Pensamiento contracorriente

Guatemala: Miguel Angel Albizures: ¡Responsabilidad empresarial!
El Periódico, 11 de septiembre 2011

A estas alturas del siglo XXI y cuando se habla de trabajo digno o decente, de justicia, de respeto y vigencia de los derechos humanos y hasta de Responsabilidad Social Empresarial que podría contribuir, a través del diálogo, a cambiar las condiciones de trabajo y de vida en que se encuentran millares de trabajadores del campo, nos encontramos que, en varias finca bananeras de El Estor, Izabal, y en otras regiones del país, con situaciones de semiesclavitud que lloran sangre y que pueden catalogarse, ya no solo de explotación y negación de derechos, sino de violencia empresarial continuada, mientras las autoridades de trabajo se siguen haciendo de la vista gorda.

 Nos referimos concretamente a la Finca El Murciélago, en El Estor, Izabal, donde no existe sindicato porque los empresarios nunca han permitido el derecho de organización y porque, como antaño, siguen negando el ejercicio de ese derecho porque eso les permite hacer y pagar lo que les viene en gana y pasar sobre la legislación laboral del país y los derechos de más de cientos de trabajadores y sus familias, al no pagarles las prestaciones de ley tales como: vacaciones, aguinaldo, bono catorce y por supuesto las indemnizaciones cuando se producen despidos injustificados.

 Viendo esa situación, el Vicariato de la Iglesia católica en Izabal, que desarrollaba el proyecto Campo a Campo en la región, lograron llegar a acuerdos con los representantes de los empresarios para la realización de cursos de formación humana y laboral en las fincas. Fue así como impartieron a varios trabajadores un Diplomado sobre derechos laborales para lo cual la empresa dio el permiso respectivo y parecía que las relaciones eran una luna de miel entre pencas de banano. El diplomado finalizó entre celebraciones y el proyecto Campo a Campo concluyó en Izabal, pero el 31 de agosto, 10 de los trabajadores que recibieron el diplomado, sin decir agua va, fueron despedidos; y el pasado 6 de septiembre, 70 trabajadores de diversas fincas aledañas, recibieron su carta de despido. Se trata de 80 familias que quedan en total desamparo, pues además de ello, continúan siendo amenazados para que no reclamen sus derechos.

 El Ministerio de Trabajo, que ya tiene toda la información al respecto, debe de actuar de inmediato, pues se trata de una flagrante violación, no solo al derecho al trabajo y de organización sindical, vedado con los despidos, sino a una serie de derechos laborales que la empresa ha incumplido. De lo contrario esperemos la condena a Guatemala de diversas organizaciones internacionales que intervendrán en este caso.