MARIELOS MONZóN: LOGICA PERVERSA

9 de Octubre 2012
Prensa Libre

El asesinato de nueve comunitarios de Totonicapán durante una protesta social es absolutamente inadmisible. No hay nada que justifique que una movilización termine con muertos y heridos por armas de fuego, y menos aún que éstas hayan sido disparadas por efectivos de las fuerzas del Estado contra pobladores desarmados. Nada. La “obligación” de garantizar la libre locomoción no puede ser utilizada como argumento para explicar lo sucedido, y menos, cuando el saldo son nueve vidas humanas. El cumplimiento de un “deber” no puede ni debenunca implicar el incumplimiento de otro, y peor aún cuando este es la violación al derecho primario por el que se organiza el Estado, la protección y resguardo de la vida. 

A la matanza hay que agregarle el inexplicable retraso de la reunión entre la directiva de los 48 cantones y el presidente, las falsedades proferidas por las autoridades horas después de lo ocurrido: “La fuerza pública y las reservas del ejército no llevaban armas”, aseguró el ministro de Gobernación la noche del 4 de octubre. Al día siguiente tuvo que desdecirse porque resulta que sí hubo armas y que éstas sí fueron disparadas: “pero al aire”, según las nuevas declaraciones. Ahora se sabe que había 12 soldados armados, ocho que custodiaban los dos camiones donde iban los miembros de las reservas militares, tres que iban en un picop y el jefe militar del operativo. 

Información preliminar apunta a que los primeros seis cuerpos examinados tenían un solo tiro, con un orificio de entrada y uno de salida; casi imposible que hayan sido causados por disparos al aire. Las ojivas encontradas tampoco corresponden solamente a escopetas calibre 12, como se aseguró. En el lugar se encontraron “balas de 5.56 milímetros” del tipo que utilizan los fusiles galil. Aun y cuando falta conocer el informe del Inacif sobre las armas con las que fueron asesinados los campesinos, la gravedad de lo ocurrido amerita apartar de sus cargos a los funcionarios implicados.

La negación de los hechos, la prepotencia y el sarcasmo al ofrecer declaraciones, y esa manía de responsabilizar a las víctimas de lo ocurrido: “enfrentamiento tumultuario”, dijo López Bonilla, queriendo decir con eso que se mataron e hirieron entre ellos, ofenden la dignidad y la inteligencia.

Lo que vimos en Totonicapán y Sololá no es nuevo, pasó durante el desalojo de Nueva Linda y el del Polochic, porque los gobiernos cambian, pero las prácticas persisten, porque el poder sigue siendo de los mismos y los muertos los ponen los de siempre.

Esta es la crónica de una profecía anunciada, el resultado de una lógica perversa que suma: el diálogo sin sustento y como distractor, la represión como única vía para resolver la conflictividad, el racismo histórico contra pueblos indígenas y comunidades campesinas, el Estado fuerte para defender intereses privados y del gran capital, la insistencia en mezclar las tareas de seguridad y defensa —cuando ni el armamento ni el despliegue, ni la formación, ni la actitud operativa de los militares corresponde al ámbito de la seguridad ciudadana— y la estupidez del sector conservador de este país que insiste en la sangre y el plomo como método para mantener la “gobernabilidad” y el control.

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