el
nombre de los propietarios; desconoce los estudiosde impacto ambiental; ignora
las opiniones contrarias emitidas por comunidades afectadas e
incluso por la Municipalidad de Santa Cruz Barillas (por ejemplo el acta
municipal de 12 de abril de 2011 que le deniega la licencia de construcción).
En una escalada de imposición, recurre a la compra de
voluntades, la denuncia de líderes comunitarios, las amenazas directas e
indirectas (contratación de una empresa de seguridad privada que genera miedo
en los habitantes). Un comportamiento empresarial autoritario, “prepotente y carente de diálogo”, según la Iglesia católica de Huehuetenango. La empresa no
está sola en su esquema de expansión. Otras empresas españolas y la Embajada de
España, participantes en la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala,
la acogen entre sus miembros. En 2010 recibe aval financiero para la obtención
de un crédito de unos 11 millones de dólares (un tercio de lainversión total
estimada en Barillas) por parte de la Corporación Interamericana para el
Financiamiento de Infraestructuras, cuyos principales accionistas son Bankia
(España), con 20.37% de acciones, Corporación Financiera Internacional,
miembro del Banco Mundial (15.74%), Banco Centroamericano de Integración
Económica (9.26%), Corporación Interamericana de Inversiones, miembro del Banco Interamericano de
Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo (5.56%). El aval se fundamenta en un informe,
entre soñado e imaginado, que afirma que la hidroeléctrica de Barillas no
presenta “ningún conflicto con las
comunidades locales
y tiene un fuerte apoyo entre los grupos locales y
nacionales” y concluye que “es socialmente consciente y ha puesto en marcha
un grupo
de trabajo que se ocupa de la
comunidad local”, mientras crece la oposición comunitaria y social a la
presencia de la empresa. Cada uno de los actores involucrados en la
hidroeléctrica de Barillas o en alianza con Hidralia-Hidro Santa Cruz esconde
diversos intereses en el sector energético. Se visibilizan al menos estos: a)vinculada
a las transnacionales europeas del agua (a través de Bankia-CIFI);b)la economía
verde y el cambio climático como negocios: acceso a financiamiento a partir del
Mecanismo de desarrollo limpio, en el marco del Protocolo de Kioto, que forma parte de las
estrategias de todas las empresa, c) la
multiplicación del negocio inicial: energía a partir de mini centrales, para su
comercialización a nivel nacional y centroamericano, donde es clave la
presencia del capital español del sector energético.
Estas estrategias de crecimiento ofrecen una lectura de la
hidroeléctrica de Barillas como
proyecto piloto: alrededor de una pequeña hidroeléctrica en
un remoto poblado del occidente de
Guatemala se concretan intereses corporativos transnacionales.
El recurso de la Violencia
Este esquema de acumulación económica se refuerza, en primer
lugar, con el establecimiento de alianzas con actores claves de poder: partidos
políticos pro oligárquicos en el ámbito municipal, el actual partido en el gobierno (personal de la empresa
apoyó la campaña electoral de Otto Pérez Molina en Barillas, según denuncias comunitarias),
que dan continuidad a las tradicionales vinculaciones con la derecha franquista
española de la familia Castro Valdivia. En segundo lugar, se refuerza con el
ejercicio de la violencia: lascomunidades reportan amenazas vía comunicación
celular a personas opuestas a la Hidroeléctrica; disparos al aire continuos e
intimidatorios por parte de miembros de la empresa; agresiones verbales; violencia
verbal y psicológica contra las mujeres (por ejemplo, las que caminan cerca de
las instalacionesinstalaciones de la empresa); amenazas de muerte por parte de
trabajadores de la empresa; minado de las instalaciones de la empresa, que pone
en riesgo a las personas. Así, la violencia ejercida contra las comunidades,
maximizada el primero de mayo con el asesinato de un dirigente comunitario, no
representa un hecho aislado, sino que se fundamenta en la historia, la
identidad y los intereses del entramado empresarial presente en Barillas, y se
refuerza en el contexto autoritario y las múltiples ventajas que un país como Guatemala ofrece para la expansión económica carente de
principios: legislación e institucionalidad permisivas, carencia de mecanismos
de control estatal, regulaciones ambientales a la medida de las empresas,
autoridades locales pro empresariales, gobiernos de matriz autoritaria, un Estado
construido desde y para las Corporaciones
¿Criminales o ciudadanos?
Santiago Bastos*
El estado de sitio en Santa Cruz
Barillas anunciado el 1 de mayo y las doce detenciones que se derivaron de esa
acción, fueron mostradas como la reacción necesaria a unos hechos violentos y,
por tanto, ilegales. De esta forma se ha querido dar la imagen de que quienes
en este momento detenidos son unos criminales a los que en su momento incluso
se vinculó con el narcotráfico o con la manipulación extrajera.1 Sin embargo, todas las personas
detenidas son líderes comunitarios, que han participado en la oposición a las actividades de la
empresa Hidro Santa Cruz en ese municipio. Estas actividades se han realizado
dentro de la legalidad, esperando que las autoridades respetaran y
comprendieran la voluntad en ellas expresada. No se puede decir lo mismo de la
empresa Ecoener Hidralia Energía, que desde que llegó a Santa Cruz Barillas, ha actuado por
encima de la oposición manifiesta de los barillenses a sus operaciones, expresada
durante más de tres años en acuerdos municipales, actas comunitarias, marchas y
manifestaciones públicas. Este menosprecio por la voluntad popular también ha
sido la respuesta de las instituciones estatales centrales, que en vez de
considerar a los barillenses organizados como ciudadanos a los que servir, los
ha tratado como delincuentes a los que encarcelar, como han acabado
haciendo. Todos estos no son hechos aislados. Son parte de un proceso más
amplio en que comunidades en todo el país –sobre todo en el área maya–, se han organizado
y han realizado acciones concretas para expresar su oposición a las actividades de empresas –locales y extranjeras– que en
la última década han entrado en sus espacios de vida, amenazando tanto el
entorno natural como la convivencia social, la continuidad cultural y los derechos básicos de la población. Los
sucesivos gobiernos han optado por apoyar este modelo de inserción en la economía global, entrando así en
oposición a la voluntad de muchos de sus ciudadanos.
En Barillas, esa voluntad y la capacidad de organización se
mostraron en la consulta comunitaria de buena fe que se realizó el 23 de junio de
2007. En ella, 46 mil habitantes del municipio manifestaron de forma explícita
y rotunda su decisión de que no se permitieran actividades mineras en el territorio municipal. Lo mismo que las otras
sesenta y dos consultas comunitarias realizadas en el país desde 2005, no era
una actividad simbólica: se basaban en leyes y códigos –la Constitución de la República,
el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT– que les otorgaban el derecho a ser escuchados cuando se trata de
actividades en su territorio. Y lo mismo que ellas, no fue considerada por los
poderes estatales ni jurídica ni políticamente.
Así que desde que en 2009 la empresa Hidralia empezó a
desarrollar el proyecto Q’ambalam, las comunidades colindantes mostraron su oposición
a esta actividad, no sólo porque no se les había consultado previamente, como
era su derecho, sino por sus efectos en el caudal y cauce del río y el
territorio –un espacio sagrado y de uso comunitario– y porque existía –y
persiste– la sospecha de que también se iban a realizar actividades mineras. La
empresa actuó desde el principio de forma poco clara y prepotente, obteniendo las tierras a base de
una combinación de compras, engaños, presiones y amenazas. De hecho, don Pablo
Antonio Pablo, uno de los heridos del 1 de mayo, puso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH) por invasión de sus terrenos. Desde que se cercaron los terrenos,
los elementos de seguridad amedrentaban a la población con disparos continuos.
Ante cada muestra de protesta o desacuerdo de los
barillenses, la empresa respondía con intimidación y con demandas judiciales
contra quienes se oponían a las actividades. Incluso llegó a denunciar a la
Municipalidad de Barillas cuando ésta le negó la licencia de construcción por acuerdo
de los COCODES del pueblo. 2 Los reportes públicos sobre este proceso muestran esta
dinámica en que los pobladores acuden a los medios legales y pacíficos siempre
que pueden –en noviembre de 2011 desarmaron a los guardias que disparaban todas
las noches y entregaron las armas al juez en Santa Eulalia, por ejemplo– y el
Gobierno respondió apoyando a la empresa, incluso con el Ejército.3 La prensa sólo se hace eco de los momentos
de tensión, interpretando siempre con el engaño de “alboroto” y no de unos
derechos vulnerados.
En esta dinámica, cada vez en Barillas hay más gente que
reclama que la presencia de la empresa está trayendo conflictos a la comunidad
– aunque unos pocos se beneficien de su actividad– y hasta la Municipalidad solicita
oficialmente el cese de actividades, renovando el compromiso adquirido en consulta de 2007. En las comunidades afectadas
ser reforzaron los lazos y la voluntad de resistir: en agosto de 2010
rechazaron las ofertas de apoyo económico de la empresa; en 2011 la asamblea de
una de las comunidades solicitó a los siete miembros que trabajaban en la empresa
que dejaran el trabajo por el bien de la comunidad. Y cada vez acuden en forma
colectiva a expresar sus desacuerdos.
El 15 de abril de este año, un perro estalló accidentalmente un artefacto explosivo ubicado a la entrada de las instalaciones de la empresa. La gente se manifestó una vez más para mostrar su indignación y solicitar la retirada de la empresa. Varios líderes acudieron a poner una denuncia más ante el Ministerio Público y el destacamento militar.4 Al día siguiente se emitieron órdenes de captura contra 23 de los líderes comunitarios que habían estado más activos en la lucha contra la empresa. Ésta es la tensión que estalló el día uno de mayo, después de que guardianesde la empresa asesinaran a Andrés Miguel, que se había negado a vender su tierra adyacente al proyecto, e hirieran a Sebastián Bernabé y a Pablo Antonio Pablo, dirigente comunitario que había denunciado a la empresa ante la PDH.
Cuando se decretó el Estado de sitio, en vez de aclarar los
hechos y buscar a los culpables del atentado
que había originado todo el asunto, el
objetivo fue detener a los líderes comunitarios opuestos a la empresa. Las
fuerzas militares y del orden público fueron a las comunidades movilizadas y
les buscaron, uno por uno. En la prensa no apareció nada de todo esto, pero los
reportes y testimonios directos cuentan cómo todo se hizo saltándose los procedimientos legales, violando los derechos mínimos de la gente, y con
unos procedimientos que recordaban las formas de represión de los años 70 y 80:
listas negras, encapuchados, soldados rodeando
aldeas y cateando casas de una en una, abusos sexuales.5 Según el Alto Comisionado de Naciones
Unidas, las detenciones efectuadas el 2 de mayo fueron “ilegales según los
estándares internacionales”.6
El resultado ya lo sabemos: doce líderes comunitarios presos, de los cuales nueve fueron detenidos de forma ilegal y otros más huidos de sus casas. Cuando esto se logró, y ante la presión de organizaciones nacionales y extranjeras, el Presidente decidió retirar el Estado de sitio antes de terminar su vigencia. Por eso podemos
plantear abiertamente que el objetivo de esta medida no fue recuperar un orden
público, como se planteó,7 sino
desmovilizar la creciente oposición a Hidro Santa Cruz deteniendo a los líderes
que la encabezaban, al mismo tiempo que se amedrentaba a la población y se les
estigmatiza como criminales. Todos estos hechos nos son únicos, en buena parte
son similares a los que han ocurrido y ocurren en otros lugares de la República
–y de América Latina– donde hay oposición a las actividades extractivas que
atentan contra los territorios: en San Miguel Ixtahauacán, en San
Juan Sacatepéquez, en Cunén y San Juan Cotzal, en Santa María Xalapán, en
Livingston y en San José el Golfo, las autoridades han respondido
criminalizando y amparando las agresiones realizadas sobre los líderes
comunitarios.
Por eso podemos hablar de presos políticos: porque esta
gente no está detenida por haber cometido algún delito –aunque se haya usado
ese formato legal– sino por liderar la movilización contra los intereses de una
empresa que en sus actuaciones no ha considerado en ningún momento que la
población del lugar tenga algo que decir respecto a su territorio. Hay una
doble actitud en el uso de la ley ya sea quien apele a ella: si son los barillenses,
han de esperar eternamente a que se les considere; si es la empresa, en seguida
se retuerce y se fuerzan las leyes para poder usarlas como instrumentos de
represión. Y lo han podido hacer porque las diferentes instancias del Estado guatemalteco
son las que permiten la impunidad y, más allá de las leyes, pasan por encima de
la voluntad que unos y unas guatemaltecos han expresado reiteradamente de
múltiples formas. Para este y los gobiernos anteriores, no se trata de
ciudadanos y ciudadanas, sino de criminales a los que hay que perseguir incluso con el Ejército. Aparece de
forma renovada la noción del “enemigo interno” que fue la base de las políticas
contrainsurgentes del siglo pasado. Así es cómo actúa el capitalismo en esta
fase de la globalización en que ya no caben optimismos ni eufemismos, y lo hace con la colaboración de unos Estados que no han
aceptado que rigen la vida de ciudadanos que reclaman por unos derechos que
cada vez tienen más claros.
Notas de pie:
1
La familia Castro Valdivia es
propietaria de más de 40 sociedades energéticas en varios países: entre ellas
Ecoener, Hidralia Energía (con intereses diversos en Guatemala) e Hidro Santa
Cruz, que desarrolla la hidroeléctrica de Barillas. Luis Castro Valdivia es
representante legal de Hidro Santa Cruz. David Castro
Valdivia
es el propietario y máximo accionista.
2. Ver declaraciones del Ministro de Gobernación, Prensa Libre, 2 mayo 2012: “Hay actos delincuenciales que tendrán consecuencias penales”.
3. Acta municipal número L8-2,0X.1 de la
sesión celebrada por el Concejo Municipal de esta Villa el día doce de abril
del año 2011; Acta municipal número No. A9-201 de la sesión celebrada por el
Concejo Municipal de esta Villa el día cuatro de julio del año 2011
4-Informe
de Verificación Estado de Sitio Santa Cruz Barillas, Convergencia por los Derechos
Humanos, pp 4-7, Carta Pastoral Diócesis de Huehuetenango.
5.
Acta de Inspección Judicial, Causa Penal n° 187-2012, Juzgado de Paz de
Barillas.
6.
Informe de Verificación Estado de Sitio Santa Cruz Barillas, Convergencia por
los Derechos Humanos, pp.10-12; Comunicado Movimiento Social en defensa de la
vida, del territorio, nuestra madre tierra y de la naturaleza,
3
mayo 2012.
7. elPeriódico. 19 mayo 2012.
8.
“Mauricio López Bonilla, titular del Ministerio de Gobernación, informó a la
Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) sobre la decisión gubernamental de
restablecer el orden en la comunidad, y garantizar la seguridad de los
habitantes.
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