Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?


Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós · · ·  

28/04/13Sin Permiso


El pasado viernes 26 de abril, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno Rajoy reconoció el completo fracaso de las políticas de austeridad de su Primer Plan de Reformas. A continuación, anunció un Segundo Plan de Reformas.

Los datos del fiasco no pueden ser más elocuentes. En lo tocante a su objetivo principal, la reducción del déficit público, el gobierno Zapatero lo había dejado en 2011 en el 9,6% del PIB, pero a finales de 2013 se situará en el 10,6%. De ese montante, 4,3 puntos corresponden al rescate europeo del sistema bancario español, que la UE no contabiliza a efectos de los objetivos de ajuste presupuestario, pero que tienen que financiarse igualmente en el mercado de la deuda. Después de los recortes presupuestarios sangrantes del gasto público –que han afectado especialmente a la sanidad, la educación y la financiación de las comunidades autónomas y han supuesto 259.000 despidos—,  su incidencia en el déficit de la Administración Central y la Seguridad Social es de un mero 0,1% (del 5,2% en 2011 al 5,1% en 2012). En 2011 la deuda pública, después de tres años de crisis, representaba el 68,5% del PIB; en 2012 se situó en el 86,9%, en 2013 alcanzará el 90,5% y el FMI estima ahora que en 2015 se situará en el 99,8%. El pago de intereses en 2013 (40.000 millones de euros) es equivalente al rescate europeo de la banca. La maduración de la deuda pública a corto en 2013 es de 85.000 millones de euros. Al final de la legislatura no se habrá cumplido el objetivo comunitario de un 3% del PIB de déficit, porque la previsión para 2014 es del 4,1%.

En cuanto al segundo objetivo del gobierno Rajoy –relanzar el crecimiento de la economía española—, los datos revisados ahora ofrecidos son igualmente alarmantes: decrecimiento del 1,6% del PIB en 2013, ligero crecimiento del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015. La economía sufre una doble recesión desde 2008. Para una economía como la española, que necesita crecimientos de alrededor del 2% del PIB para crear empleo neto, estas cifras suponen que desde 2011 se han destruido 1,6 millones de empleos y que cuando la legislatura acabe en 2015 la tasa de paro se situara en el 28,8%, tres puntos más que la recibida del gobierno Zapatero. Los efectos sociales de la recesión, con una caída importante del nivel de vida, se prolongarán, como poco, más allá de 2018.



Anuncio y alcance del II Plan de contrarreformas

El grueso de los datos de este terrible cuadro macroeconómico se conoció en la reunión de primavera del FMI, entre el escándalo Reinhart-Rogoff y la desolada constatación de la recaída en la recesión del núcleo central de la UE. Venían a confirmarse, y por lo magnífico, las predicciones más críticas con las políticas de austeridad. En una entrevista publicada el lunes 22 en el diario ultraliberal de Nueva York The Wall Street Journal, el ministro de economía Guindos adelantaba oficiosamente las cifras y aseguraba que el Reino de España preocupaba menos al FMI y había dejado de ser el principal foco de alarma, en especial desaparecidas las dudas sobre la estabilidad del euro gracias a la política del BCE. Christine Lagarde, directora del FMI, alentaba a "dar más tiempo a España". Durante cuatro días, una campaña de prensa cimentada en ambiguos rumores intentó preparar a una opinión pública ya convenientemente amedrentada desde el ministerio del interior con la previsión de una violenta batalla campal en los alrededores del Congreso de los Diputados el día 25 (lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales conocidos en Madrid). 

Cuando finalmente tuvo lugar la rueda de prensa el viernes 26, la neolengua habitual destacó por su originalidad eufemística: "reordenación de cifras", "novedades tributarias"… No han faltado periodistas tentados a publicar su propio diccionario, y algún otro no ha podido evitar caer en el costumbrismo a costa de la escena. A pesar de la gravedad de la situación, Rajoy, que lleva escondido detrás de una pantalla de plasma desde el inicio del caso Bárcenas, sigue sin anunciar fecha de comparecencia en el Congreso. Su único contacto con la prensa tendrá lugar con ocasión de la visita a Granada de su homólogo irlandés, el domingo 28. 

El anunció del Segundo Plan de Reformas, en parte adelantado por Rajoy en el debate sobre el llamado estado de la nación el pasado mes de febrero, es en realidad una repetición de los objetivos de la legislatura y de su Plan de 72 medidas, de las que se han ido aplazando más de 30, como la reforma de la administración local y autonómica o la ley de colegios profesionales. Pero hay tres, previstas en el memorándum de rescate  bancario –cuya traducción oficial al español apareció en el BOE con cuatro meses de retraso—, que serán decisivas: la "evaluación" de la reforma laboral por un "organismo independiente" (FMI, OCDE, UE, pero no la OIT), que inevitablemente generará una nueva oleada de flexibilización y recorte de derechos en el mercado laboral; la reforma de las pensiones, con una segunda extensión de la edad de jubilación más allá de los 67 años; y la Ley de desindexación de la economía, que abrirá la puerta a recortes vía inflación en pensiones, subvenciones y contratos públicos.

La subida "extraordinaria y circunstancial" del IRPF de 2012 se prorroga durante toda la legislatura, y se anuncian "novedades fiscales" con aumento de los impuestos especiales, a excepción de los que gravan a los hidrocarburos, el daño medioambiental y los depósitos bancarios. El marasmo de la gestión del mecanismo de financiación de las Comunidades autónomas se atribuye a una "autoridad fiscal independiente", como si no fuese un problema político central.



Cuando la culpa la tiene la realidad

¿Estamos ante el "hundimiento de la legislatura", como advierte angustiado uno de los analistas más reconocidos de la derecha, José Antonio Zarzalejos? Las cifras y previsiones sobre el paro parecen, efectivamente, inasumibles socialmente. La intervención del estado en la economía vía ingresos fiscales es una de las más bajas de la UE (36,4% del PIB) –y ha caído desde 2008 más de 6 puntos, rebasando holgadamente en su retroceso el objetivo del 40%  defendido por el anterior presidente del BdE—, y la economía sumergida supera el 25% del PIB. Frente a la excusa de Rajoy –"quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad"—, el diagnóstico de Zarzalejos resulta demoledor: "el naufragio del paquebote popular se ha producido por la combinación de tres factores: la quiebra de la fiabilidad política del Gobierno y del PP –todo lo que se ha prometido se ha incumplido—, la comprobación de su escasa competencia técnica en materia económico-social y en la gestión de los intereses de España en la Unión Europea y la ausencia de un discurso político que, además de cubrir los frentes mencionados, ofreciese respuesta a la crisis institucional, al fenómeno de la corrupción y a la precarización del modelo territorial a raíz de la apuesta independentista en Cataluña".

Más allá del rancio "regeneracionismo" de sesgo conservador sobre la incapacidad de las "elites políticas (extractivas)" (sic), importa el diagnóstico de las causas, materiales e ideales, de la manifiesta crisis de la Segunda Restauración borbónica en el contexto de la crisis del proceso deconstituyente de la institucionalización neoliberal de la UE. (El lector interesado podrá, sin duda, encontrar algunos elementos consultando los archivos de SinPermiso, y, por lo pronto, nuestro análisis del último debate  sobre el estado de la nación).

Importa, ante todo, destacar el clima social en que se produce el reconocimiento del fracaso del Gobierno Rajoy. El conocido barómetro electoral de Metroscopia de abril recoge la caída, desde las elecciones de noviembre del 2011, en la intención de voto del PP: un tremendo precipicio del 20% (del 44,6% al 24,5%). Por su parte, el PSOE sigue en caída libre, con un descenso del 4,3% (del 28,7% —después de la perdida de 14 puntos desde 2008— al 23%). Menos difusión ha tenido el obSERvatorio del 15 de abril de la Cadena Ser, que muestra no sólo la apabullante desconfianza popular ante el bipartidismo dinástico (87%), sino la enorme radicalización y la creciente disposición a la movilización social de la opinión pública, incluida la convocatoria de una nueva huelga general (47%), a pesar del descrédito de los sindicatos mayoritarios (que sólo recogen un apoyo del 18%, frente, por ejemplo, a un espectacular 75% cosechado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas encabezada por Ada Colau). 

¿Qué margen le queda al gobierno Rajoy? En la crisis de la primavera de 2012 –acaso la experiencia política más importante de lo que llevamos de legislatura, porque ha determinado el repertorio de respuestas de las clases socialmente rectoras, de los partidos y de los sindicatos—, la respuesta de Rajoy fue: "España ha hecho todo lo que podía, ahora le toca a Europa". El Consejo europeo de junio del 2012 no sólo aprobó el rescate bancario, sino que permitió la política de intervención del BCE en los mercados secundarios, evitando un segundo rescate, esta vez general, de la economía española. De nuevo, es la constatación en la UE de que es imposible que se puedan alcanzar sus ilusos objetivos de reducción del déficit lo que, sumado a los efectos de la recesión en Alemania, ha determinado el aplazamiento de dos años; no la presión ni la capacidad de negociación en Europa del gobierno Rajoy o del resto de los gobiernos conservadores de la periferia. Patético, por decir lo menos, es el intento de Rajoy de presentar las cosas como si el logro de ese nuevo margen fuera mérito propio, de su tenacidad en la aplicación de las políticas de ajuste y en la puntual observación de las condiciones del memorándum. Lo cierto es que en la UE Rajoy ha pasado de ser un supuesto aliado estratégico de Angela Merkel a convertirse en el esforzado alumno despechado, para terminar pretendiéndose un conspirador de capa y espada a favor de una iniciativa comunitaria para el crecimiento. Nada de ello es verdad, por supuesto. La modesta –y ridícula— verdad consiste en esto: hace lo que se le dice, como y cuando se le dice desde Berlín o Bruselas. Más que el guardián, es el pícaro del memorándum.



Una hipótesis de escenario político

Rajoy no gestiona, sobrelleva la crisis de la Segunda Restauración borbónica. Y en ese trance, sus principales activos son la holgada mayoría parlamentaria y la falta de una alternativa política creíble programática y organizativamente, es decir, verdaderamente amedrentante. Gracias a esos dos activos ha logrado esquivar el segundo rescate, poner sordina a los cantos de sirena de los pactos de estado o del gobierno de "unidad nacional" y mantener a raya y dispersa la crecida resistencia social. Lo que no ha logrado evitar es la incesante erosión de su legitimidad electoral, de su base electoral y de la del conjunto del régimen bipartidista. Tampoco ha escapado a las devastadoras dentelladas de la crisis financiera del estado de las autonomías, ni al destape generalizado de la corrupción, que es, sobre todo, manifestación de la ruptura del consenso hegemónico de las clases rectoras del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos de la Transición. Ni, menos, al inopinado estallido del secesionismo catalán, manifestación inequívoca de la crisis de la monarquía y de su inveterada incapacidad para encontrar soluciones hacederas –fundadas en la autodeterminación— para la libre vertebración democrática de los pueblos de España. Lidiar con cualquiera de estos perentorios asuntos precisa de iniciativa vigorosa y apremiante; no digamos enfrentarse a todos ellos de consuno. Ínsito, en cambio, en la naturaleza del gobierno Rajoy parece estar el más inane de los inmovilismos. Tal vez el ejemplo más fatal de esa pasividad haya sido su total despreocupación respecto del proceso de normalización social y política en curso en el País Vasco, y a tal punto, que comienza a peligrar el proceso unilateral de pacificación. Se busca, ni que decir tiene, compensar esa parálisis política práctica con verborrea atrabiliaria y guerras culturales al estilo zapateril: como si lo único que le quedara al gobierno Rajoy fuera atizar el fuego de la polarización ideológica de sus votantes más extremistas. No otro es el triste y evidente papel de la contrarreforma de la Ley del Aborto impulsada por el ministro de justicia Gallardón.

El año que tenemos por delante, hasta las elecciones europeas, será decisivo. En el terreno social, la "evaluación" y ampliación de la reforma laboral, así como el nuevo retraso en la edad de jubilación, obligarán, quieras que no, a CC OO y UGT a convocar una nueva huelga general. Por lo que se refiere a la crisis financiera de las autonomías, que en buena medida es la del "estado del medioestar" español, la tensión de la negociación en torno al traslado asimétrico a las autonomías del nuevo margen de déficit (del 0,7% al 1,2%) concedido al Reino de España por la UE no solo creará graves tensiones entre las comunidades gobernadas por el PP, sino que obligará al gobierno PSOE-IU andaluz a una mayor y más pugnaz confrontación, y muy probablemente terminará bloqueando el juego de alianzas asimétricas de supervivencia ensayado por la Generalitat de Mas con ERC y PSC, obligando a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. En lo atinente a la cúspide institucional coronada, la probable condena de Urdangarín y su socio, tras la imputación de la Infanta Cristina, hará inevitable la abdicación del monarca, las bases legales de la cual ya se negocian más o menos discretamente entre los dos principales partidos dinásticos. Las elecciones europeas, proporcionales en una sola circunscripción, supondrán un durísimo voto de castigo tanto para el PP como para el PSOE, lo que verosímilmente contribuirá a acelerar la crisis de la Segunda Restauración.

En este escenario de crisis cada vez más evidente de todo el régimen político monárquico de 1978, la estrategia sindical de CCOO y UGT –resumida en sus manifiestos para el 1 de Mayo— pasa esencialmente por la defensa de un programa mínimo que amplíe el margen concedido por la UE, para dar cabida a la fórmula de un Pacto por el Empleo y relanzar la negociación de los convenios colectivos, muchos de los cuales caducan el próximo mes de junio. Al propio tiempo, se insiste en la necesidad de mantener el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas de la Cumbre Social, verosímilmente para cargarse de razones de cara a una huelga general que prevén tan inevitable como crecientemente difíciles las condiciones sociales en que habrá de realizarse (con una población trabajadora desmoralizada por una desocupación sostenida sin ejemplo histórico y con unas organizaciones sindicales mayoritarias que no logran romper el descrédito ante la opinión pública que recogen las encuestas). En este sentido, la mayoría sindical vasca y otros sindicatos han convocado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra una huelga general para el próximo 30 de mayo. Los sindicatos mayoritarios han dejado caer en el olvido, en el peor momento, lo que no hace tanto parecieron haber empezado a comprender, y es a saber: que sin una alternativa política realista y unitaria, que pasaría hoy mismo por una campaña de movilizaciones ciudadanas para forzar la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, el ciclo de resistencia social choca con los límites objetivos de la deslegitimada mayoría absoluta del PP y del tenebroso callejón sin salida a que aboca la estólida estrategia de "unidad nacional" o mera alternancia bipartidista del PSOE de Rubalcaba.

La izquierda política federal, IU e ICV, y la izquierda soberanista (EH Bildu, Anova, CUP, así como sectores de ERC y Compromís) ha empezado a situarse en la perspectiva, más realista, de un incierto proceso destituyente de fin de régimen. Comprender eso es, al menos, el primer paso para plantearse una contraofensiva constituyente: sólo esa contraofensiva –o siendo realistas, el horizonte, la promesa, de ella— podría dar sentido, esperanza, unidad y vertebración política a la miríada de movilizaciones sociales (incluidas las sindicales) más o menos dispersas y más o menos espontáneas que van acumulándose de modo creciente, con radicalidad creciente, con rabia creciente y, ¡ay!, con desesperación creciente. Lejos del narcisismo onanista de las cabezas de ratón, lejos de las ilusas y fatigantes intrigas manipulatorias de la sectícula política de turno, esa perspectiva precisa de algo más que alentar la resistencia; necesita perentoriamente la articulación unitaria de un amplio bloque político, social e intelectual alternativo que, hoy por hoy –reconozcámoslo—, no termina de arrancar.   

Es iluso pensar que la distancia entre el timorato programa mínimo avanzado ahora por los sindicatos mayoritarios y la incipiente aspiración a un programa de tipo constituyente de las izquierdas alternativas y soberanistas es sólo ideológica, o sólo de comprensión política del momento. Esa distancia responde en buena parte también a las distintas condiciones objetivas en que desarrollan su actividad. Comprender eso tiene que ayudar a salir de la mera denuncia moral (o hipermoral) estéril, para comenzar a tender puentes a través de la movilización y de la coordinación unitaria territorial, que adopta ya diversas formas.

A medida que crezca la polarización social y política inducida por la crisis, se hará más evidente el dilema entre el proyecto de la pseudorreforma constitucional limitada que hoy propugnan el PSOE de Rubalcaba y sectores de la derecha --un proyecto incapaz de frenar el peligrosísimo proceso deconstituyente en curso--, y el de las fuerzas sociales y políticas que trabajan en una contraofensiva republicana constituyente. Sea ello como fuere, las posibilidades de esa pseudorreforma constitucional que fantasea con contener el descalabro de la Segunda Restauración dependen crucialmente de que los partidos dinásticos, señaladamente el PP y el PSOE, sigan teniendo la mayoría institucional de 2/3 necesaria. Es lo más probable que su legitimidad entre en proceso de erosión irreversible con las elecciones europeas de 2014 y las municipales y autonómicas posteriores. Lo que a estas alturas cotiza como seguro es que las elecciones generales de 2015 pondrán fin a la mayoría política del régimen bipartidista. Para entonces, el paro puede rondar ya el 30%. Y no valdrán las medias tintas. 

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

Guatemala: San Rafael Las Flores: una historia de despojo y terror ya conocida

30 abril 2013


Por : Redacción Prensa Comunitaria

La mina San Rafael esta ubicada en el Km 96.5 carretera Mataquescuintla en el departamento de Santa Rosa, Guatemala. La mina pertenecía a la empresa canadiense Gold Corp, pero a partir del año 2010 trasladó el proyecto “El Escobal”a la empresa Tahoe Resources Inc. Esta empresa tiene oficinas en los Estados Unidos y su matriz en Canadá.

La población de San Rafael ha estado realizando comunidad por comunidad la Consulta Comunitaria de Buena Fe. Los resultados son rotundos: no se está de acuerdo con la explotación ni la exploración minera.

8 de abril Inicia en San Rafael Las Flores una resistencia pacífica frente a la entrada de la mina.

“Somos sanrafaelences y pese al frío de la primera noche, HEMOS RESISTIDO para manifestar de forma pacífica y legal nuestro descontento, por la forma ilegal de como el gobierno otorgó la licencia de explotación minera, en nuestro territorio.”

Desde hace dos meses un contingente de alrededor de 80 policías del Estado, al servicio de la empresa minera como guardias de seguridad.

27 de abril Trabajadores de La mina San Rafael, propiedad del Grupo Macro – Tahoe Resources Inc. Agredieron a 6 comunitarios, disparándoles e hiriéndoles.́ Alberto Rotonda, jefe de seguridad de la mina San Rafael fue detenido hoy por dirigir el ataque.

29 de abril Se concretó la firma del convenio de "aporte voluntario" entre los gobiernos municipales con la minera San Rafael, a pesar de la oposición de la población. Este convenio se concretó firmando y estando como testigos de “honor” el Presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Energía y Minas Erick Archila, el Embajador de Canadá Huges Rosseau y el Embajador de Chile, Juan Masferrer Pellizzari.

Ese mismo día la población realizó una manifestación pacífica por el otorgamiento de la licencia minera y el ataque armado en contra de la población perpetrado por Minera San Rafael.

Don Felipe Rojas alcalde de Casillas, fue detenido injustamente por apoyar a su pueblo que no acepta la esta empresa en el territorio del departamento de Santa Rosa.

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla confirmó que fueron guardias de la empresa quienes dispararon. Sin embargo justificó la agresión y los disparos, criminalizando a la gente diciendo que ésta quiso entrar por la fuerza. Negó que las balas fueran con arma de fuego cuando el informe médico hospitalario decía lo contrario.

Algunas de las personas que sufrieron el atentado, valientemente acudieron al Ministerio Público acompañados del abogado Rafael Maldonado y Yuri Mellini de CALAS, para poner una denuncia sobre lo ocurrido y dijeron:

“La persona que nos disparó fue Alberto Rotondo, que es chileno, él se metió la mano y sacó el arma y disparó… yo no creo que sea una mentira es una realidad que estamos viviendo en carne propia, uno se da cuenta las formas de cómo son.

"Dicen que no se mantiene policía Nacional Civil pero sí se mantiene dentro de la minera, hay que hablar la verdad, y ahora dicen que nosotros nos queríamos entrar.”

30 de abril A pesar de esta agresión de la empresa y del irrespeto a la voluntad de la población del gobierno, varias unidades de la Policía Nacional Civil llegaron esta mañana a reprimir a las comunidades, para desalojar la manifestación pacífica que se llevan a cabo a partir de principios de mes.

Están culpando a los líderes del parlamento Xinca de secuestro y hasta de asesinato para poder desalojar y romper con una organización comunitaria ancestral que vela por el cuidado de la vida.

Empieza la criminalización y el discurso que justifica el uso de la violencia por parte del Estado evidentemente para proteger los intereses de las empresas.

El gobierno ahora está evaluando imponer un Estado de Excepción en municipios como Xalapán, intentando repetir sus maniobras conocidas para causas terror, minimizar la lucha por la vida de la población que se niega a empresas que les causarán daños e imponer a estas últimas su para beneficio económico.

San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Guardias de seguridad de la mina San Rafael, propiedad del Grupo Macro – Tahoe Resources Inc., protagonizaron un atentado armado contra la Resistencia Pacifica “El Escobal” el sábado 27 de abril de 2013. Los guardias de seguridad abrieron fuego en contra de 8 comunitarios que defienden la vida y el territorio frente a las agresiones de la mina, hiriendo gravemente en el rostro a un joven de 19 años de edad y a siete comunitarios más.(1)<http://comunitariapress.blogspot.com/2013/04/atentado-armado-contra-pobladores-de-la.html>

Durante la conferencia de Prensa realizada en la recepción de atención a la víctima en el Ministerio Público en Guatemala, cuatro de los comunitarios atacados por el personal de la Minera de San Rafael Las Flores, eran revisados por el INACIF.

Yuri Melini representante de CALAS informó:“Seis comunitarios tuvieron que ser revisados en el Hospital de Cuilapa y el Hospital Roosevelt, uno de ellos permanece en un estado delicado.

Queremos Denunciar Públicamente que la responsable de las agresiones es la compañía minera, San Rafael y su subsidiaria internacional Tahoe Resources Inc, ellos son responsables directos y la comunidad y los agredidos han identificado a una persona que dio la orden.
Las declaraciones del Sr. Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla son irresponsables y espurias, cuando en conferencia ha dicho que fueron agresiones donde la población primero estaba internándose en el área, segundo que eran balas de gotcha, una bala de gotcha no va atravesar una bota de cuero, va romper dos falanges, no va destruir un carrillo, tres molares y la pérdida de labio en uno de los compañeros.

Sabemos que hubo tolerancia de las fuerzas de Seguridad, se ha presentado la denuncia oficial en las oficinas de responsabilidad civil y al Ministerio Público.”

Los tres comunitarios mostraron sus heridas y dieron sus declaraciones sobre las agresiones vividas;  el licenciado Rafael Maldonado comentó:

“Se ha empezado a investigar el delito de ejecución extrajudicial, en el grado de tentativa. Tememos por la vida de los compañeros de quienes intentó la minera San Rafael asesinar.

Se tiene identificado quien fue el empleado que dio la orden de atacar y como la policía nacional secundó resguardando atrás a estos empleados de seguridad de la minera, se ha identificado por parte de las víctimas a un empleado de apellido Rotondo, a quien vieron disparando un arma de grueso calibre.”

Los comunitarios agredidos declararon:
“La persona que nos disparó fue Alberto Rotondo, que es chileno, él se metió la mano y sacó el arma y disparó… yo no creo que sea una mentira es una realidad que estamos viviendo en carne propia, uno se da cuenta las formas de cómo son.

Dicen que no se mantiene policía Nacional Civil pero si se mantiene dentro de la minera, hay que hablar la verdad, y ahora dicen que nosotros nos queríamos entrar.”
Los comunitarios comentaron, la manera en que había dado Rotondo la orden del ataque“Acabemos con las basuras”

En San Rafael las Flores ha existido una resistencia pacífica en contra de la minería y estas agresiones se suman a las detenciones ilegales de 26 comunitarios. El 29 de abril, el alcalde de San Rafael las Flores y la Minera firmaron el convenio sobre el aporte voluntario que deja como regalías un 5% destinadas a varias municipalidades de la región, esto dos días después de las agresiones cometidas por la empresa.En los hechos del 27 de abril, a las 6.30 de la tarde, varios comunitarios salieron heridos, hasta el momento uno de ellos se encuentra en estado grave.




Guatemala: Atentados a Sabana Redonda, aldea de San Rafael Las Flores.Publicado por CMI el 30 abril, 2013 




El día de ayer 29 de abril de 2013 hubo una caminata masiva en Santa Rosa en la cual inició con unas 800 personas y poco a poco se fueron sumando hasta llegar aproximadamente 2000, manifestando pacíficamente su rechazo al señor presidente y al alcalde municipal por firmar las  regalías por parte de la empresa minera, ya que les parecía una ofensa dicha negociación a espaldas del pueblo.

La marcha terminó a las 3 de la tarde y cada quien retornó a sus lugares. Luego cada quien retorno a sus hogares y más tarde se supo que la gente de Jalapa, Matagescuintla y otras comunidades se fueron sumando a la manifestación y a eso de las 8 de la noche la gente se empezó a aglomerar en el cruce de la carretera que va para la laguna de Ayarza, frente a un restaurante que se llama el Rancho Alegre en Sabana Redonda, aldea de San Rafael Las Flores.

Ahí se estaba haciendo el paro y la gente empezó a hacer su café para las personas que iban a pasar la noche. Como a eso de las 11 de la noche se escucharon unos disparos de escopeta que venían de una casa en donde estaban alquilando unos mexicanos que trabajan para la mina.

La gente permaneció tranquila porque no estaba haciendo nada, tratando de calmar a la gente que estaba disparando desde la casa donde salían los disparos. Al poco tiempo de empezar los disparos, llegó la policía a una cuadra abajo disparando y acorralando a la gente que se encontraba allí, mientras que los mineros y de la policía continuaban disparando y la gente como estaba totalmente desarmada, cada quien corrió para donde podía, mientras continuaban disparando.

Los disparos duraron aproximadamente una hora y en eso comenzamos a ver como salía humo del lugar, según informaciones de las comunidades afectadas los mimos mineros le prendieron fuego a los carros y a la casa que ellos alquilaban.

La policía disparaba directamente a la gente que estaba en el plantón en el lugar, luego dispararon 10 bombas lacrimógenas. La población informa que los primeros tres carros que llegaron eran carros de la mina que llevaba a agentes de la policía, los que comenzaron a disparar.

Al amanecer del día 30 de abril de 2013, regresa la misma policía a recoger los cascabillos y bombas del lugar, recogiendo toda evidencia del tiroteo que allí se dio, todo esta información es información cruzada entre testigos presenciales e información comunitaria.

Este mismo día sale comunidades desde el kilómetro 40 de Matagescuintla al kilómetro 132 en donde las comunidades xincas realizan bloqueos de carreteras a lo largo de esta ruta.

Durante la narración de estos hechos informaron que el joven García Monrroy que le disparó en el rostro el jefe de la seguridad de la mina Alberto Rotondo, falleció en el hospital en donde se encontraba bajo observación.

EL PUEBLO IXIL CLAMA Y EXIGE JUSTICIA

30 de abril 2013

Las y los pobladores de la Región Maya Ixil,  por primera vez en la historia, tenemos  la oportunidad de  ejercer nuestro derecho  a la justicia, para que las hermanas y los hermanos víctimas sobrevivientes,  puedan manifestar públicamente ante un juzgado los hechos ocurridos en contra de estos pueblos durante el período de los años 1,982 y 1,983,  en relación al Juicio por Genocidio que se desarrolla en Guatemala.

Por lo tanto manifestamos:

-          Somos población civil pacifica y  en ningún momento estamos vengando   los hechos que hemos sufrido, solamente exigimos Justicia.
-          Hemos acudido a las instancias establecidas por el Estado de Guatemala, para la celebración de un juicio.
-          Hemos agotado todos los medios que los tribunales establecen para poder celebrar un proceso judicial como el que se lleva a cabo.
-          Hemos esperado por muchos años esta oportunidad.
-          Respetamos y nos solidarizamos con el dolor de las hermanas y los hermanos que hoy manifiestan   que  sufrieron violaciones a sus derechos humanos.
Ante ello:
-          Hacemos un llamado a las personas y organizaciones que  manifiestan su inconformidad con el proceso a que se respete el derecho a la justicia de las victimas.
-          Que no se manipulen bajo engaño  las necesidades de la población  Ixil.
-          Que se le permita al tribunal finalizar el juicio, escuchando a las partes procesales para que pueda emitir su fallo.
-          Invitamos a todos y a todas las víctimas, testigos, testigas para que procedan a  buscar instancias judiciales para que su voz sea escuchada.

Manifestamos nuestro agradecimiento a las personas, comunidades, pueblos, organizaciones y la comunidad internacional que de una u otra forma animan a que el proceso judicial continúe y les pedimos que concentren sus acciones de monitoreo y verificación, acompañando a que pueda concluir el  proceso.

Solicitamos al Estado velar por  la seguridad  y  derechos   de las víctimas y testigos.

Le recordamos a la Corte de Constitucionalidad, que tiene en sus manos garantizar a las Víctimas y al pueblo IXil en general el derecho a la Justicia.

Pueblos Ixiles, Abril del 2013.


Asociación Maya Ixil - AMIKCHEE

Movimientos de Victimas integral para el Desarrollo del Norte Quiché-ASOMOVIDINQ

Asociacion de Educadores Populares Reasentados del Quiché-AEPREQ


B’OQ’OL Q’ESAL TENAM NAAB’A’
ALCALDIA INDIGENA DE NEBAJ.


Asociación Campesina para el Desarrollo Integral Nebajense-ASOCDENEB


Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia-AMIVR


Resistencia de los Pueblos Norte Quiché.


Fundación Guillermo Torriello-FGT


Asociación dónde están las niñas y los niños


Red de Mujeres Ixiles.


Asociación de Multiservicios de Desarrollo Integral-ADIM


Guatemala: Comunicado de prensa por represión San Rafael las Flores, Santa Rosa y Santa María Xalapán, Jalapa

30 abril 2013

La Marcha Indígena Campesina y Popular manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su indignación por los hechos de terror, violencia y represión emprendidos por el actual Gobierno y se solidariza con las víctimas y las luchas legítimas del Pueblo Xinka en la defensa de sus tierras y territorio.
El actual Gobierno, pese a que se han realizado 8 consultas de buena fe, las cuales han tenido un total rechazo a la exploración y la explotación minera, recientemente ha autorizado la explotación de minerales en el Municipio de San Rafael las Flores, en favor de la Empresa Minera el Escobal.

Las comunidades aledañas han ejercido su derecho a la manifestación pacífica para defender sus tierras, territorio, el agua y la vida de sus comunidades, las cuales son demandas justas y legítimas; dichas comunidades se aglutinan en el parlamento Xinka las cuales están ubicadas en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa; pese a que la manifestación ha sido en todo momento pacifica, estas han y están siendo objetos de una represión brutal y sistemática por parte del actual Gobierno, su Ministro de Gobernación y Policía Nacional Civil -PNC-.

Más recientemente en abril fueron desalojados con uso excesivo de fuerza policial, golpeando a hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, teniendo como saldo a 26 comunitarios detenidos ilegalmente por acusaciones falsas, los cuales han quedado libres por falta de méritos . Desde hace dos meses un contingente de alrededor de 80 PNC está al servicio de la empresa minera como guardias de seguridad.
Actualmente hay una incursión militar y policial de agentes de la PNC, con el argumento mediático llegan al lugar aparentemente “para contrarrestar” la extorsiones de mareros en las comunidades, pero el único fin es servir a las instalaciones de la empresa minera, culpando a los líderes del parlamento Xinka de secuestro y hasta de asesinato para poder desalojar y romper con una organización comunitaria ancestral que vela por el cuidado de la vida.

Pese a que el marco de la Marcha Indígena, Campesina y Popular desde el año pasado quedó instaurada una mesa dialogo entre el Gobierno y las comunidades Xinkas en la asumió el Gobierno tres compromisos: respetar títulos ancestrales de sus territorios, autonomía de los territorios indígenas y el respeto a las instituciones y autoridades de Santa María Xalapán, los cuales claramente se están siendo violentados por parte de las fuerzas represivas de la PNC.

Por ello exigimos:
Que pare la agresión sistemática y violenta por parte del Estado y sus fuerzas represivas encabezadas por el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, intervención que queda demostrada por múltiples acciones, tales como el reacomodo de mandos policiales para ejecutar los planes de desestabilización y terror en contra de la población, la que en todo momento se han manifestado de forma pacífica y actuado en sintonía con las leyes que garantizan y tutelan elderecho a manifestación. Todas estas acciones violentas y sistemáticas buscan la confrontación y la violencia con el fin de justificar potenciales estados de excepción, como ya ha quedado demostrado. La finalidad es beneficiar los intereses mineros sobre el bien común y la vida de las poblaciones de San Rafael las Flores y el territorio del pueblo Xinka.

Exigimos, que se detengan los hechos fascistas de algunas organizaciones afines al actual Gobierno, que lo único que propician es un clima de confrontación y el surgimiento de grupos de choque que buscan la violencia ante manifestaciones pacíficas como las que han emprendido los pueblos de san Rafael las flores.
Hacemos un llamado al Presidente de la Republica y al Ministro de Gobernación para que asuman con responsabilidad sus funciones y entiendan de una vez por todas que sus acciones no encajan en un contexto de democracia, contexto que debería favorecer la búsqueda de resolución pacífica de diferencias

Condenamos las declaraciones irresponsables, apresuradas y tendenciosas del actual Ministro de Gobernación sobre lo sucedido en territorio de Santa María Xalapán y territorios del Pueblo Xinka, las que van encaminadas a reprimir y criminalizar a lucha pacífica de hombres y mujeres, líderes y lideresas.

Exigimos que se cancelen las licencias de explotación y exploración mineral autorizadas ilegalmente por parte del ministerio de Energía y Minas y con ello el retiro de inmediato la empresa minera ya que es la causante de toda la conflictividad en los municipios de Santa María Xalapán y San Rafael las Flores y otros municipios.

Pedimos a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos que sigan de cerca los hechos acontecidos como los actos de represión que están sufriendo las comunidades Xinkas, condenando los actos y le exijan al gobierno respeta la autonomía de los pueblos.

MARCHA INDÍGENA, CAMPESINA Y POPULAR
30 de abril 2013

País: Guatemala:"El Tribunal libra una batalla contra la impunidad"

El Periódico,30 de abril 2013

Edgar Pérez, abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), querellante adhesiva en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, aporta sus percepciones sobre el proceso contra los dos militares.

¿Cómo ve el litigio de la defensa de los acusados que logró la suspensión del juicio? 

– La intención de la defensa técnica va hacia la suspensión del juicio y la anulación de todo lo actuado. Eso es evidente porque en todos los recursos plantean que no reconocen al Tribunal A de Mayor Riesgo y que está parcializado, no existe duda que lo que quieren es anular el juicio y desacreditar a los juzgadores.


Antes del juicio no se conocían casos en los que los abogados fueran expulsados, ¿qué opina de las decisiones que tomó el tribunal al respecto? 

– El tribunal está librando una batalla contra la impunidad y contra todas esas estructuras que durante décadas han promovido la impunidad. En otros países, los jueces expulsan por menos cosas a los abogados que actúan de esa forma. La ley da a los jueces esa autoridad, pero a veces los jueces y magistrados temen que sus fallos sean revertidos, pero este tribunal está marcando precedentes importantes de una lucha contra la impunidad. 


¿Por qué no se habían dado ese tipo de acciones antes de este juicio? 

– Por el temor. Hay estructuras muy poderosas con nexos fuertes que pueden mover las estructuras del sistema judicial guatemalteco y eso se ha evidenciado en muchos casos de trascendencia. Este juicio representa un parteaguas en la historia del sistema judicial para consolidar el Estado de Derecho y la independencia de los jueces.


¿No se corre el riesgo de volver a un proceso inquisitivo con ese tipo de medidas? 

– No, porque en Guatemala están claramente definidas las actuaciones de los entes que forman el sistema judicial. El juez tiene las facultades legales para pedirle a un abogado que se retire de la sala, eso en un sistema democrático es normal, pero aquí se ve raro porque ha habido temor en los jueces.


¿Cómo han tomado las víctimas toda esta “burocracia” jurídica del juicio?

– Mal. Pero algunos me han indicado que sabían que eso iba a pasar. Saben que Ríos Montt todavía tiene poder y mucha influencia, pero la gente sigue y está dispuesta incluso a volver a declarar si fuera necesario.


¿Qué significa este juicio desde la visión de las víctimas? 

- Las víctimas del Estado se ven empoderadas a pesar de todas las resoluciones, fundamentalmente porque están poniendo a disposición su historia para que sea rebatida. Para los ixiles la liberación es algo muy importante y muchos testigos después de testificar se sienten liberados de eso que han cargado por tantos años. Creo que este juicio es fundamental, no solo para las víctimas ixiles sino para todas y todos los indígenas que sufrieron la represión del Estado en ese periodo.

Guatemala:Gobierno y compañías mineras criminalizan al movimiento indígena

 Enric Llopis


Entrevista a Carmen Tacam, líder comunitaria del municipio guatemalteco de Totonicapán
Rebelion;29 de abril 2013


En el municipio de Totonicapán, cabecera del departamento con el mismo nombre y con un 98% de la población que pertenece a la etnia maya quiché, coexisten la administración estatal y el consejo comunitario indígena. La expresidenta del consejo y activista en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, Carmen Tacam, ha denunciado, en un acto organizado por CEDSALA en Valencia, la criminalización que los líderes de los movimientos sociales sufren por parte del gobierno y las compañías transnacionales, singularmente las del sector de la minería. “Terroristas”, “guerrilleros frustrados” que rechazan el “desarrollo” y pretenden perpetuarse en la pobreza, son algunas de las acusaciones. Mientras, continúa el goteo de activistas presos y asesinados.

Totonicapán, municipio en el que resides y militas, se rige por las leyes del estado de Guatemala pero, en paralelo, cuenta con una administración indígena. ¿Cómo se complementan?

Hay una relación de tensión. De reivindicación permanente por nuestra parte. El gobierno indígena surge con el objetivo de buscar el “buen vivir”, entendido como el equilibrio entre las personas, o entre éstas y la naturaleza. El municipio se divide en 48 alcaldías comunales, que eligen a la junta directiva y al presidente del Consejo de Alcaldes Comunales. El gobierno se ejerce durante un año y después se procede a una nueva elección. Además, cuenta con competencias como auditoría social (control de los servicios públicos que presta el estado); resolución de conflictos entre comunidades por los mojones de la tierra; conservación de los bosques y limpieza y gestión de los baños o termas naturales.

¿Qué proyectos desarrolla el consejo indígena en este municipio de 25.000 habitantes, dividido en 48 cantones, que tiene las tejedurías artesanales y el cultivo de la milpa (maíz) como algunas de sus principales fuentes de riqueza?

Además de las competencias que te decía, destacaría un convenio con la embajada de Noruega para la formación de líderes comunitarios, durante dos años y medio. Hay, además, otro proyecto de siete viveros para la reforestación, dentro de un plan para el cuidado de los recursos naturales. También se ha impulsado una campaña para evitar las talas de los bosques, en la que se incluyen programas de radio. Pero no hablamos de talas a gran escala. Las hemos evitado en nuestro territorio, igual que los proyectos de minería y a las transnacionales que comercializan semillas transgénicas.

El 4 de octubre de 2012 se produjo una matanza que alteró la vida de los 48 cantones…La irrupción del ejército y la policía nacional en una manifestación acabó con la muerte de seis personas

Convocamos a los vecinos de los 48 cantones para el bloqueo de cuatro carreteras. Las manifestaciones protestaban contra la reforma constitucional que plantea el presidente Otto Pérez Molina; contra la reforma para el acceso al título de maestro de educación bilingüe intercultural (de tres a cinco años); y por el conflicto que desde marzo del año pasado sosteníamos con Unión Fenosa-Deorsa-Deocsa. Habíamos informado previamente a las autoridades y disponíamos de todos los permisos. Mientras se bloqueaban las rutas, una comisión en la que yo me hallaba, se dirigió a conversar con el presidente…

¿Cuál fue la respuesta?

Salió su secretario. Nos dijo que el presidente, Otto Pérez Molina, saldría a atendernos en media hora. Pasaron cinco. Todo el tiempo manteníamos el contacto con los compañeros que bloqueaban las cuatro rutas. Nos decían que reinaba la tranquilidad. Pero a las 14,00 horas los compañeros nos llaman, y nos dicen que en el kilómetro 169-170 de la ruta Interamericana (una de las bloqueadas) han llegado efectivos de las fuerzas combinadas de la policía nacional y el ejército. Que sin mediar palabra, el ejército comenzó a disparar a los manifestantes. Entonces, los compañeros me piden que le diga al presidente que ordene el cese de los disparos. Vuelve a salir el secretario y nos comunica que no se ha dado ninguna orden de disparar.

¿Llegasteis a hablar finalmente con Otto Pérez Molina?

Sí, y nos confirmó las muertes. Pero sólo estuvo 10 minutos con nosotros. Nos negó que los disparos fueran obra de los soldados y que se hubieran dado órdenes. Esto mismo lo repitió después en una rueda de prensa. Pero miente. Todos los compañeros que estuvieron concentrados en el kilómetro 169 vieron que los tiros procedían del ejército. Pero el 5 de octubre, día siguiente de los hechos, el presidente cambió de versión. Afirmó que los militares dispararon porque se dio una provocación previa de los manifestantes. Una semana después, se produjo el arresto de ocho soldados y un coronel que estaba al mando de la tropa. Quedaron en prisión preventiva. El Ministerio Público abrió una investigación y finalmente al juez procesó a los 9 militares acusados de un delito de “ejecución extrajudicial”.

¿Os conformasteis con esta resolución?

No, exigimos que se hiciera una investigación de la cadena de mando, para aclarar las órdenes que dieron los superiores. Pero en el juicio los militares aparecieron con ocho abogados defensores, que son muchos. Esto no es lo habitual. Se inició el proceso y los abogados lograron que se cambiara el tipo penal de “ejecución extrajudicial” por el de “homicidio en riña multitudinaria”. Así, lograron su objetivo. Impedir que se investigara la cadena de mando y proteger al presidente del Gobierno. Esto ocurrió hace 20 días. La semana pasada, el Ministerio Público y los abogados querellantes presentaron un recurso contra el cambio de tipo delictivo.

Hace tiempo que las transnacionales desembarcaron en Guatemala. Te referías a un conflicto con Unión Fenosa que os llevó, entre otros motivos, al corte de rutas…

En el año 2010, Unión Fenosa cedió en arrendamiento mil lámparas de alumbrado público al alcalde municipal. Nuestro objetivo era lograr un ahorro en los costes de la energía eléctrica durante los dos años por los que se firmó el contrato. En marzo de 2012, al finalizar el compromiso, nos comunican, para nuestra sorpresa, que tenemos una gran deuda con la empresa. Preguntamos el porqué y nos negamos a pagar. Hay muchas razones. Unión Fenosa compraba la energía a la empresa estatal INDE y nos vendía el kilovatio-hora a un precio muy superior. Además, buena parte de las mil lámparas se quemaron muy pronto y dejaron de funcionar. Los vecinos tuvimos que comprar lámparas nuevas porque no las repararon. Tampoco se quisieron reunir con nosotros para resolver el problema.

Recientemente se ha declarado la suspensión del juicio contra el expresidente Ríos Montt, uno de los responsables del genocidio que sufrió principalmente la población indígena en la década de los 80. ¿A qué intereses responde la suspensión?

A los intereses afectados por este proceso. Empezando por el poder ejecutivo y el presidente, que temen que su imagen se vea dañada a nivel nacional e internacional. Casualmente, la suspensión del proceso se produce días después que un testigo protegido del Ministerio Público implique al actual presidente en los crímenes. La imagen de Otto Pérez Molina y la de su formación, el Partido Patriota, son fundamentales para entender lo ocurrido. Días después de la declaración del testigo, el presidente visitó el municipio de Nevaj (El Quiché), uno de los más castigados por la guerra, para repartir bolsas de alimentos.

Pérez Molina ha planteado asimismo una reforma constitucional, actualmente en suspenso. ¿Qué opinas de la propuesta?

No la aceptamos sobre todo por poco inclusiva. La reforma se hace únicamente para el beneficio de las 14 familias que controlan el poder en Guatemala. Además, se fortalece al ejército. Pero en ningún caso se tiene en cuenta a las clases populares. Ni a los pueblos indígenas. Porque es cierto que el presidente habla en sus discursos del reconocimiento de la lengua y la cultura indígenas. Pero eso no es respetarnos. No se organizan consultas sobre las cuestiones que afectan a nuestra población (explotaciones mineras, tributos, etc.). Tampoco se socializan ni se someten a debate las reformas que se pretenden. Nosotros pensamos, es cierto, que en la constitución son necesarios cambios. Pero no los que plantea el presidente.

Mientras, prosigue el goteo de asesinatos (el 18 de marzo, el del líder comunitario Encarnación Marcos Ucelo) y detenciones (recientemente, la de Rubén Herrera, dirigente de la Asamblea de Huehuetenango por la defensa de los recursos naturales). ¿A quién señaláis como responsables?

Es una forma de represión de las compañías mineras, que se quieren apropiar de nuestras tierras y recursos naturales con el apoyo del gobierno. Los proyectos de estas empresas ni siquiera cuentan con planes de mitigación ambiental. Nosotros consideramos fundamental la relación con la naturaleza desde nuestra cosmovisión de pueblo indígena. Hasta el punto de defender el territorio con nuestras propias vidas. Por eso personas que están al frente de las luchas son secuestrados y asesinados.

¿Se está produciendo una criminalización del movimiento indígena?

Portavoces gubernamentales tachan de “terroristas” y “guerrilleros frustrados” a los líderes indígenas. Lanzan campañas en las que se dice que no quieren el “desarrollo” del país, que pretenden “desestabilizar” el estado y vivir en la pobreza. Por supuesto, no nos creemos este discurso. Se trata de líderes electos mediante asambleas y a los que conocemos muy bien.

Por último, ¿continuáis reivindicando los Acuerdos de Paz de 1996?

Los acuerdos se han convertido en poco más que en un “legajo” de papeles con muchas firmas en los que, teóricamente, se asumen compromisos, pero que en la práctica no se han cumplido. Además, ya nadie se acuerda de ellos. Me refiero a puntos como el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado o el acceso a la tierra. Ahora bien, continuamos reivindicando estos acuerdos. El estado no se preocupa por el bienestar de los pueblos indígenas que, si sobreviven, es por sus propios medios, porque se aseguran los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, autoorganización de las ciudades). De hecho, la mayoría de los veces los programas sociales son otra forma de paternalismo.

Guatemala: Debate oral contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez se reinicia mañana

29 de abril 2013
Tribunal A de Mayor Riesgo convoca a las partes a partir de la 8:30 horas en Sala de Vistas de la CSJ.

Gerson Ortiz / Tulio Juárez
El Periódico   

El proceso penal en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y delitoscontra deberes de la humanidad, será reiniciado mañana a partir de las 8:30horas en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

 El Tribunal A  de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios,  está procediendo a notificar a las partes, entre ellas el Ministerio Público, abogados defensores y los querellantes adhesivos CALDH y AJR.

 Los dos militares son enjuiciados por el MP que los indica de dichos delitos de lsa humanidad. Según los registros históricos que obran en autos, en el Triángulo Ixil fueron masacrados más de 1 mil 770 personas, entre hombres, mujeres y niños.

 Los episodios de las masacres se remotan a la época en que Ríos Montt era Jefe de Gobierno de facto, tras el golpe de Estado del 23 demarzo de 1982 contra Romeo Lucas García. El general Rodríguez era su director de inteligencia.

Guatemala: Comunicado del CPO29 abril 2013


El Consejo de Pueblos de Occidente en conferencia de prensa da a conocer la gran preocupación que existe tras la persecución que se agudiza día a día en contra de los pueblos indígenas y como tras los pactos políticos del actual gobierno con empresas transnacionales y nacionales se está criminalizando, secuestrando y asesinando a líderes comunitarios. Por lo que en conferencia de prensa manifestaron lo siguiente:

 El Gobierno de Otto Pérez Molina con el afán de complacer los intereses de las empresas extranjeras y la oligarquía nacional, ha Implementado una estrategia contrainsurgente contra la manifestación pacífica de los pueblos, una campaña de deslegitimación y descalificación; agudizando y justificando la criminalización de las luchas sociales, represión e intimidación, persecución legal y política contra los pueblos y defensores de Derechos Humanos, como ha sido el caso de la masacre de los hermanos kiches de Totonicapán en octubre de 2012, el secuestro, asesinato y atentado contra las autoridades del Pueblo Xinca, la represión contra nuestros hermanos de San José del Golfo y San Rafael las Flores, el hostigamiento e intimidación contra nuestros hermanos de Barillas y San Juan Sacatepéquez, y más recientemente el caso del compañero Rubén Herrera, preso político desde el 15 de marzo y el secuestro y asesinato de nuestro hermano Daniel Pedro el 07 de abril del presente año.

 En tan solo un año y medio del gobierno de Otto Pérez Molina, la situación económica de los guatemaltecos y guatemaltecas ha empeorado, la imposición de una reforma fiscal que ha venido a complicar la vida de la población más empobrecida, el cobro excesivo de la energía eléctrica, el incremento del costo de la carne, el azúcar, de la canasta básica en general, mantiene a la población es condiciones difíciles.

 Por lo anterior el Consejo de Pueblos de Occidente -CPO- CONVOCAMOS a todos los pueblos, organizaciones sociales, a los medios de comunicación alternativa, a todo el pueblo en general a participar en la movilización pacífica que se realizara en la ciudad de Huehuetenango Este miércoles primero de mayo.

 Nuestras Demandas:

 • Terminar la criminalización de las luchas sociales, persecución legal y política en contra de los defensores de Derechos Humanos; exigimos libertad pronta a nuestro compañero Rubén Herrera, preso político por el caso Barillas.

 • Demandamos el esclarecimiento y justicia por el secuestro y asesinato de nuestro hermano Q 'anjob'al Daniel Pedro de Santa Eulalia.

 • Exigimos justicia por la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, nuestra solidaridad con nuestros hermanos Ixiles.

 • Exigimos respeto a la libre determinación de nuestros pueblos manifestados en las consultas Comunitarias de Buena Fe; donde más de un millón de personas hemos rechazado la minería y los megaproyectos en nuestros territorios.

 • La cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras en nuestros territorios, por ilegales y ser nocivas para la vida de nuestros pueblos; 

 • Pedimos un alto al encarecimiento de la canasta básica,

 LLAMAMOS a todo el pueblo indignado a participar y exigir nuestras demandas durante el recorrido de la marcha el 1 de mayo de 2013, sobre la calzada K'aibil B'alam, desde las Vegas hasta el parque central de la ciudad de Huehuetenango. 

 Que nadie se quede atrás, que todos se levanten, que amanezca y que venga la aurora.

Corte Suprema de EEUU: Impunidad para siempre
Por Gaby Weber

Cubadebate/Argenpress

El 17 de Abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión trascendental que tendrá como resultado que en el futuro va a ser imposible responsabilizar a las empresas multinacionales por sus crímenes.

Ese día, los jueces superiores emitieron en Washington DC una sentencia sobre la pregunta de si el Alien Tort Statute (ATS) es aplicable a las empresas o sólo a individuos. El ATS fue aprobada en el 1789 por el Congreso de los Estados Unidos y está en vigencia. Ofrece a los extranjeros el derecho de recurrir a los tribunales de Estados Unidos cuando se viola el derecho internacional. Era necesario en aquella época porque casos como el de la piratería no podían ser procesados en los países de origen de los delincuentes, ya que estos “estados fallidos” los protegían, Bahamas, Cuba, Islas Caimán etc. En los siglos siguientes, hicieron acuerdos internacionales y el ATS quedó olvidado hasta que fue descubierto nuevamente por el movimiento de derechos humanos en contra de los torturadores sudamericanos quienes, después de las leyes de amnistía, quedaron sin castigo en sus países de origen. Hubo varias sentencias en los Estados Unidos contra torturadores y este procedimiento basado en el ATS no es el objeto del debate actual.

En Abril, en la Corte Suprema de Justicia se discutía si el ATS se aplicaría a las empresas multinacionales con sede en el extranjero, porque las empresas estadounidenses (al menos por ahora) siempre podían ser procesadas en los tribunales de Estados Unidos. Aunque esto en la realidad significa una clara desventaja competitiva para la industria de Estados Unidos, la solidaridad de la clase era más fuerte.

De acuerdo con la opinión de la mayoría de los 9 jueces de la Corte Suprema, el ATS no se debe aplicar a las multinacionales, a fin de no obstaculizar el comercio internacional. Esto es para prevenir que cualquier juez provincial tome un caso por demandas millonarias contra una empresa extranjera que tendría que ser juzgado en el país de origen, donde la empresa tiene la sede o donde los hechos ocurrieron. De esa manera, un juez podría apropiarse derechos ejecutivos que no le corresponden y crear un conflicto entre los dos gobiernos. Dicen que con la palanca de un juicio contra una multinacional no se debe hacer política exterior. Además, el ATS se hizo hace más de 200 años atrás para combatir la piratería. Según los jueces, la piratería pasó en alta mar, en un lugar internacional en un vacío legal y juzgando a los piratas no dará lugar a conflictos bilaterales porque no habrá interferencia con los derechos soberanos de otro Estado (“and therefore carries less direct foreign policy consequences”).

En el caso concreto, unos demandantes, entre ellos la viuda Kiobel, de Nigeria habían abierto una causa en contra la Shell Royal Dutch Petroleum Company por haber participado en escuadrones de la muerte y la tortura en el país africano. La corte de apelaciones en Nueva York había negado la apertura del procedimiento. Por eso, los demandantes apelaron ante la Corte Suprema. Allá, se llevó a cabo una verdadera “batalla amicus”, grupos de los derechos humanos, ecologistas, colegios de abogados y universidades de todo el mundo escribieron cartas de apoyo con su visión, las llamadas “amicus curiae”, en los cuales señalaban la necesidad de abrir este tipo de juicios en los tribunales de Estados Unidos. Los tribunales de los países donde estos crímenes tuvieron lugar fueron no están en condiciones de confrontar un pleito semejante, sus gobiernos nacionales están chantajeados o comprados. El gobierno federal alemán había amenazado con un escrito amicus en febrero de 2012 con el deterioro de las relaciones diplomáticas si los tribunales estadounidenses siguen ampliando su jurisdicción a empresas extranjeras: “La República Federal de Alemania considera qué ejercer jurisdicción en Estados Unidos contra empresas alemana sería contraria al derecho internacional y crearía un riesgo sustancial de los conflictos de competencia con otros países (“The Federal Republic of Germany believes that overbroad exercises of jurisdiction are contrary to international law and create a substantial risk of jurisdictional conflicts with other countries.”). Con eso, Angela Merkel dejó claro otra vez que los derechos humanos no tienen ninguna importancia frente al afán de maximizar las ganancias corporativas.

Como el gobierno alemán, también el Instituto CATO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y de una serie de bancos y compañías mineras ejercieron presión a través de sus escritos amicus ante el tribunal.

Algunos magistrados de la Suprema Corte, la minoría, tenían una opinión diferente. Escriben en la sentencia que la piratería del siglo 18 no tuvo lugar en un vacío legal, ya que los piratas habían navegado bajo bandera de un Estado; y el juzgamiento de estos piratas extranjeros también en aquella época cuando se hizo la ley trajo conflictos diplomáticos con otros gobiernos que protegían los piratas. Pero, la persecución de estos delitos era en aquel entonces como también hoy más importante que evitar conflictos diplomáticos con los Estados que no ponen los derechos humanos en primer lugar. “¿Quiénes son los piratas de hoy en día?” -preguntaron los jueces de minoría-.

Para el movimiento internacional de derechos humanos, la sentencia del Tribunal Supremo es un golpe duro, porque en los últimos años, los tribunales de Estados Unidos eran la última esperanza para las victimas de investigar y juzgar a las violaciones de los derechos fundamentales, por lo menos a través de un juicio civil. Hoy en día, no se sabe como estos juicios van a seguir o terminan ahí. La sentencia del 17 de Abril deja alguna interpretación en algunos puntos. Por ejemplo, parece que la sentencia en la causa Kiobel dejó una puerta trasera abierta. Se dice en la página 4: “Los tribunales federales podrán reconocer las reclamaciones privadas en virtud del derecho común federal.” (“Federal Courts may recognize private claims under federal common law”.)

El abogado Terry Collingsworth en Washington se va a basar en estas palabras para seguir el juicio en la causa Mercedes-Benz Argentina (MBA). Representa a los sobrevivientes y a los familiares de MBA. Durante la dictadura militar desaparecieron 14 obreros en Mercedes-Benz Argentina, tres sobrevivieron a las torturas. Collingsworth presentó un juicio civil en 2004 en San Francisco contra la Daimler AG, basándose en el ATS, la Convención contra la Tortura y la ley federal de California. Y finalmente, en noviembre de 2011, la Corte de Apelaciones de California del Norte ha afirmado la competencia geográfica. Si una empresa hace tan grandes ganancias en California, entonces tendría que responder ante los tribunales del estado. Y los jueces de California se interesan por sus propias leyes (“Ley Federal”) si la empresa en cuestión había denunciado a la dictadura a sus obreros como terroristas y si colaboraron en la apropiación de los bebes de los campos de tortura. En el 2011, Daimler había presentado un recurso de apelación contra dicha sentencia y solicitó una “en banc” audiencia. Del total de 12 jueces solo uno dijo que se puede escuchar a la empresa otra vez. Su solicitud fue rechazada con palabras duras.

Si la Corte de Apelaciones en California se deja sacar su competencia geográfica por la última sentencia del Tribunal Supremo – hay que ver. No va a ser fácil-. Pero, por las dudas, el Tribunal Supremo en Washington, anunció el lunes de esta semana, a petición de la Daimler AG, de examinar el caso de los desaparecidos sindicalistas argentinos en un juicio separado. En octubre, la primera audiencia se llevará a cabo. La prensa va a estar presente y este caso se va a conocer en todo el mundo.

En la causa Kiobel/ Nigeria, el gobierno argentino había presentado con un propio amicus para destacar la importancia de la apertura del juicio para los derechos humanos. Después de las dictaduras en América Latina, el procedimiento en los Estados Unidos ha sido muy útil, escribió. Es decir, el gobierno de Kirchner asumió por tanto claramente que la compañía petrolera británica Royal Dutch Shell en Nigeria difícilmente sería juzgada por sus crímenes. Ahora, el gobierno argentino vuelve a tener la oportunidad de escribir una carta amicus, esta vez para el juicio de la alemana Daimler AG -cuya complicidad con los militares argentinos todavía no se ha condenado por un tribunal argentino, a pesar de una serie de denuncias pendientes desde el año 2002-.

Pero recientemente, la Daimler ha anunciado junto con Cristina Kirchner el lanzamiento de una nueva inversión en la localidad de González Catán (provincia de Buenos Aires) por un monto de 800 millones de pesos. Las familias de los desaparecidos de Mercedes-Benz quieren preguntar a la presidenta por qué no se cumplieron las promesas de Néstor Kirchner. En 2005, él había recibido a los familiares y anunciado una investigación exhaustiva. Cristina ha rechazado una conversación con los familiares.


 Paraguay, la regresión autoritaria  x Bernardo Coronel   

La Haine, 28 abril 2013 


Decían por ahí que un fascista es un burgués asustado. Nada más apropiado para definir lo que viene pasando en Paraguay desde el triunfo de Fernando Lugo en el 2008
  

Y que eclosionó en las elecciones del domingo pasado, que dio por ganador al ultraderechista Horacio Cartes.

Lugo, que no hizo grandes cosas durante su mandato, cometió el ignominioso pecado de dar protagonismo a la izquierda, en un país extremadamente conservador, donde hasta la propia izquierda es anticomunista. La osadía le costó muy caro al ex obispo. El simple gesto de permitir la participación de sectores largamente postergados, alertó a la burguesía más retrógrada del continente, que orquestó la matanza de Curuguaty, antesala del golpe que destituyó a Lugo en junio pasado. El principal sospechoso de estar involucrado en los hechos e impulsar el juicio político de Lugo, hoy es presidente electo del Paraguay.

El partido colorado se impuso con el 46% de los votos, y tendrá mayoría propia en la cámara de diputados. Pero, la centroizquierda consiguió siete bancas en el senado (Frente Guasú que candidató a Lugo como primer senador y Avanza País), convirtiéndose en una frágil tercera fuerza política, con el 15% de los votos. La fiesta burguesa no es completa.

Después del abreviado gobierno luguista, al Paraguay le espera cinco años de duro conservadurismo neoliberal de la mano de Horacio Cartes, un multimillonario converso a político hace apenas tres años. Este señor, que prohíbe el funcionamiento de sindicatos en sus 26 empresas, ya anunció que no habrá impuesto a la exportación ni a la renta durante su gobierno. Es decir, los agroexportadores, que desplazan al campesinado pobre del campo, y alimentan anualmente a unos 60 millones en el mundo, seguirán enriqueciéndose sin pagar tributos al país. En el proyecto cartista, el Estado se mantendrá solamente con el impuesto al valor agregado, que como se sabe paga el consumidor final. En otras palabras, los pobres seguirán subvencionando a los ricos por un lustro más.

Este periodo que se inaugura sigue siendo de acumulación de fuerzas, y la izquierda tiene la responsabilidad (y oportunidad) de construir el tercer espacio, lo cual significa acordar la unidad (FG y AP) sobre un proyecto estratégico común para las venideras elecciones, y establecer alianzas tácticas con sectores más afines en el parlamento, creando una “Bancada Progresista”, que intente contrapesar al bipartidismo, en los próximos cinco difíciles años de severo capitalismo, que proclama el nuevo gobierno.

Los votos no fueron suficientes para la izquierda, pero los cambios no sólo se hacen con votos y acuerdos intraparlamentarios, las verdaderas transformaciones se hacen justamente fuera del parlamento: en la calle.

Una tarea pendiente para una izquierda todavía muy apegada a los cánones centralistas de la capital, desde donde todo se resuelve y ordena, es ganar las calles. No tiene otra, si quiere reencausar el proceso de cambio iniciado en abril del 2008 y abortado por el golpe parlamentario, que sirvió para legitimar a un sospechoso presidente, tan sospechoso como la matanza de Curuguaty y la muerte de Lino Oviedo. 

La Haine

Excel y austeridad. Dossier

Alejandro Nadal · Paul Krugman · · · · 


Sin Permiso, 28/04/13

Este Dossier sobre algunos aspectos de rabiosa actualidad económica consta de los siguientes textos:


1) Alejandro Nadal: Reinhart y Rogoff: el descrédito en los tiempos de crisis.

2) Paul Krugman:  La solución del 1%.


Reinhart y Rogoff: el descrédito en los tiempos de crisis

Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff son economistas de la Universidad Harvard. En 2009 publicaron un libro sobre las crisis de deuda pública que abarcaba un periodo de más de 200 años y cubría varias docenas de países. El libro se hizo famoso, recibió premios y homenajes como si se tratara de una gran obra. En medio de la crisis financiera que tenía como epicentro al sector privado, el libro de Reinhart y Rogoff (de ahora en adelante RR) caía muy bien a los poderes establecidos, pues desviaba la atención hacia el excesivo endeudamiento público.

En 2010, RR publicaron un artículo intitulado Crecimiento en tiempos del endeudamiento. RR calcularon las tasas de crecimiento del PIB de una veintena de países para el periodo 1946-2009 y las compararon con los niveles de endeudamiento público. Encontraron que la tasa de crecimiento promedio oscila entre 3 y 4 por ciento cuando el endeudamiento público es inferior al 90 por ciento del PIB. En cambio, más allá de ese nivel de endeudamiento el PIB decrece a una tasa de –0.1 por ciento anual. Para RR la conclusión era clara: la máxima prioridad es reducir el endeudamiento para poder crecer.

De nuevo el artículo de RR fue citado una y mil veces para justificar la aplicación de políticas de austeridad fiscal en Estados Unidos y Europa. Ese trabajo se convirtió en el principal sustento “científico” para promover la política de consolidación fiscal en los países ya golpeados por la crisis. Y nunca es ocioso insistir en que dicha política ha tenido un terrible impacto sobre el empleo, la desigualdad y la pobreza. El costo social de RR no es despreciable.

Hace pocas semanas, tres economistas de la Universidad de Massachusetts, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin (de ahora en adelante HAP), trataron de repetir el ejercicio estadístico de RR y se toparon con varios problemas. Su análisis descubrió que Reinhart y Rogoff incurrieron en errores elementales de estadística, manipulación de datos y errores en el manejo de la hoja de cálculo del conocido programa Excel.

El estudio de HAP revela que el principal resultado de RR se alcanzó al excluir datos sobre la experiencia de Australia, Canadá y Nueva Zelanda a finales de los años cuarenta. Los datos sobre Bélgica para todo el periodo también fueron omitidos. Quizás el ejemplo de manipulación más burda corresponde al tratamiento de Nueva Zelanda e Inglaterra. Resulta que en el periodo estudiado Inglaterra tiene 19 años con endeudamiento superior al umbral de 90 por ciento, pero con crecimiento del PIB de 2.4 por ciento. Por otra parte Nueva Zelanda tiene un año de alto endeudamiento (1951) en el que su economía sufre una caída de -7.6 por ciento. Los 19 años de Inglaterra (con alto endeudamiento y crecimiento positivo) y el año de Nueva Zelanda (con alto endeudamiento y caída en el PIB) fueron promediados como si tuvieran el mismo peso. Esa forma de ponderar es evidentemente tramposa, a falta de otro calificativo.

En síntesis, utilizando la misma base de datos de RR, cuando se corrigen estos problemas se llega al resultado de que para los países con endeudamiento por arriba de 90 por ciento del PIB la tasa de crecimiento es positiva (2.2 por ciento) en lugar de negativa (-0.1 por ciento) como alegan RR. En síntesis, los datos de RR corregidos indican que la tasa de crecimiento para países con alto endeudamiento es ligeramente inferior a la que corresponde a países con menores niveles de endeudamiento.

El problema no está solamente en los errores aritméticos y manipulación de datos identificados por HAP. Ya de entrada la base teórica de la investigación de Reinhart y Rogoff es una zona de desastre. Su libro de 2009 es un amplio catálogo de errores y descuidos. Se dejan de lado regímenes distintos de creación monetaria, de tipos de cambio, se agrega deuda en divisas extranjeras y monedas nacionales y se falla al no distinguir cuidadosamente la deuda soberana de la privada. Las observaciones año-país del artículo de RR para 1946-2009 también dejan mucho que desear en términos analíticos.

Quizás el principal defecto de Reinhart y Rogoff es su visión simplista sobre el vínculo de causalidad entre endeudamiento y crecimiento. RR han promovido de manera explícita y en múltiples ocasiones la idea de que el endeudamiento es la causa del lento crecimiento. Nunca han dedicado su atención a la posibilidad de que la causalidad siga el camino inverso: es decir, que un lento crecimiento sea el origen de un mayor endeudamiento. Esto tiene bases analíticas importantes, además de numerosos ejemplos empíricos. Por ejemplo, el coeficiente deuda/PIB de Japón es el más alto del mundo y fue provocado por dos décadas de crecimiento mediocre.

No es correcto aventurar conjeturas sobre las intenciones de Reinhart y Rogoff. Hoy han respondido aceptando algunos de sus errores, pero insisten en que la crítica no cambia sus resultados principales. Lo que sí podemos observar es que se han hundido cada vez más en el pantano del descrédito.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso



http://www.jornada.unam.mx/2013/04/24/opinion/030a1eco


La solución del 1%



Los debates económicos rara vez terminan con un KO técnico. Pero el gran debate político de los últimos años entre los keynesianos, que abogan por mantener y, de hecho, aumentar el gasto público durante una depresión, y los austerianos, que exigen recortes inmediatos del gasto, se acerca a ello, al menos en el mundo de las ideas. En estos momentos, la postura austeriana ha caído por su propio peso; no solo es que sus predicciones sobre el mundo real fuesen completamente erróneas, sino que la investigación académica que se invocaba para respaldar esa postura ha resultado estar plagada de equivocaciones, omisiones y estadísticas dudosas.

Aun así, sigue habiendo dos grandes preguntas. La primera: ¿cómo llegó la doctrina de la austeridad a ser tan influyente en un primer momento? Y la segunda: ¿cambiarán en algo las políticas ahora que las principales afirmaciones austerianas se han convertido en carnaza para los programas de humor de madrugada?

Sobre la primera pregunta: la preponderancia de los austerianos en los círculos influyentes debería inquietar a cualquiera a quien le guste creer que la política se basa en hechos reales o, incluso, que está muy influida por ellos. Después de todo, los dos principales estudios que ofrecen la supuesta justificación intelectual de la austeridad —el de Alberto Alesina y Silvia Ardagna sobre la “austeridad expansiva” y el de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff sobre el peligroso “umbral” de la deuda, situado en el 90% del PIB— tuvieron que enfrentarse a críticas devastadoras nada más publicarse.

Y los estudios no resistieron un análisis pormenorizado. Hacia finales de 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) refundió el estudio de Alesina y Ardagna con datos mejores e invalidó sus hallazgos, mientras que muchos economistas plantearon dudas fundamentales sobre el de Reinhart y Rogoff mucho antes de que conociésemos el famoso error de Excel. Por otra parte, los acontecimientos del mundo real —el estancamiento en Irlanda, que fue el primer modelo de austeridad, la caída de los tipos de interés en Estados Unidos, que se suponía que iba a enfrentarse a una crisis fiscal inminente— rápidamente convirtieron las predicciones austerianas en sandeces.

Sin embargo, la austeridad mantuvo e incluso reforzó su dominio sobre la opinión de la élite. ¿Por qué?

Parte de la respuesta seguramente resida en el deseo generalizado de ver la economía como una obra que ensalza la moral y las virtudes, de convertirla en un cuento sobre el exceso y sus consecuencias. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuenta la historia, y ahora estamos pagando el precio inevitable. Los economistas pueden explicar hasta la saciedad que esto es un error, que la razón por la que tenemos un paro tan elevado no es que gastásemos demasiado en el pasado, sino que estamos gastando demasiado poco ahora y que este problema puede y debería resolverse. Da igual; muchas personas tienen el sentimiento visceral de que hemos pecado y debemos buscar la redención mediante el sufrimiento (y ni los argumentos económicos ni la observación de que la gente que ahora sufre no es en absoluto la misma que pecó durante los años de la burbuja sirven de mucho).

Pero no se trata solo del enfrentamiento entre la emoción y la lógica. No es posible entender la influencia de la doctrina de la austeridad sin hablar sobre las clases y la desigualdad.

A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente de la política económica? Resulta que la respuesta depende de a quién preguntemos, una cuestión documentada en un reciente artículo de investigación de los politólogos Benjamin Page, Larry Bartels y Jason Seawright. El artículo compara las preferencias políticas de los estadounidenses corrientes con las de los muy ricos y los resultados son reveladores.

Así, al estadounidense medio le preocupan un poco los déficits presupuestarios, lo cual no es ninguna sorpresa dado el constante aluvión de historias de miedo sobre el déficit en los medios de comunicación, pero los ricos, en su inmensa mayoría, consideran que el déficit es el problema más importante al que nos enfrentamos. ¿Y cómo debería reducirse el déficit presupuestario? Los ricos están a favor de recortar el gasto federal en asistencia sanitaria y la Seguridad Social —es decir, en “derechos a prestaciones”—, mientras que los ciudadanos en general quieren realmente que aumente el gasto en esos programas.

Han captado la idea: el plan de austeridad se parece mucho a la simple expresión de las preferencias de la clase superior, oculta tras una fachada de rigor académico. Lo que quiere el 1% con los ingresos más altos se convierte en lo que las ciencias económicas dicen que debemos hacer.

¿Realmente redunda en interés de los ricos una depresión prolongada? Es dudoso, dado que una economía próspera suele ser buena para casi todo el mundo. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que los años transcurridos desde que tomamos el camino de la austeridad han sido pésimos para los trabajadores, pero nada malos para los ricos, que se han beneficiado del aumento de los rentdimientos y de los precios de las acciones aun cuando el paro a largo plazo empeora. Puede que el 1% no desee realmente una economía débil, pero les está yendo lo bastante bien como para dejarse llevar por sus perjuicios.

Y esto hace que uno se pregunte hasta qué punto cambiará las cosas el hundimiento intelectual de la postura austeriana. En la medida en que tengamos una política del 1%, por el 1 % y para el 1 %, ¿no seguiremos viendo únicamente nuevas justificaciones para las viejas políticas de siempre?

Espero que no; me gustaría creer que las ideas y los hechos importan, al menos un poco. De lo contrario, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero supongo que veremos qué grado de cinismo está justificado.

Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008

http://www.caffereggio.es/2013/04/28/la-solucion-del-1-de-paul-krugman-en-negocios-de-el-pais/