Comunicado de la República Boivariana de Venezuela ante el Golpe de Estado en Brasil

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES EXTERIORES
COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela condena categóricamente el golpe de Estado parlamentario consumado en Brasil contra la Presidenta Dilma Rousseff, mediante el cual peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país.
Las oligarquías políticas y empresariales, que en alianza con factores imperiales consumaron el Golpe de Estado contra la Presidenta Dilma Rousseff, recurrieron a artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que les es posible: el fraude y la inmoralidad.
La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con la Presidenta Dilma Rousseff, y con los millones de mujeres y hombres que mediante el voto directo y secreto eligieron a la Presidenta. Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil, y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia en la República Federativa de Brasil.
Este golpe de Estado parlamentario forma parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas naturales que trajeron consigo pobreza y atraso para nuestros pueblos, y acabar así con los modelos de genuina democracia y de integración unitaria de la Región alcanzados por los Presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez y Rafael Correa.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil, ha decidido retirar definitivamente a su Embajador en la República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario. De igual forma, iniciaremos un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de esta hermana Nación, que ha visto vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas.

Guatemala Pronunciamiento de la La Coordinadora Guatemalteca en Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela



1. Su más profunda preocupación por la intensificación de la campaña de la derecha continental y del imperio en contra los gobiernos progresistas y revolucionarios que debe ser rechazado contundentemente por los pueblos de nuestra Patria Grande.

2. Su rechazo contundente al Golpe de Estado contra la Presidenta Dilma Rousseff que fue consumido el día de hoy tras una vergonzosa votación del senado brasileño, y que inaugura un periodo de inestabilidad, de retrocesos en los procesos de integración latinoamericano, del retorno al intervencionismo descarado, de la represión y del despojo. El retorno de gobiernos de ultraderecha a Brasil, Argentina acompañado de Paraguay, el nefasto papel que juega el SG de la OEA, Almagro, como pieza del intervencionismo estadounidense en la región,  constituyen en su conjunto un escenario de alto riesgo para los gobiernos democráticos de la región, especialmente para la República Bolivariana de Venezuela.

3. Reitera su incondicional respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro ante la convocatoria de una movilización convocada por las fuerzas de derecha de este país para el día de mañana, que se empeña en seguir la línea de la desestabilización, la intervención extranjera  y actuar al margen del marco constitucional que rige la vida política bolivariana. Desde ya exhortamos a la oposición venezolana de abstenerse del uso de la violencia, y de desistir de cualquier medida que podría degenerar en la pérdida de vidas de venezolanos o venezolanas. Instamos a que se incorpore al proceso de diálogo y se sume al llamado de la paz efectuado tantas veces por el gobierno de Nicolás Maduro.

4. Felicita al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Camarada Nicolás Maduro, por sus incansables esfuerzos para profundizar y defender el proceso revolucionario.

5. Reconoce el invaluable papel que la Revolución Bolivariana de Venezuela ha desempeñado en  los profundos cambios que se están construyendo en nuestra Patria Grande, así como su compromiso en contribuir a la creación de un nuevo Orden Mundial y modelo civilizatorio.

6. Reiteramos nuestra solidaridad, así como el profundo respeto al bravo pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que ha enfrentado exitosamente con valentía, compromiso y dignidad las reiteradas ofensivas de la derecha latinoamericana.

¡Qué viva el Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías!
¡Qué viva la Revolución Bolivariana y el bravo pueblo de Venezuela!
¡Qué vivan el Presidente Nicolás Maduro y la dirección política de la República Bolivariana de Venezuela!

COORDINADORA GUATEMALTECA EN SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

                                       Guatemala, 31 de agosto 2016

Emir Sader Y hubo golpe en Brasil



ALAI AMLATINA, 31/08/2016.- El sueño de la derecha brasileña, desde 2002, se ha realizado. No bajo las formas anteriores que ha intentado. No cuando intentó tumbar a Lula en 2005, con un impeachment, que no prosperó. No con los intentos electorales, en 2006, 2010, 2014, cuando fue derrotada. Ahora encontraron el atajo, para interrumpir los gobiernos del PT, aún más cuando seguirían perdiendo elecciones, con Lula como próximo candidato.

Fue mediante un golpe blanco, para el cual los golpes de Honduras y Paraguay han servido como laboratorios. Derrotada en 4 elecciones sucesivas, y con el riesgo enorme de seguir siéndolo, la derecha buscó el atajo de un impeachment sin ninguna fundamento, contando con la traición del vicepresidente, elegido dos veces con un programa, pero dispuesto a aplicar el programa derrotado 4 veces en las urnas.

Valiéndose de la mayoría parlamentaria elegida, en gran medida, con los recursos financieros recaudados por Eduardo Cunha, el unánimemente reconocido como el más corrupto entre todos los corruptos de la política brasileña, la derecha tumbó a una presidenta reelegida por 54 millones de brasileños, sin que se configurara ninguna razón para el impeachment.

Es la nueva forma que el golpe de la derecha asume en América Latina.

Es cierto que la democracia no tiene una larga tradición en Brasil. En las últimas nueve décadas, hubo solamente tres presidentes civiles, elegidos por el voto popular, que han concluido sus mandatos. A lo largo de casi tres décadas no hubo presidentes escogidos en elecciones democráticas. Cuatro presidentes civiles elegidos por voto popular no concluyeron sus mandatos.

No queda claro si la democracia o la dictadura son paréntesis en Brasil. Desde 1930, lo que es considerado el Brasil contemporáneo, con la revolución de Vargas, hubo prácticamente la mitad del tiempo con presidentes elegidos por el voto popular y la otra mitad, no. Mas recientemente,  Brasil tuvo 21 años de dictadura militar, mas 5 años de gobierno de José Sarney no elegido por el voto directo, sino por un Colegio Electoral nombrado por la dictadura – esto es, 26 años seguidos sin presidente elegido democráticamente -, seguidos por 26 años de elecciones presidenciales.

Pero en este siglo, Brasil estaba viviendo una democracia con contenido social, aprobada por la mayoría de la población en cuatro elecciones sucesivas. Justamente cuando la democracia empezó a ganar consistencia social, la derecha demostró que no la puede soportar.

Fue lo que pasó con el golpe blanco o institucional o parlamentario, pero golpe al fin y al cabo. En primer lugar porque no se ha configurado ninguna razón para terminar con el mandato de Dilma. En segundo, porque el vicepresidente, todavía como interino, empezó a poner en práctica no el programa con el cual había sido y elegido como vicepresidente, sino el programa derrotad 4 veces, 2 de ellas teniéndole a él como candidato a vicepresidente.

Es un verdadero asalto al poder por el bando de políticos corruptos más descalificados que Brasil ya ha conocido. Políticos derrotados sucesivamente, se vuelven ministros, presidente de la Cámara de Diputados, lo cual no sería posible por el voto popular, solo por un golpe.

¿Qué es lo que espera a Brasil ahora?

En primer lugar, una inmensa crisis social. La economía, que ya venía en recesión hace por lo menos tres años, sufrirá los efectos durísimos del peor ajuste fiscal que el país ha conocido. El fantasma de la estanflación se vuelve realidad. Un gobierno sin legitimidad popular, aplicando un duro ajuste en una economía en recesión, va a producir la más grande crisis económica, social y política que el país ha conocido. El golpe no es el final de la crisis, sino su profundización.

Es una derrota, la conclusión del período político abierto con la primera victoria de Lula, en 2002. Pero, aun recuperando el Estado y la iniciativa que ello le propicia, la derecha brasileña tiene muy poca fuerza para consolidar a su gobierno.

Se enfrenta no solo a la crisis económica y social, sino también a un movimiento popular revigorizado y al liderazgo de Lula. Brasil se vuelve un escenario de grandes disputas de masas y políticas. El gobierno golpista intentará llegar al 2018 con el país deshecho, buscando impedir que Lula sea candidato y con mucha represión en contra de las movilizaciones populares. El movimiento popular tiene que reformular su estrategia y su plataforma, desarrollar formas de movilización amplias y combativas, para que el gobierno golpista sea un paréntesis mas en la historia del país.

Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Atilio Boron La tragedia brasileña





Una banda de “malandros”, como canta el incisivo y premonitorio poema de Chico Buarque -“malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro con contrato, con corbata y capital”- acaba de consumar, desde su madriguera en el Palacio Legislativo de Brasil, un golpe de estado (mal llamado “blando”) en contra de la legítima y legal presidenta de Brasil Dilma Rousseff.

Y decimos “mal llamado blando” porque como enseña la experiencia de este tipo de crímenes en países como Paraguay y Honduras, lo que invariablemente viene luego de esos derrocamientos es una salvaje represión para erradicar de la faz de la tierra cualquier tentativa de reconstrucción democrática. El tridente de la reacción: jueces, parlamentarios y medios de comunicación, todos corruptos hasta la médula, puso en marcha un proceso pseudo legal y claramente ilegítimo mediante el cual la democracia en Brasil, con sus deficiencias como cualquier otra, fue reemplazada por una descarada plutocracia animada por el sólo propósito de revertir el proceso iniciado en el 2002 con la elección de Luiz Inacio “Lula” da Silva a la presidencia.

La voz de orden es retornar a la normalidad brasileña y poner a cada cual en su sitio: el “povao” admitiendo sin chistar su opresión y exclusión, y los ricos disfrutando de sus riquezas y privilegios sin temores a un desborde “populista” desde el Planalto. Por supuesto que esta conspiración contó con el apoyo y la bendición de Washington, que desde hacía años venía espiando, con aviesos propósitos, la correspondencia electrónica de Dilma y de distintos funcionarios del estado, además de Petrobras. No sólo eso: este triste episodio brasileño es un capítulo más de la contraofensiva estadounidense para acabar con los procesos progresistas y de izquierda que caracterizaron a varios países de la región desde finales del siglo pasado. Al inesperado triunfo de la derecha en la Argentina se le agrega ahora el manotazo propinado a la democracia en Brasil y la supresión de cualquier alternativa política en el Perú, donde el electorado tuvo que optar entre dos variantes de la derecha radical.

No está demás recordar que al capitalismo jamás le interesó la democracia: uno de sus principales teóricos, Friedrich von Hayek, decía que aquella era una simple “conveniencia”, admisible en la medida en que no interfiriese con el “libre mercado”, que es la no-negociable necesidad del sistema. Por eso era (y es) ingenuo esperar una “oposición leal” de los capitalistas y sus voceros políticos o intelectuales a un gobierno aún tan moderado como el de Dilma. De la tragedia brasileña se desprenden muchas lecciones, que deberán ser aprendidas y grabadas a fuego en nuestros países. Menciono apenas unas pocas. Primero, cualquier concesión a la derecha por parte de gobiernos de izquierda o progresistas sólo sirve para precipitar su ruina. Y el PT desde el mismo gobierno de Lula no cesó de incurrir en este error favoreciendo hasta lo indecible al capital financiero, a ciertos sectores industriales, al agronegocios y a los medios de comunicación más reaccionarios. Segundo, no olvidar que el proceso político no sólo transcurre por los canales institucionales del estado sino también por “la calle”, el turbulento mundo plebeyo.

Y el PT, desde sus primeros años de gobierno, desmovilizó a sus militantes y simpatizantes y los redujo a la simple e inerme condición de base electoral. Cuando la derecha se lanzó a tomar el poder por asalto y Dilma se asomó al balcón del Palacio de Planalto esperando encontrar una multitud en su apoyo apenas si vió un pequeño puñado de descorazonados militantes, incapaces de resistir la violenta ofensiva “institucional” de la derecha. Tercero, las fuerzas progresistas y de izquierda no pueden caer otra vez en el error de apostar todas sus cartas exclusivamente en el juego democrático. No olvidar que para la derecha la democracia es sólo una opción táctica, fácilmente descartable. Por eso las fuerzas del cambio y la transformación social, ni hablar los sectores radicalmente reformistas o revolucionarios, tienen siempre que tener a mano “un plan B”, para enfrentar a las maniobras de la burguesía y el imperialismo que manejan a su antojo la institucionalidad y las normas del estado capitalista. Y esto supone la organización, movilización y educación política del vasto y heterogéneo conglomerado popular, cosa que el PT no hizo.

Conclusión: cuando se hable de la crisis de la democracia, una obviedad a esta altura de los acontecimientos, hay que señalar a los causantes de esta crisis. A la izquierda siempre se la acusó, con argumentos amañados, de no creer en la democracia. La evidencia histórica demuestra, en cambio, que quien ha cometido una serie de fríos asesinatos a la democracia, en todo el mundo, ha sido la derecha, que siempre se opondrá con todas la armas que estén a su alcance a cualquier proyecto encaminado a crear una buena sociedad y que no se arredrará si para lograrlo tiene que destruir un régimen democrático. Para los que tengan dudas allí están, en fechas recientes, los casos de Honduras, Paraguay, Brasil y, en Europa, Grecia. ¿Quién mató a la democracia en esos países? ¿Quiénes quieren matarla en Venezuela, Bolivia y Ecuador? ¿Quién la mató en Chile en 1973, en Indonesia en 1965, en el Congo Belga en 1961, en Irán en 1953 y en Guatemala en 1954?



Foto: M.A.f.I.A. Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadx

Katu Arkonada Boliiva 10 preguntas y 10 respuestas sobre el conflicto con los “cooperativistas” mineros

  • Español
    • ¿Cómo surge la minería cooperativa en Bolivia?

    La minería cooperativa tiene como origen la crisis económica mundial provocada por el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. Muchas empresas trasnacionales entran en crisis y tienen que despedir trabajadores, a quienes entregan parcelas para su explotación.

    La Revolución de 1952 trae consigo la nacionalización de las minas bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), reforzando la minería estatal y debilitando el cuentapropismo.

    • ¿Cómo se transforma en patronal minera?

    Pero no se puede entender el tránsito de la minería cooperativa, con socios trabajadores como en cualquier parte del mundo, a la conversión en pequeños empresarios mineros que extraen plusvalía no solo de los recursos naturales, si no de los trabajadores contratados, sin entender cómo se implementa el neoliberalismo en Bolivia.

    Es en 1985, de nuevo bajo el gobierno de Victor Paz Estenssoro, cuando se implementa el Decreto 21060 que permite la “flexibilización laboral”, y se ejecutan entre 1985 y 1986 más de 20.000 despidos en el sector minero estatal, que pasan a articularse en torno a la minería cooperativa.

    Posteriormente es Gonzalo Sánchez de Losada, empresario minero, quien termina de desmontar Comibol, entregando las grandes empresas a las trasnacionales, y concesionando y/o transfiriendo a socios cooperativistas maquinaria, perforadoras, extractoras, etc., transformándolos en pequeños empresarios.

    • ¿Por qué el sector cooperativista se convirtió en aliado del proceso de cambio?

    A pesar de haber sido favorecidos por Gonzalo Sánchez de Losada, los cooperativistas mineros se convirtieron en vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo. Fueron actores fundamentales en las movilizaciones contra el gobierno de Goni, llegando a tomar la Plaza San Francisco, el acto militar más fuerte de las protestas anti neoliberales. En 2005, cuando renuncia Carlos Mesa, se convierten en el actor principal que impide que asuman como Presidente los derechistas Hormando Vaca Díaz, Presidente del Senado, y Mario Cossío, Presidente de la Cámara de Diputados, facilitando el acceso a la Jefatura de Estado de Eduardo Rodríguez Veltzé, Presidente de la Corte Suprema, que luego convocaría las elecciones que ganaría Evo Morales.

    Es por eso que, en cuanto a actor político de primera magnitud, tanto cualitativo, como cuantitativo, pues de las 454 cooperativas mineras que había en 1990, se pasa a 778 cooperativas en 2005 que articulan decenas de miles de trabajadores.

    • ¿Qué dice la Constitución boliviana sobre los recursos naturales, la propiedad de los mismos, y la minería cooperativa?

    La Constitución Política en su artículo 311, dentro de la Estructura y Organización Económica del Estado determina que Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado”.

    El artículo 369 indica que “El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.”

    Asimismo, el artículo 370 afirma que “El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.  II. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país.  III. El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares.” Pero, sobre todo, el artículo 371 es claro: “Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria”.

    • ¿Qué demandan los cooperativistas mineros?

    La segunda semana de agosto, los cooperativistas mineros anuncian un paro indefinido en todo el territorio boliviano si no se atiende un pliego petitorio de 10 puntos, que a lo largo del conflicto se transforma en 24 demandas, entre las que podemos destacar:

    • Rechazo a la Ley General de Cooperativas Mineras: en especial al punto que permite la sindicalización. Los cooperativistas, convertidos en patrones capitalistas, no quieren sindicatos en el interior de sus empresas.

    • Rechazo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia: Esta Ley impide que empresas privadas (nacionales o trasnacionales), puedan invertir en las concesiones de los cooperativistas, y obliga a que las concesiones mineras sean otorgadas por Comibol. Actualmente los cooperativistas tienen firmados al menos 31 contratos con empresas privadas, algunas de ellas trasnacionales, siendo una de ellas la Comsur de Sánchez de Losada.

    • Flexibilización de las regulaciones ambientales: Las cooperativas mineras se quejan de lo estricto de los trámites para obtener las licencias ambientales, aunque el 80% de ellas no cumple con este trámite.

    • Tendido de redes de energía con tarifas diferenciadas: Los cooperativistas mineros demandan que el Estado instale tendido eléctrico en todos los lugares donde tienen concesiones, y que además su tarifa sea subvencionada.

    • Reinversión de los recursos provenientes de las regalías mineras en el sector cooperativista: La demanda de reinversión de las regalías que pagan por las ventas de minerales, deja al descubierto la realidad de que los cooperativistas mineros solo pagan al Estado el 2’5% de las regalías, frente al 8’5% de las empresas privadas.

    • ¿Cuál ha sido la postura del gobierno ante las demandas?

    El gobierno boliviano ha mantenido una posición de diálogo, convocando a los cooperativistas mineros a reuniones con los ministros de Presidencia, Gobierno y Minería, al mismo tiempo que se mostraba firme en su posición de no violentar la Constitución frente a las demandas corporativas de un grupo de empresarios que han dejado de pensar en el país para pensar en su lucro privado.

    • ¿Ha existido una conspiración como ha denunciado Evo Morales?

    Hay 2 hechos que deberán ser investigados los próximos días, pero es una realidad que cuando más cerca han estado las dos partes, gobierno boliviano y cooperativistas mineros, de sentarse en una mesa, ha sucedido algo que ha imposibilitado el diálogo:

    • El lunes 22 de agosto “apareció” una orden falsa de aprehensión de dirigentes mineros, que provocó el paso a la clandestinidad de la dirigencia cooperativista y que el martes se intensificaran los bloqueos.

    • El miércoles 24 se produce el asesinato de 2 mineros cooperativistas durante los bloqueos y en circunstancias aún sin esclarecer, pero todos los indicios llevan a pensar que se trata de una emboscada pues el arma utilizada, de calibre 9mm, tuvo que ser disparada desde muy cerca para causar un daño mortal, más aún cuando uno de los mineros fallecidos fue alcanzado en un costado. Son 2 las hipótesis, o fuego amigo (dado que ha sido comprobado la utilización de armas de fuego por parte de los cooperativistas) o un disparo de la policía (hipótesis sustentada por una denuncia del Defensor del Pueblo). En caso de que los disparos vinieran desde filas policiales, este hecho se produciría contraviniendo la orden directa del Presidente Evo Morales, no ya de no disparar, si no ni siquiera portar armas de fuego en el lugar de los bloqueos.

    • ¿Quién era Rodolfo Illanes y porqué ha sido asesinado?

    Rodolfo Illanes, militante del proceso de cambio y con una larga trayectoria en cargos de responsabilidad, era Viceministro de Régimen Interior y Policía. Illanes se ofreció voluntario para ir a Panduro, lugar del principal bloqueo, con el fin de dialogar con la dirigencia cooperativista. En Panduro fue secuestrado y retenido durante todo el jueves 25.

    En un tercer momento que debe ser esclarecido, y cuando el gobierno y la dirigencia cooperativista ya se habían puesto de acuerdo en reanudar el diálogo, se produce un enfrentamiento confuso que al parecer deja un tercer minero muerto, lo cual habría sido utilizado para provocar el linchamiento del Viceministro Illanes, que es asesinado y cuyo cuerpo es abandonado a un costado de la carretera en horas de la madrugada. Illanes falleció por traumatismo encéfalo craneal.

    • ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación privados bolivianos en el conflicto?

    Podemos distinguir 2 fases en el accionar de una buena parte de los medios de comunicación bolivianos en el conflicto con los mineros cooperativistas.

    Hasta la semana trágica que culmina con el asesinato de Illanes, la mayoría de los medios de comunicación instalan la matriz de que el conflicto con la patronal minero-cooperativista es una pugna entre aliados políticos, rechazando y criticando sus demandas.

    La semana que comienza el 22 de agosto una buena parte de los medios instigan el conflicto a partir de las órdenes de aprehensión falsas. Incluso dando espacio y protagonismo a los dirigentes cooperativistas para desmentir al Ministro de Gobierno que había declarado que las ordenes eran falsas. Esa noticia gatilla las movilizaciones, y a partir de ahí se sigue alimentando el escenario de confrontación.

    El jueves 25 y viernes 26, ya con un Viceministro secuestrado, torturado y asesinado, además de tres mineros caídos en los enfrentamientos, los periodistas de la derecha boliviana intentan instalar la matriz de que lo sucedido es fruto de la intransigencia del gobierno y la falta de diálogo, a fin de colocar la responsabilidad de las muertes en ambos bandos enfrentados.

    • ¿Cuál es el escenario inmediato en el conflicto con los cooperativistas?

    El conflicto con los mineros cooperativistas es una disputa entre el pueblo y el capital por el excedente. El mal llamado cooperativismo quiere libertad para poder asociarse con trasnacionales y explotar los recursos naturales a fin de obtener la máxima plusvalía posible tanto a la Madre Tierra como a sus trabajadores asalariados. En ese sentido el gobierno puede sentarse a escuchar demandas, pero no puede violar la soberanía del pueblo boliviano sobre los recursos naturales que establece la Constitución Política del Estado.

    También es necesario mencionar la posición de los movimientos sociales bolivianos, sindicatos campesinos y pueblos indígenas, que han pedido que se reviertan las concesiones mineras y privilegios de los que gozan los cooperativistas.

    En ese sentido, un posible escenario es un reacomodo en la política de alianzas sociales del actual gobierno, donde los mineros cooperativistas, muy desprestigiados tras una semana trágica que deja un saldo de varios muertos en las protestas, pierdan posicionamiento y legitimidad política. El reacomodo también será a lo interno, pues parece poco probable que la actual dirigencia cooperativista pueda seguir conduciendo el movimiento, con el añadido de que algunos de sus dirigentes podrían ser procesados como autores materiales o intelectuales del asesinato del Viceministro Illanes.

    En cualquier caso, es necesario determinar el grado de la conspiración interna y externa, denunciada por el Presidente Evo Morales en la conferencia de prensa del viernes 26, pues la conspiración será un elemento determinante en el aumento de la conflictividad social de aquí a 2019, año donde se juega la continuidad del proceso de cambio que encabeza el Presidente Evo Morales.


    *A Roberto Illanes in memorian, héroe defensor de los recursos naturales

    Eduardo Gudynas Guerras extractivistas en Bolivia


    • Foto: BoliviaTV
      Foto: BoliviaTV
      El asesinato de un viceministro y la muerte de cuatro mineros vuelven a confirmar que los extractivismos transitan hacia mayores niveles de violencia. No es la primera vez que esto sucede, pero en esta ocasión golpea al gobierno de Bolivia y uno de sus más íntimos aliados políticos. Más allá de los clásicos argumentos partidarios, este caso deja en claro que las ideologías políticas quedaron relegadas detrás de una cruda guerra por los excedentes económicos. Una vez más, las comunidades y la Naturaleza, lo sufren.

      El conflicto entre las cooperativas mineras y el gobierno de Evo Morales no puede ser analizado apelando a los marcos clásicos. De un lado, no estamos frente a una gran corporación minera transnacional, sino a un conglomerado de agentes económicos que hacen minería, y que se presentan a sí mismos como cooperativas (y de izquierda). Del otro lado, el gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, construyó una estrecha relación política con todo ese sector, convirtiéndolo en uno de sus aliados más importantes.

      El actual ciclo de conflictividad se inició a inicios de agosto con la aprobación parlamentaria de una reforma a la ley de cooperativas propuesta por el gobierno Morales, para permitir y proteger la sindicalización de los trabajados. La medida fue duramente criticada por Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), y el 10 de agosto comenzaron movilizaciones y protestas. Se estima que existen unos 130 mil cooperativistas mineros, lo que les convierte en actores de peso. Rápidamente se generaron bloqueos en rutas nacionales, pedreas y declaraciones cada vez más encendidas.

      Desde el gobierno los discursos también se volvieron más duros y se desplegaron policías. Estallaron las refriegas, donde había decenas de manifestantes detenidos y a la vez decenas de policías eran retenidos como rehenes por los mineros, con heridos de uno y otro lado. Varios mineros son encarcelados y se les inician procesos judiciales, lo que hace endurecer todavía más a los cooperativistas. El 24 de agosto mueren dos mineros en esas refriegas, y al otro día es secuestrado el viceministro del interior, Rodolfo Illanes, quien intentaba iniciar una nueva negociación. Al menos un dirigente minero afirmó, con toda claridad, que asesinarían a ese funcionario si moría otro manifestante minero.

      Bajo esa dinámica, ya sin control, la noticia del deceso de un nuevo manifestante terminó en que una turba golpeara y tortura al viceministro hasta su muerte; al poco tiempo dejaron abandonado su cadáver en una carretera (fue recuperado el 26 de agosto). Es una triste y dolorosa situación donde, al día de hoy, hay un total de cinco muertos.

      Como muchas veces sucede en Bolivia, casi nada es lo que parece y es necesario disecar con precaución a los actores y sus disputas. Por un lado, las llamadas “cooperativas” mineras en realidad son más similares a empresas, y en buena parte de ellas existen unos pocos socios cooperativistas y unos cuantos obreros asalariados, que trabajan bajo durísimas condiciones de seguridad y ambiente, malos sueldos, impedidos de organizarse. En algunas cooperativas incluso se explotaba como asalariados a mujeres o niños.

      Por otro lado, la propuesta de modificación del gobierno Morales se enfocaba en los asalariados de las cooperativas de servicios, y era discutible si afectaría a los mineros. Bajo la excusa de que esa medida volvería a sus cooperativas ingobernables es que se lanzaron las movilizaciones. Es un tipo de argumentos que resulta muy conservador, pero que era dicho por organizaciones, sin duda populares, y que se presentan a sí mismas como parte de la revolución del Movimiento al Socialismo. Recordemos que estas cooperativas han sido uno de los socios más poderosos en ese gobierno, tanto por su poder de movilización como por el gran número de votos que significan. Es un conglomerado que tiene muchas caras, ya que por momentos opera como un sindicato, a veces como una cámara empresarial y en otros casos como movimiento político (incluso tiene sus propios legisladores y han colocado a sus integrantes en puestos ministeriales).

      Para muchos analistas y medios parecería que esto es la primera vez que ocurre en Bolivia. Sin embargo, hay una larga lista de antecedentes. En uno de los más recordados, en 2006 murieron 16 personas por durísimos enfrentamientos entre mineros cooperativistas y mineros del sindicato de la empresa estatal, para controlar unas parcelas en la localidad de Huanuni, en el altiplano andino. Otra guerra extractivista que también escapó al control gubernamental.

      Entonces nadie puede sorprenderse del evidente aumento de la violencia alrededor de la minería. Ya no es solo la imposición de unas empresas contra comunidades locales, sino que en varios sitios en distintos países estallan conflictos entre distintos tipos de mineros (tales como cooperativistas versus trabajadores, sean de empresas estales o privadas, o legales contra ilegales), mineros de cualquier tipo versus campesinos que todavía se dedican a la ganadería o agricultura, o frente a pueblos indígenas. La violencia en el extractivismo ya no expresa ocasionales accidentes, sino que es un componente esencial y propio de ese tipo de actividades.

      Dando otro paso en la particularidad boliviana, los reclamos de las cooperativas mineras iban mucho más allá de resistirse a la sindicalización. Sus exigencias son mucho más amplias, incluyendo poder efectuar contratos directamente con empresas transnacionales, esquivar el control parlamentario en ese tipo de comercialización, aumentar las áreas de explotación minera, incluyendo el acceso a tierras forestales y áreas protegidas, recibir todavía más ayudas financieras (por ejemplo, que regalías mineras fueran reinvertidas en proyectos mineros de las cooperativas), y subordinar los controles ambientales.

      Por lo que puede verse estos son reclamos que serían un sueño para las grandes corporaciones transnacionales, pero que aquí son exigidas violentamente por grupos populares que se consideran parte del progresismo y eran socios íntimos del gobierno. Es que justamente otra particularidad de esta situación es que las cooperativas mineras tienen ese enorme poder y el desparpajo de hacer ese tipo de reclamos gracias a las sucesivas concesiones y beneficios que le ha dado el gobierno de Evo Morales. La más reciente fue la nueva ley de minería No 235, aprobada en 2014, que consolida su status privilegiado, le otorga grandes beneficios económicos, y hasta declaraba que sería ilegal cualquier actividad que impidiera la minería (entre ellas, la huelga, por supuesto).

      Este caso boliviano también muestra la necesidad de miradas conceptualmente rigurosas sobre los extractivismos. Es que no son pocas las definiciones de extractivismos mineros que, aún en la crítica, lo conciben solamente como una expresión propia de las grandes corporaciones del norte. Esas conceptualizaciones son casi siempre compartibles, pero al caer en unas narraciones metafóricas, no siempre sirven para entender otros extractivismos, tales como el cooperativismo minero boliviano o la ilegalidad / informalidad de los mineros de oro en la Amazonia. Por ello, una definición más precisa subraya que los extractivismos son un tipo de apropiación intensiva y de grandes volúmenes de los recursos naturales que puede darse bajo distintos regímenes de propiedad (privada, estatal, mixta, cooperativa, etc.). De esta manera, la rigurosidad en entender los extractivismos no es una manía académica, sino que es indispensable para abordar sus distintas conflictividades.

      A lo largo de los últimos años, mientras que cooperativistas y gobierno eran aliados dentro de gobierno, no ha habido muchos análisis independientes, ya que se protegían mutuamente. Los pocos que lo hicieron, como ocurrió con algunos analistas, militantes y unas pocas ONGs en Bolivia, alertaron sobre las exageradas concesiones que el gobierno otorgaba a esas cooperativas mineras, y difundieron las denuncias que partían desde las comunidades locales. Los estudios de esas ONGs, especialmente los de CEDIB (Centro de Documentación e Información de Bolivia), fueron duramente cuestionados desde el poder y sus seguidores entre los medios y otras ONGs, presentándolos como un obstáculo para explotar los recursos naturales. Ahora es evidente que ellos estaban en lo cierto, y a la vez queda en evidencia la fragilidad de los analistas que apenas son un eco gubernamental.

      Las acusaciones entre los distintos actores en este conflicto se cruzan aunque en un plano todavía superficial. Los cooperativistas y sindicatos exigen responsabilidades políticas al gobierno por haber permitido que escalara la violencia, y en especial identificar a quienes asesinaron a los manifestantes. A su vez, el gobierno avanza sobre las cooperativas, se iniciaron procesos judiciales contra quienes dieron muerte al viceministro, pero sorpresivamente parece exculpar a las bases, ya que otra vez insiste en que todo el asunto es parte de un complot de la derecha partidaria.

      Lo sorprendente en una discusión de ese tipo es que no se analiza la esencia del conflicto: una violenta disputada por los excedentes de los extractivismos. Sin duda que estamos ante una disputa político partidaria convencional, y para nada menor, en tanto se rompe la alianza del gobierno de Morales con uno de sus principales aliados. Pero esa no es la causa de todo este drama, sino que es una consecuencia de una contradicción mucho más profunda.

      De un lado el gobierno y del otro los mineros, se están peleando por controlar los excedentes que provienen de explotar los recursos naturales, para asegurarse la mayor tajada posible de su rentabilidad económica. Ni ellos ni los analistas o medios convencionales están debatiendo, por ejemplo, si es apropiado seguir con ese tipo de minería, ni sobre sus costos sociales y ambientales o su real beneficio económico, ni tampoco sobre su inherente violencia.

      Es una situación muy triste porque somos testigos de grupos sociales que han caído en visiones tan pero tan mercantilizadas de la naturaleza y de las comunidades, que la destrucción ambiental, el secuestro o el asesinato, están justificados con tal de recuperar las tasas de ganancias. Son este tipo de condiciones, que tienen raíces más profundas, las que alimentan una y otra vez las guerras extractivistas. En ellas, las víctimas que siempre se repiten siguen siendo las comunidades locales y la Naturaleza.

      Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Seguimiento en twitter: @EGudynas

      Emir Sader Brasil ya no será igual

      Brasil
        Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.

        La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.

        Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.

        ¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.

        No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.

        En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.

        En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.

        Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.

        Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.