El
Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- condena la
aprobación por parte del Congreso de la República de la ley orgánica de la
denominada Dirección General de Investigación criminal adscrita al Ministerio
de Gobernación y ve con ello, sumada a la militarización del país que se está
impulsando en estos momentos, la recuperación de las estructuras existentes en
el Estado durante el conflicto armado interno como un mecanismo de represión a
la población.
El MSICG llama la atención al hecho de que hasta ahora, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público –DICRI- ha logrado mantenerse sin ser permeada por el crimen organizado y sin operar como una herramienta de violación de los derechos humanos, caso contrario de lo que sucede con las fuerzas de seguridad vinculadas al Ministerio de Gobernación; si bien es cierto, no ha tenido los resultados esperados, esto ha sido producto de la desatención de la misma por parte de los Fiscales Generales del Ministerio Público y particularmente por la Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey que no solo viola los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio público al privarles de la libertad sindical y someterles a jornadas extenuantes de trabajo no remunerado sino al impulso de la perdida de objetividad en la labor del Ministerio Público al ofrecer un incentivo económico a los fiscales por condenas obtenidas y encarcelamiento de personas.
El MSICG solamente puede comprender la posición de quienes han apoyado e impulsado la aprobación de dicha ley como el producto de la intención de legitimar las estructuras de violación de los derechos humanos en el país o de un divorcio absoluto con la realidad del país en donde las guatemaltecas y guatemaltecos tememos a las fuerzas de seguridad del Estado con sobradas razones, entre ellas la constante vinculación de estas fuerzas con estructuras paralelas y del crimen organizado así como las ejecuciones extrajudiciales en los centros carcelarios del país.
El MSICG hace un llamado a las bancadas que han mantenido la congruencia con la historia y la realidad del país así como su compromiso con garantizar el respeto de los derechos humanos a mantener los esfuerzos legislativos por dejar sin efecto el Decreto 15-2012 del Congreso de la República de Guatemala y a las organizaciones democráticas y comprometidas con la lucha en defensa de los derechos humanos a accionar en consecuencia de lo que representa la legitimación y resurgimiento de la mal recordada judicial y el grave retroceso que conlleva para el respeto de los derechos humanos el haber revertido los resultados de las luchas de muchos años que finalmente había logrado que la investigación criminal estuviese a manos de un órgano formalmente autónomo del poder ejecutivo.
El MSICG anuncia que estará tomando las medidas legales a nivel nacional e internacional para dejar sin efecto el Decreto 15-2012 del Congreso de la República de Guatemala e invita a las organizaciones comprometidas con la construcción del Estado de derecho en el país y el pleno respeto de los derechos humanos a accionar en todos los niveles contra este terrible retroceso.
Guatemala, 20 de julio de 2012.
El MSICG llama la atención al hecho de que hasta ahora, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público –DICRI- ha logrado mantenerse sin ser permeada por el crimen organizado y sin operar como una herramienta de violación de los derechos humanos, caso contrario de lo que sucede con las fuerzas de seguridad vinculadas al Ministerio de Gobernación; si bien es cierto, no ha tenido los resultados esperados, esto ha sido producto de la desatención de la misma por parte de los Fiscales Generales del Ministerio Público y particularmente por la Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey que no solo viola los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio público al privarles de la libertad sindical y someterles a jornadas extenuantes de trabajo no remunerado sino al impulso de la perdida de objetividad en la labor del Ministerio Público al ofrecer un incentivo económico a los fiscales por condenas obtenidas y encarcelamiento de personas.
El MSICG solamente puede comprender la posición de quienes han apoyado e impulsado la aprobación de dicha ley como el producto de la intención de legitimar las estructuras de violación de los derechos humanos en el país o de un divorcio absoluto con la realidad del país en donde las guatemaltecas y guatemaltecos tememos a las fuerzas de seguridad del Estado con sobradas razones, entre ellas la constante vinculación de estas fuerzas con estructuras paralelas y del crimen organizado así como las ejecuciones extrajudiciales en los centros carcelarios del país.
El MSICG hace un llamado a las bancadas que han mantenido la congruencia con la historia y la realidad del país así como su compromiso con garantizar el respeto de los derechos humanos a mantener los esfuerzos legislativos por dejar sin efecto el Decreto 15-2012 del Congreso de la República de Guatemala y a las organizaciones democráticas y comprometidas con la lucha en defensa de los derechos humanos a accionar en consecuencia de lo que representa la legitimación y resurgimiento de la mal recordada judicial y el grave retroceso que conlleva para el respeto de los derechos humanos el haber revertido los resultados de las luchas de muchos años que finalmente había logrado que la investigación criminal estuviese a manos de un órgano formalmente autónomo del poder ejecutivo.
El MSICG anuncia que estará tomando las medidas legales a nivel nacional e internacional para dejar sin efecto el Decreto 15-2012 del Congreso de la República de Guatemala e invita a las organizaciones comprometidas con la construcción del Estado de derecho en el país y el pleno respeto de los derechos humanos a accionar en todos los niveles contra este terrible retroceso.
Guatemala, 20 de julio de 2012.
CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
-MSICG-
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
-MSICG-
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