A finales del año 2014 se hizo
evidente que los poderes dominantes y los partidos Líder y Partido Patriota
(PP), estaban implementando la captura de los diferentes poderes del Estado en
un recorrido ilegal que iniciaron en los años anteriores.
1. A partir de su influencia y componendas, intervinieron y
manipularon la elección de magistrados a la Corte Suprema de
Justicia y la Corte
de Constitucionalidad, rompiendo de esta manera el orden institucional y de
legalidad. Al perderse la división e independencia entre
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se dio una flagrante violación
de la Constitución
de la República
y del Estado de Derecho. De esta anómala
manipulación de las instituciones rectoras de la justicia se desprenden
violaciones que contribuyen a reproducir y profundizar los mecanismos de
impunidad y corrupción existentes en el sector público nacional y municipal.
2. Otras instituciones rectoras de un Estado Democrático de
Derecho, como lo son Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), también fueron incluidos en las maniobras de integración
acordada entre las fuerzas que pretender dominar las decisiones de órganos que
determinan el control de los fondos públicos y de los resultados electorales.
Estas instituciones, con su actuar, están confirmando este orden de ilegalidad
propio de un golpe de estado técnico institucional; el que se pretende
legitimar con la convocatoria y celebración de elecciones el 6 de septiembre.
3. Los casos de corrupción, tráfico de influencias y
pertenencia a redes mafiosas de directivos, políticos, empresarios, jueces y
magistrados de instituciones rectoras del sistema político y económico como el
IGSS, la SAT , el
Banco de Guatemala, el Organismo Judicial y el Congreso, confirma esta
ilegalidad imperante. Esta captura de la
institucionalidad está avalada por las Cortes (CSJ y CC), al no ejercer la justicia
de forma independiente, transparente, pronta y cumplida, reproduciendo el orden
de ilegalidad vigente y la ruptura institucional.
4. Los tres poderes del Estado, violentan los derechos y se
burlan de las demandas de la ciudadanía. La propuesta de reforma a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, elaborada por la Plataforma Nacional para la
Reforma del Estado, que aglutina a más de 130 organizaciones nacionales,
presentada en sus elementos fundamentales por el TSE al Congreso, ha sido
sistemáticamente bloqueada por la clica PP-Líder. El Congreso está cooptado y
corrompido. No representa las demandas, ni la voluntad popular y legisla contra
el pueblo.
5. El clamor popular para que renuncie y sea enjuiciado el
Presidente Otto Pérez Molina fue traicionado mediante una calculada jugada
parlamentaria impulsada por Lider y el PP, con la complicidad de diputados
intencionalmente ausentes de CREO,GANA;PRI,UCN, VIVA, 4 de la UNE y 9 independientes, que evitó que se retirara la
inmunidad a OPM. Se mantiene al frente
del Estado un presidente que ha perdido toda legitimidad y que, por lo tanto,
gobierna de facto, con el repudio del pueblo.
6. El actual sistema político ha sido utilizado por la clase
dominante para aparentar una democracia republicana a todas luces inexistente.
Han prevalecido los intereses particulares y las alianzas del capital
transnacional-empresarial-militar-oligárquico, para imponer a la ciudadanía y
los pueblos un sistema económico de capitalismo neoliberal mafioso y criminal,
que vulnera sistemáticamente la mayoría de los derechos y la declaración de
principios estipulados en la actual Constitución y en el derecho internacional.
Con la imposición del proceso electoral 2015 persiguen efectuar reacomodos
desde estos poderes fácticos para imponer y profundizar este modelo.
7. El boicot a las reformas a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos LEPP, se implementa para, favorecer a los capitales mafias y
asegurar la continuidad y
profundización del modelo de acumulación por despojo, basado en el
extractivismo, la destrucción de los bienes naturales y la sobreexplotación de
la fuerza de trabajo. Son previsibles la profundización de la crisis económica
y el progresivo empobrecimiento de la población, incluidas las clases medias.
8. El CACIF por un lado desaprueba
y veta las candidaturas de los partidos
punteros Líder y UNE; tardíamente se
suma a la lucha por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; y por otro
lado, defiende el mantenimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad
cuya ruptura se hecho mas que evidente. Por primera vez en mucho tiempo, la
dirigencia del CACIF enfrenta una situación política que no puede manejar a su antojo.
En el marco de su gastado modelo de institucionalidad republicana, no tiene situados
en la contienda a los candidatos electorales que responden fielmente a sus
intereses. De nuevo, se perfilan como
punteros candidatos que no son de su agrado, los que hacen alarde de autonomía
respecto al histórico papel hegemónico del CACIF e inclusive retan y desafían
al poderío estadounidense. Existe, por tanto, una disputa del poder hegemónico
y de dominación.
Por encima de
las intenciones de la dirigencia empresarial y la intervención estadounidense,
la alianza partidaria PP-Líder-militares-mafias se mantiene y continúa con
impunidad atropellando lo que queda de la institucionalidad. Y aún así, se
alzan voces de los defensores orgánicos de la institucionalidad, demandando
“responsabilidad ciudadana”.
9. Por el lado de los
desestabilizadores que burlan a la ciudadanía, por Si no llegara a quedar
Líder, se proponen el plan B, que
consiste en profundizar la maniobra electoral del candidato sorpresa, al que
hacen figurar como preferido del electorado, mientras preparan las alianzas
para el fraude electoral de la segunda vuelta.
Con encuestas amañadas realizadas con escaso profesionalismo, buscan
imponernos a un candidato que da risa, cuya parodia encubre las ambiciones sin
límite de militares de inteligencia, retirados y en activo, muchos de ellos responsables
en los últimos treinta años de la instalación del crimen organizado, de
crímenes de lesa humanidad y genocidio, e inclusive del asesinato de Monseñor
Gerardi.
10. Durante el 2015 han seguido las componendas hegemónicas
político-partidarias, y de los poderes fácticos, para mantener el orden de
ilegalidad, continuar con la corrupción y asegurar la impunidad. A pesar de las innumerables demandas de la
población guatemalteca, estos enemigos de la ciudadanía se resisten a abandonar
sus planes de control de las instituciones del Estado. Atropellan la soberanía popular y persisten
en mantener el control de un Estado al servicio de las mafias y el poder
militar. Esto, en la práctica,
significa un golpe de estado técnico
institucional que viene implementándose gradualmente en las propias narices
de los actores políticos, económicos y sociales.
11. Las elecciones generales del 2015 que pretenden realizar,
se enmarcan en una situación de ruptura
institucional y del orden del régimen de legalidad. Adicionalmente, lo demuestra el hecho de que
a pesar de que la mayoría de los
candidatos(as) son personas que carecen de honradez, aptitudes e idoneidad, que tienen demostradas vinculaciones con redes
delincuenciales y de corrupción, fueron inscritas y avaladas ilegalmente por
las instituciones electorales, judiciales y de control del Estado. En esas condiciones, el proceso electoral
debería haberse suspendido.
12. Lo que no contaban las fuerzas que disputan la hegemonía
del poder, es que el pueblo de Guatemala, les pusiera un alto y surgiera en la
fuerza de sus demandas, la necesidad impostergable de un verdadero Estado de
Derecho y una institucionalidad que responda a los intereses generales de la
ciudadanía y los pueblos de Guatemala..
POR TODO LO ANTERIOR:
·
Nos sumamos al llamado de los pueblos,
comunidades, organizaciones y ciudadanía en general a seguir movilizándose, a
rechazar el proceso electoral impuesto, y denunciar que el Estado guatemalteco
opera hoy en absoluta ilegalidad e ilegitimidad.
·
Afirmamos que las elecciones 2015 son ilegítimas
e ilegales. Demandamos al Tribunal Supremo Electoral que declare su nulidad e
instamos a equipos de abogados que
coinciden con nuestra posición que tomen medidas jurídicas encaminadas hacia
este fin.
·
Afirmamos que la crisis del Estado y de
gobernabilidad, no se solucionará con
las reformas a las leyes. El Estado actual debe refundarse mediante una
Asamblea Social, Popular, y Plurinacional Constituyente.
·
Exigimos a la Comunidad Internacional que deje
de brindarle soportes de legitimidad al actual régimen y que respalde las
demandas de los pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanía en general
que exige una profunda reforma y refundación del sistema político y económico
del país.
·
Exhortamos a los partidos de izquierda
reconsiderar su participación en este proceso electoral, dado que en las
condiciones actuales, legitimarán un proceso que en esencia es fraudulento,
ilegal y servirá para la imposición de un modelo económico y político criminal
y destructor de la vida humana.
·
Nos pronunciamos por la unidad en la diversidad,
por los derechos de la ciudadanía y de los pueblos de Guatemala, que en estos
momentos han demostrado con su rebeldía, que el derecho al bien común está por
encima de los intereses que equivocadamente han monopolizado el poder del
Estado.
Red de Rebeldía Ciudadana
Integrante de la Asamblea Social y Popular
13 de
agosto 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario